Lo dijo el abogado constitucionalista y docente de la UNR Oscar Manuel Blando, quien estuvo en los estudios de Radio Universidad. El especialista desmenuzó el proceso electoral que se avecina en la provincia y dio sus puntos de vista sobre las reformas a la que será sometida en forma parcial la Carta Magna santafesina que data de 1962. Minorías, consultas a distintos sectores sociales y representación entre otros temas.

Oscar Manuel Blando, es doctor en Derecho, docente en la Universidad Nacional de Rosario y fue director de Reforma Política y Constitucional de la provincia de Santa Fe durante el gobierno de Miguel Lifschitz. Es una voz autorizada para hablar de la próxima reforma constitucional en la provincia y en diálogo con La Marca de la Almohada desgranó un sinnúmero de temas vinculados a lo que se viene, que a su entender no es otra cosas que “la disputa por el contenido de la Constitución”.

“El proceso de reforma de la Constitución tiene tres momentos: el primero fue la ley de necesidad de la reforma o habilitación de los legisladores para que se reforme; el segundo momento será la elección de los convencionales constituyentes el próximo 13 de abril; y luego,  en un proceso que para mí insólitamente se delegó en el gobernador, en el plazo de un año se reunirá la Convención que es la que concretamente hará el trabajo”, explicó el especialista.

Blando explicó que “la Constitución actual establece que puede reformarse parcial o totalmente y por lo que se optó ahora en la discusión legislativa es que se haga en forma parcial, es decir que todos los artículos que están en la ley aprobada por los legisladores sean los únicos que se pueden modificar”. En ese sentido puso como ejemplo el caso del Senado de la provincia, “un viejo tema que sobrevuela cada reforma y que en esta oportunidad no se habilitó la posibilidad de eliminarlo para hablar de unicameralidad como así tampoco se habilitó la discusión de que haya sólo un representante por cada departamento de la provincia en la Cámara alta y entonces seguirá siendo una representación uninominal que impide la proporcionalidad de la representación expresada en las urnas de cada departamento”.

En ese marco, el abogado constitucionalista dijo que “cuando se elige sólo un senador no hay cupo, no hay paridad y se desfavorece a las minorías o a las mujeres, por ejemplo. Así fue que en la última elección se eligieron 19 hombres y sólo alguna vez hubo una mujer porque pidió licencia quien había sido elegido o, en el caso de Alejandra Rodenas, porque fue elegida vicegobernadora y como tal asumió la presidencia del Senado. Hoy hay muchas legisladoras que hablan de paridad, de género, pero no hicieron nada para cambiar los artículos de la Constitución que le quitan representatividad”.

Blando se mostró partidario de haber habilitado “la discusión de la unicameralidad. En un momento donde hay crisis de representación, discutir a quiénes representan los partidos o quiénes son los candidatos sería interesante”. Y agregó que “en la Constitución más progresista que tuvo la provincia, que fue la de 1921, Santa Fe y Rosario tenían una mayor representación en el Senado por la cantidad de habitantes que tenían y que todavía tienen. Por eso, para ser elegido senador por el departamento La Capital o Rosario se necesitan muchos más votos que en Garay o Vera. Por eso soy partidario de elegir por las cinco regiones en las que está dividida la provincia y no por los departamentos que se crearon en 1919”.

Como un docente frente a la clase, Blando dijo que la Constitución “tiene una parte dogmática que incluye derechos, libertades, garantías, participación; y otra parte que tiene que ver con la organización del poder, es decir Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Y se han habilitado más de 40 artículos que hacen a esas dos partes, es decir que será una reforma amplia”. Y amplió: “Primero me parece que hay que adaptar derechos, garantías y libertades que están atrasados en relación a la Constitución Nacional de 1994 que, por ejemplo, sostiene que las provincias deben garantizar las autonomías municipales en cinco aspectos: constitucional, económica, financiera, administrativa y política. Algo que es muy importante ya que habilita la posibilidad de que cada municipio se dicte su propia Carta Orgánica como Rosario lo hizo en 1934. Ahora también se habilita esto pero insólitamente no elegirá el pueblo a quienes dicten esa Carta sino los concejales que estén en las bancas para ese momento”.

