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El salario mínimo en Argentina llegará a $296.832 en marzo de 2025 tras ajustes escalonados

El Gobierno nacional oficializó los nuevos montos del salario mínimo, vital y móvil, que se incrementarán progresivamente hasta marzo de 2025. La medida, publicada en el Boletín Oficial, desató críticas de sindicatos que consideraron insuficiente la actualización propuesta frente a la inflación


El Gobierno nacional estableció un incremento escalonado en el salario mínimo, vital y móvil (SMVM), que llegará a $296.832 para trabajadores mensualizados y $1.484 por hora para jornalizados a partir de marzo de 2025. La decisión, publicada en la resolución 17/2024 del Boletín Oficial, responde a un desacuerdo en el Consejo del Salario tras el rechazo de las propuestas sindicales por parte del sector empresarial.

Desde el 1º de diciembre, el salario mínimo para trabajadores con jornada completa quedó fijado en $279.718. Para quienes trabajan por hora, la remuneración asciende a $1.399. Según el esquema establecido, en enero el monto se incrementará a $286.711 para mensualizados y $1.434 para jornalizados. En febrero subirá nuevamente a $292.446 y $1.462, respectivamente, mientras que en marzo alcanzará su tope de $296.832 y $1.484.

La resolución también estableció ajustes en la Prestación por Desempleo, cuyo monto no podrá ser inferior al 50% ni superior al 100% del salario mínimo vigente. Esta medida busca mantener una relación directa entre la remuneración mínima y la asistencia a trabajadores desempleados.

El anuncio llega tras la reunión del Consejo del Salario del pasado 19 de diciembre, donde se presentaron fuertes discrepancias entre los sectores representados. Mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA propusieron un ingreso mínimo de $572.000 para diciembre, la Unión Industrial Argentina (UIA) ofreció aumentos escalonados que alcanzaban $295.000 en marzo. Ante el rechazo sindical, el Gobierno tomó la decisión de fijar los montos a través de una resolución oficial.

Las centrales sindicales criticaron la insuficiencia del aumento ante la inflación acumulada y las proyecciones económicas para 2025. Desde la CGT, señalaron que el ingreso mínimo debería cubrir al menos la Canasta Básica Total, que en noviembre alcanzó $1.001.466 para una familia tipo, según datos del INDEC.

Por su parte, las CTA advirtieron que el nuevo salario mínimo sigue dejando a millones de trabajadores por debajo de la línea de pobreza. “Es una actualización que no responde a la realidad inflacionaria ni a las necesidades de los sectores más vulnerables”, expresaron en un comunicado conjunto.

Desde la UIA justificaron su propuesta inicial señalando que los aumentos escalonados son necesarios para preservar la sostenibilidad de las empresas en un contexto económico desafiante. Aseguraron que cualquier incremento más ambicioso podría traducirse en mayores costos operativos y, eventualmente, en pérdida de empleos.

En tanto, el Gobierno defendió la medida como un “punto de equilibrio” entre las demandas de los trabajadores y las posibilidades del sector privado. En palabras de un vocero del Ministerio de Trabajo: “Entendemos que no es una solución perfecta, pero buscamos proteger el empleo y garantizar ingresos mínimos para todos”.

El salario mínimo en Argentina es una referencia clave no solo para trabajadores, sino también para programas sociales y prestaciones laborales. Según economistas, el aumento escalonado, aunque positivo, podría quedar rezagado frente a una inflación interanual que superó el 166% en noviembre.

El debate sobre el salario mínimo se enmarca en un año de tensiones económicas, marcado por recortes presupuestarios y ajustes fiscales impulsados por el gobierno de Javier Milei. En este contexto, las negociaciones entre sindicatos, empresarios y el Ejecutivo han sido particularmente tensas.

El incremento del salario mínimo hasta $296.832 en marzo de 2025 representa un alivio parcial para los trabajadores, pero también evidencia las dificultades de alcanzar consensos entre los distintos actores sociales en un contexto económico adverso. Mientras tanto, el debate sobre la suficiencia de estas medidas y su impacto real en el poder adquisitivo continúa abierto.