Cuatro años después de su implementación en Santa Fe, no cumplió con los objetivos esperados. Juan Manuel Pusineri, exministro de Trabajo de Santa Fe, denunció el “rechazo sistemático” de patologías como hernias y lumbalgias
La implementación de las Comisiones Médicas en Santa Fe -creadas por la reforma macrista a la Ley de Riesgos del Trabajo- no solo no cumplió su promesa de reducir la litigiosidad laboral, sino que profundizó el conflicto. Los datos son contundentes: en 2024 los juicios crecieron un 21,5% respecto al año anterior, superando incluso los niveles previos a la reforma. Juan Manuel Pusineri, exministro de Trabajo provincial y reconocido abogado laboralista, analizó en profundidad este fracaso en diálogo con La Marca de la Almohada.
“Cuando se instalaron las Comisiones Médicas el objetivo era, por un lado, reducir la litigiosidad en materia de accidentes y enfermedades del trabajo, y que el trabajador pudiera tener una respuesta rápida, eficaz y suficiente en ese ámbito, sin tener que hacer un juicio”, recordó Pusineri. Sin embargo, la realidad demostró lo contrario: “Las estadísticas muestran que la litigiosidad en el primer tiempo, 2021 y 2022, descendió. Y a partir del año pasado, se vuelve a instalar el tema del aumento de juicios en materia de accidentes y enfermedades”.
El núcleo del problema, según el experto, radica en el tratamiento de las enfermedades laborales. “Hay un problema irresuelto básicamente con el tema de las enfermedades del trabajo. Porque determinadas enfermedades, que son las más comunes, ni las ART ni las Comisiones Médicas las reconocen como originadas en el trabajo”, explicó Pusineri. Detalló que este patrón se repite especialmente con “las dolencias columnarias, las hernias, várices y las de articulaciones”, que “tanto las ART como las Comisiones las califican equivocadamente como inculpables, es decir que no tienen relación con el trabajo o bien que no generan incapacidad”.
Este mecanismo de rechazo sistemático, pese a existir un decreto de 2014 que específicamente incluye estas patologías como enfermedades laborales cuando cumplen ciertos requisitos (como antigüedad en el puesto o tipo de tareas), obliga a los trabajadores a llevar sus reclamos a la vía judicial. “Eso no tiene razonabilidad porque en general se explica cuál es el tipo de tarea que hace el trabajador, cómo impacta en su cuerpo, pero no se atiende”, criticó Pusineri.
Frente a la propuesta del gobierno provincial de crear un Cuerpo Médico Forense para intentar regular el sistema, el exfuncionario se mostró escéptico: “Descreo que frente a un problema haya que crear más cargos en el Estado, no es razonable porque ya hay estructuras para eso”. Pusineri enfatizó que la solución pasa por hacer cumplir la normativa existente y cambiar el enfoque de las evaluaciones médicas.
El especialista rechazó de plano la teoría de la “industria del juicio” que suelen esgrimir las cámaras empresariales: “Si partís de la hipótesis que esto sucede porque los peritos, los abogados o los jueces están en una concertación delictiva o están haciendo un negocio, te vas a equivocar”. Y agregó: “¿Cuál es el argumento central para eso? ¿Por qué no hay denuncias penales o en los Colegios profesionales sobre peritos, abogados o magistrados? Eso no se refleja en ningún lado”.
Los números confirman el diagnóstico: mientras en 2020 (antes de la reforma) se iniciaron 14.657 demandas laborales, en 2022 bajaron a 8.544, pero en 2024 treparon a 16.439, según datos de la Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario. Santa Fe se convirtió así en la cuarta provincia con mayor litigiosidad laboral, siendo Rosario el epicentro del conflicto.
Pusineri remarcó una paradoja clave: “El fenómeno tiene que ver con que no existe un reconocimiento adecuado de las enfermedades laborales. En cambio, con los accidentes las Comisiones funcionan bien”. Esta distinción explica por qué el sistema fracasó en su objetivo principal: al no reconocer las enfermedades profesionales más comunes, generó más conflicto que el que pretendía resolver.