Otro tema que se menciona es la reelección indefinida de los legisladores provinciales, los concejales municipales o comisiones comunales y del propio gobernador que está la posibilidad de que sea reelecto, habrá que ver si eso es inmediato o no. También se discutirán los privilegios o inmunidades de los legisladores; las formas de control como la figura del Defensor del Pueblo; la incorporación de muchos derechos como diversidad, identidad u otros que ya están en la Constitución Nacional que establece pisos pero no techos para esas discusiones como son el cupo femenino en las listas de candidatos, o la forma de participación como las consultas populares, la incorporación como bienes sociales de algunas cuestiones como los medicamentos, el tema de la Caja de Jubilaciones como transferible o no, y tantos otros temas.

“Yo he sido crítico de este proceso porque no se consultó a la sociedad primero”, dijo Blando. Y recordó que “desde 2016 a 2018 fui director de Reforma Política y Constitucional de la provincia y me reuní con gremios, universidades, pueblos originarios, colegios profesionales y otras tantas organizaciones para saber qué querían incluir en una posible reforma constitucional que no prosperó y que deben ser tenidos en cuenta a la hora de hacer la reforma. Pero ahora se hizo a la inversa. Se aprobó la necesidad de la reforma sin consultar a la sociedad. Espero que a partir de ahora, que se dará un debate público de campaña, se abran instancia de participación ciudadana para saber que se quiere y que no se quiere cambiar”.

Otro de los temas importantes que para Blando no se debería cambiar es la igualdad ante la ley ya que “nuestra Constitución en el artículo 8 expresa claramente que todos somos iguales ante la ley pero incumbe al Estado remover los obstáculos económicos y sociales que limitando de hecho la igualdad y la libertad impiden el libre desarrollo de la persona. Es decir que habla de la desigualdad estructural que tiene la sociedad y que es el Estado quien debe proteger a aquellos que menos posibilidades tienen de expresarse como los pueblos originarios, los pobres, las minorías”. Pero ante ello, manifestó que “todos hablan de que vamos a tener una Constitución más moderna, más progresista, pero acá el pueblo va a votar constitucionales con distintas formas de ver el futuro y el Estado que queremos tener. No todos tienen la misma visión, hay posiciones distintas y proyectos políticos diferentes sobre los derechos, las garantías, la protesta social y tantos otros temas que se deberán discutir. Es el contenido de la Constitución está en disputa”.

El 13 de abril, cuando los rosarinos acudan a las urnas, se encontraran con tres boletas únicas de papel: una para elegir en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) a los concejales; una para elegir a los 50 convencionales por la provincia como distrito único y una más para elegir el representante a la constituyente por el departamento Rosario. “¿Y por qué no elegimos a los convencionales mediante PASO?”, se preguntó Blando antes de responderse: “Porque hubo especulación electoral y es una contradicción del gobierno”.

Respecto a quiénes pueden ser convencionales constituyentes, Blando remarcó que “sólo hay tres abogados constitucionalistas entre todos los candidatos, también hay varios abogados y es natural porque se discuten leyes, pero no es condición obligatoria ser un especialista en la temática para acceder a una banca de constituyente y esto tiene que ver con que se han privilegiado otras cosas como la gestión de gobierno”. Sin embargo, sostuvo que “hay gente que no tiene que ver con la política, como periodistas que nuevamente aparecen en las listas, y no hay obstáculo para que participen, pero es deseable para mí que en una reforma constitucional tenga peso gente que tenga que ver con la materia”.

El proceso de la reforma constitucional, más allá de que el gobernador determinará cuándo comienza, “durará 40 días corridos con la posibilidad de otros 20 más, es decir dos meses para una tarea ardua e importante. Y ojalá pase que incorporen la posibilidad de escuchar a los distintos sectores de la sociedad”, concluyó.