El sindicato denunció despidos arbitrarios, falta de pagos de bonificaciones y militarización en plantas industriales. Empresas como Explora, Vicentín y Dánica están en el centro del conflicto
El gremio de trabajadores aceiteros lanzó una advertencia contundente al sector empresarial y al Gobierno Nacional: un paro nacional del sector podría ser inminente si no se resuelven las graves violaciones laborales denunciadas en distintas plantas del país. La medida, que incluye al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo y a la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, afectaría a todo el circuito industrial aceitero y de biodiesel, con repercusiones significativas en el tránsito y la logística en el Gran Rosario.
“Denunciamos el grave e ilegal avasallamiento en los derechos de los trabajadores y trabajadoras aceiteras por varias empresas de la actividad. Advertimos que si continúan con estas medidas ilegales nos veremos obligados a ir a una huelga nacional para hacer valer nuestros derechos”, expresaron desde el sindicato en un comunicado oficial.
El conflicto incluye incumplimientos de convenios colectivos de trabajo, falta de pago de acuerdos paritarios y despidos arbitrarios. Entre los casos más resonantes está el de la planta de biodiesel Explora, ubicada en Puerto General San Martín, donde cuatro trabajadores fueron despedidos bajo “causas falseadas”, según denunció el gremio. Esta situación se produjo tras una retención de tareas llevada a cabo por los empleados para exigir el pago de una bonificación extraordinaria.
“En Explora se utilizó la fuerza de seguridad nacional como herramienta de intimidación. Es un retroceso que nos recuerda épocas oscuras, cuando los conflictos laborales se resolvían con militarización y represión”, señalaron desde el sindicato, destacando la presencia de la Prefectura Naval en la planta durante el conflicto.
Otro de los focos de tensión es Vicentín, la agroexportadora que continúa en conciliación obligatoria luego de no pagar el bono anual acordado en paritarias. A esta situación se suma Renopack, que enfrenta conflictos similares en todas sus plantas. Desde el gremio criticaron lo que consideran “un insólito Procedimiento Preventivo de Crisis”, utilizado por las empresas para justificar incumplimientos laborales.
En el caso de Dánica, en la localidad bonaerense de Llavallol, la empresa decidió cerrar su planta en diciembre de 2024, dejando a todos sus trabajadores sin empleo. Sin embargo, tras negociaciones, se logró reabrir el área de envasado con la reincorporación de 40 empleados que no aceptaron retiros voluntarios.
El panorama es igualmente crítico en Bahía Blanca, donde la empresa Viterra, ahora propiedad de Bunge, enfrenta acusaciones por intentar desconocer sistemáticamente los derechos laborales de sus empleados. “La situación en Viterra se agrava con la militarización y el despido arbitrario de trabajadores huelguistas, lo que refleja una escalada preocupante en la violación de derechos laborales”, indicó Daniel Yofra, secretario general de la Federación.
El sindicato hizo un llamado a las autoridades nacionales para intervenir y garantizar el cumplimiento de las normativas laborales. “No se trata solo de salarios impagos o despidos injustificados. Es un ataque directo a los derechos de los trabajadores, construidos con décadas de lucha”, expresaron.
El impacto de un eventual paro nacional sería profundo, no solo en el sector industrial, sino también en la logística y la economía nacional, ya que el complejo industrial aceitero representa uno de los principales motores exportadores del país.
“Estamos dispuestos a dialogar, pero no a negociar nuestros derechos. Si las empresas persisten en esta postura de avasallamiento, tomaremos las medidas necesarias para defender a los trabajadores”, concluyó el comunicado sindical.
