El Gobierno nacional a través del Boletín Oficial, eliminó la obligatoriedad de que las empresas verifiquen la identidad y la autorización de los menores que viajan al exterior. Especialistas advierten que la medida podría facilitar casos de trata y traslados irregulares
El Gobierno nacional oficializó, a través de la Resolución 1/2025, la eliminación de la obligación para las empresas de transporte de verificar la documentación de menores de edad en viajes internacionales. La normativa, que entró en vigencia de manera inmediata, generó fuertes críticas y preocupación en distintos sectores, ya que podría aumentar el riesgo de traslados irregulares y facilitar casos de trata de personas.
La medida, adoptada por el Ministerio de Infraestructura, se enmarca dentro de la política de desregulación impulsada por la administración de Javier Milei. En concreto, deroga el Artículo 5° de la Resolución 43/2016 de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que establecía que las empresas de transporte internacional de pasajeros debían constatar la identidad del menor y la autorización de los progenitores o tutores antes del embarque.
Desde su implementación en 2016, esta norma buscaba evitar situaciones de tráfico ilícito de menores, garantizando que los niños y adolescentes que viajan al exterior contaran con la debida autorización de sus responsables legales. Con la nueva resolución, las empresas de transporte ya no están obligadas a solicitar ni verificar estos documentos antes del embarque, dejando la responsabilidad únicamente en los controles migratorios.
Organismos de derechos humanos, asociaciones de protección infantil y sectores de la oposición criticaron con dureza la medida y advirtieron sobre sus consecuencias. Especialistas en derechos del niño alertaron que la eliminación de este requisito podría favorecer el tráfico ilegal de menores, la explotación infantil y la sustracción de niños en contextos de conflictos familiares.
“La verificación de la documentación de los menores por parte de las empresas de transporte era una medida de seguridad adicional que protegía a niños y adolescentes de posibles delitos como la trata de personas”, sostuvieron desde la Red Nacional Alto al Tráfico y la Trata (RATT Argentina). También remarcaron que la decisión de desregular este control no reduce la burocracia, sino que expone a los menores a mayores riesgos.
Desde la oposición, las críticas no se hicieron esperar. Legisladores y referentes políticos señalaron que esta decisión podría facilitar casos de trata de personas y traslados irregulares de menores sin el consentimiento de sus responsables legales. “Es una medida irresponsable que pone en riesgo la seguridad de los niños y adolescentes”, afirmó una diputada opositora.
Organizaciones de la sociedad civil también expresaron su preocupación. “Eliminar este control es un retroceso en la protección de los derechos de los menores. Las empresas de transporte tienen un rol clave en la prevención de situaciones de trata y explotación”, señaló un representante de una ONG especializada en derechos humanos.
El gobierno nacional, por su parte, justificó la medida como parte de su política de desregulación y simplificación de trámites. Según fuentes oficiales, la eliminación de esta obligación busca agilizar los procesos de embarque y reducir la burocracia en el sector del transporte. Sin embargo, no se han brindado detalles sobre cómo se garantizará la seguridad de los menores en este nuevo escenario.
La Resolución 43/2016, ahora derogada, había sido implementada precisamente para prevenir situaciones de riesgo, como el traslado irregular de menores o casos de trata de personas. Su eliminación deja un vacío legal que preocupa a especialistas en infancia y derechos humanos.
