• Tiempo de lectura:5 minutos de lectura

Analía Ratner: “El intento de privatización del Nación es un negociado para los amigos del poder”

El juez federal Alejo Ramos Padilla hizo lugar a una medida cautelar que suspende el decreto del presidente Javier Milei para convertir al Banco Nación en una Sociedad Anónima. Analía Ratner, de La Bancaria Rosario, celebró la decisión y advirtió sobre los riesgos de privatización


El juez federal Alejo Ramos Padilla ordenó este martes la suspensión del decreto del presidente Javier Milei que convertía al Banco Nación en una Sociedad Anónima, medida que era considerada un paso previo a su posible privatización. El fallo judicial, que hizo lugar a una medida cautelar, señala que el decreto excede las facultades del Poder Ejecutivo y recuerda que el Banco Nación fue excluido explícitamente de la lista de empresas a privatizar en la Ley Bases.

En su resolución, Ramos Padilla destacó que el decreto del Gobierno se basaba en el artículo 48 del DNU 70/2023, pero aclaró que este apartado “no incluyó al Banco de la Nación Argentina”. Además, el magistrado recordó que, para cambiar la condición jurídica del Banco Nación, establecida en su Carta Orgánica aprobada por Ley 21.799, “se necesita una ley del Congreso de la Nación que lo declare sujeto de tal transformación”.

El juez también cuestionó que el Poder Ejecutivo haya invocado las facultades extraordinarias delegadas por la Ley 27.742, señalando que “podría haber excedido los límites establecidos por el Congreso de la Nación al realizar la delegación de facultades”.

La decisión judicial fue celebrada por Analía Ratner, secretaria general de La Bancaria Rosario, quien en diálogo con La Marca de la Almohada afirmó: “Va en consonancia con la primera medida cautelar que se impuso sobre la transformación del banco en una sociedad anónima para una futura privatización. El gobierno nacional se ampara en la Ley Bases, pero es desde allí que se saca como una de las empresas a privatizarse el Banco Nación”.

Ratner también criticó las intenciones del Gobierno, señalando que “no existe justificación para tomar esta medida más que un negociado más para los amigos del poder”. La dirigente gremial destacó el rol estratégico del Banco Nación como herramienta financiera del Estado para llevar adelante políticas públicas, especialmente en el apoyo a las Pymes, el agro y los créditos hipotecarios.

“El Banco Nación es una entidad que tiene superávit y muestra ganancias, no precisa del aporte del Estado. Su intento de transformación en Sociedad Anónima y posterior privatización es un gran negociado”, afirmó Ratner, quien también vinculó la medida con el escándalo por la criptomoneda $LIBRA, que involucra al presidente Milei.

La dirigente gremial expresó su esperanza de que se declare la inconstitucionalidad del decreto y recordó que cualquier cambio en la condición jurídica del Banco Nación debe pasar por el Congreso. “Tiene que pasar por el Congreso de la Nación sí o sí, porque se saltearon todos los pasos y no tiene sustento”, sostuvo.

Ante la posibilidad de un revés judicial, Ratner adelantó que el gremio está llevando a cabo un plan de lucha que incluye asambleas fuera del horario laboral y acciones de protesta. “Partiendo que ellos informan mediante una comunicación interna que la intención es la privatización, nos muestra sus intenciones. El Banco Nación ha sido objeto de privatización desde que tenemos uso de razón, no es una novedad, es un negocio tentador para los amigos del poder”, concluyó.

El fallo de Ramos Padilla representa un revés para el Gobierno, que buscaba avanzar en su agenda de reformas estructurales y reducción del Estado. Sin embargo, la decisión judicial refuerza la necesidad de que cualquier cambio en el estatus del Banco Nación sea debatido y aprobado por el Congreso, tal como lo establece la ley.

Mientras tanto, el futuro del Banco Nación queda en suspenso, a la espera de que el Gobierno responda en los próximos cinco días y se defina el curso de esta disputa judicial. La medida cautelar no solo protege al Banco Nación de una posible privatización, sino que también reafirma el rol del Poder Judicial como contrapeso en un contexto de tensiones políticas y reformas controvertidas.