La agroexportadora informó a sus trabajadores la imposibilidad de abonar los salarios de marzo, mientras el gremio aceitero advierte sobre posibles medidas si se confirma el incumplimiento
La empresa Vicentin SAIC comunicó formalmente a sus empleados la imposibilidad de abonar los salarios correspondientes al mes de marzo, medida que se suma al cierre temporal de sus plantas en Ricardone y Avellaneda. En un comunicado dirigido a toda su planta laboral, la compañía atribuyó esta situación a “circunstancias extraordinarias” que afectan sus operaciones desde hace varios meses, agravadas por recientes decisiones judiciales que habrían generado desconfianza en sus clientes.
“Las decisiones judiciales recientes que todos conocen han aumentado la incertidumbre entre nuestros clientes, quienes han retrasado o detenido los suministros necesarios”, explicó la empresa en el documento. Esta situación habría impactado directamente en la capacidad de cumplir con obligaciones económicas esenciales, incluyendo ahora el pago de salarios. El directorio aseguró que mantiene un “diálogo permanente” para regularizar la situación y buscar alternativas que permitan una reactivación en los plazos más cortos posibles.
Por su parte, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) manifestó su preocupación por la crisis que atraviesa la empresa desde hace casi cinco años, aunque aclaró que esperarán hasta el martes para confirmar si efectivamente no se concretan los pagos antes de tomar medidas gremiales. “El único interés es el mantenimiento de los puestos de trabajo y el pago de los salarios”, señaló el gremio en un comunicado, instando a los trabajadores a continuar con sus actividades normales mientras tanto.
La crisis se profundiza con el cierre temporal de las plantas de Avellaneda y Ricardone, decisión que la empresa justificó como necesaria para “proteger los activos” y permitir una eventual reactivación. Esta medida se produce en el marco del proceso judicial que mantiene a cuatro exdirectivos de la compañía con prisión preventiva por 120 días, acusados de asociación ilícita.
