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Una ordenanza para cortar con el robo de cables y picaportes

El secretario de Gobierno municipal, Gustavo Zignago, habló en La Marca de la Almohada sobre la aprobación del Concejo que permitirá un control sobre el acopio, la trazabilidad de los materiales ferrosos y su comercialización en el mercado negro

El Concejo Municipal aprobó este jueves, luego de un pedido del Ejecutivo, una ordenanza que adhiere a una ley provincial que permite crear un registro sobre el acopio, la trazabilidad de los materiales ferrosos y su comercialización. Entre otros puntos, se facultó a la secretaría de Control y Convivencia Ciudadana para que sea autoridad de aplicación.

Gustavo Zignago, secretario de Gobierno del municipio evaluó en La Marca de la Almohada que la medida, que podrá ponerse en práctica en siete a diez hábiles, será de vital importancia para evitar el vandalismo y los robos que sufren vecinos y el propio municipio detrás del comercio ilegal de metales.

“Es una herramienta que viene a sumar sobre una actividad que tiene sus características, pero que esencialmente en el último tiempo es parte de la comercialización de material no ferroso y que la gente padece con el robo de los picaportes, de los cables y de material de bronce. Este instrumento que crea la ley provincial, que es el registro para el control de los locales que realizan actividades con metales, se convertirá en un instrumento de mejor y mayor control”, evaluó el funcionario.

“Hoy en día la actividad está regida como una simple actividad comercial, por los principios generales del Código Civil, que es el de la tenencia de cosa mueble. La propiedad de las cosas muebles se acredita por la buena fe. La crisis a la que está sometida el país y los hechos de vandalismo y robo que se suceden en la ciudad, en el resto del país y en varios países del continente para apropiarse de cobre, esencialmente para ser fundidos y revendidos, se ha convertido en una crisis que este instrumento tiene la pretensión de mejorar en el control de legalidad de la actividad”, explicó.

“Creemos que en no más de 20 días estará en ejercicio efectivo la obligación de llevar adelante un libro que va a estar rubricado por el municipio, y foliado, donde además de los datos personales de los titulares de los comercios, tiene que tener una línea de trazabilidad sobre las operaciones comerciales. Este detalle de la existencia de un libro, con veracidad sobre lo que se registra, más el detalle de las operaciones, más la inspección de los agentes de control y de la policía, porque así lo habilita la ley, va a permitir sacar conclusiones que incluso pueden llevar no solo a la clausura del establecimiento, sino también la posibilidad de una denuncia penal y una investigación concreta por parte de los fiscales de la ciudad”, abundó Zignago.

El secretario de Gobierno puntualizó que en el último tiempo registraron lugares sobre los que existían quince clausuras y donde se halló incluso material del Estado municipal o de alguna empresa prestadora de servicio que no estaban a la venta. “Esas circunstancias nos permiten llevar adelante alguna tarea, pero hay que avanzar sobre cuestiones que puedan estar a la vista. Ahora las operaciones tienen que estar registradas”, insistió.

“Van a tener que explicar a quién le compró y a quién le vendió, por lo que nos va a permitir saber la trazabilidad de la operación comercial. No se va a poder amparar en que recibió de parte de un tercero y él no tenía que saber que le estaba vendiendo cosas que no están en el comercio. Esto debería acelerar investigaciones. La finalidad de esto es interrumpir el circuito ilegal de la compra y venta. En el último año la ciudad es víctima del vandalismo y el robo, no sólo de los picaportes, sino la cantidad de metros de cable”, explicó.

Sin embargo, aunque la herramienta de la ley permitirá avanzar en el control, Zignago aclaró que será fundamental “la presencia en la calle de las agencias de prevención, que debería también incrementarse para que estos episodios sean la excepción y no la regla”.

El mayor vandalismo que hoy sufre el municipio afecta al alumbrado público. En el caso de los domicilios particulares lo que más buscan los delincuentes son los picaportes. “Argentina no produce cobre, pero es el tercer país exportador. Claramente hay un circuito delictivo que se asienta en el micro robo y que alimenta alguna fundición de cobre que en la ciudad no está detectada, que es la que genera volúmenes al punto tal que nos convertimos en el tercer país de exportador de este material. Venimos trabajando con el MPA y el ministerio de Seguridad elaborando, pidiendo y exigiendo que se profundicen las investigaciones. Esta ordenanza va a poner arriba de los escritores de los fiscales instrumentos válidos para que terminen en sanciones penales”, concluyó.