A dos meses de las detenciones tras las protestas frente a la Legislatura de Santa Fe, sindicatos y organizaciones sociales reclamaron el cese de la persecución judicial. Lorena Almirón, de ATE Rosario, afirmó que “luchar no es delito” y denunció amedrentamiento a los trabajadores públicos

A dos meses de la detención de cinco manifestantes que participaron de las protestas contra la reforma previsional frente a la Legislatura de Santa Fe, dirigentes sindicales y sociales volvieron a exigir el cierre de las causas judiciales. En una rueda de prensa convocada por CTERA, ATE Nacional, AMSAFE y otros referentes gremiales, denunciaron la criminalización de la protesta y señalaron irregularidades en los procesos judiciales.
La secretaria general de ATE Rosario, Lorena Almirón, destacó que las movilizaciones realizadas a principios de año se dieron en el marco de una legítima defensa de los derechos laborales y previsionales, y consideró que las imputaciones son “improcedentes”. “Está claro que los compañeros no son delincuentes, esto no se justifica de ninguna manera”, afirmó.
El pasado 16 de octubre, en un operativo calificado como “violento y sobredimensionado”, fueron detenidos tres docentes, un trabajador estatal y un militante territorial durante una protesta frente a la Legislatura. Los imputados enfrentan cargos por daños materiales e intento de interrupción de la sesión legislativa.
Almirón aseguró que la detención de los manifestantes representa un acto de criminalización de la protesta social y subrayó la falta de pruebas contundentes en la causa. “No existen pruebas fehacientes, y los cargos presentados son vagos e infundados”, señaló.
La dirigente sindical lamentó la falta de respuesta del ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, a quien enviaron una carta solicitando explicaciones sobre el operativo y las imputaciones. “Nos debería atender para escuchar las razones de nuestro reclamo. Fuimos a luchar por algo justo que afecta tanto a jubilados como a trabajadores activos”, insistió.
El conflicto se originó a principios de año, cuando el gobierno provincial intentó impulsar una reforma previsional que los gremios consideraron perjudicial para los trabajadores. Según Almirón, las movilizaciones masivas fueron una respuesta legítima a las medidas que “deterioran las condiciones laborales y económicas de los trabajadores”.
Evaluaciones de idoneidad
En paralelo, ATE también cuestionó las evaluaciones de idoneidad impuestas por el gobierno a unos 40.000 empleados públicos. Almirón calificó la medida como un acto de persecución y estigmatización. “Más del 90% de los trabajadores aprobaron el examen con éxito, pero esto no es la primera vez que enfrentan evaluaciones de este tipo. Lo que exigimos es el pase a planta permanente para compañeros que llevan más de 10 años contratados”, afirmó.
La dirigente destacó que las evaluaciones son innecesarias y representan un mecanismo de amedrentamiento hacia los empleados públicos, muchos de los cuales cumplen con sus tareas bajo contratos precarios. “Es hora de que se reconozca la antigüedad y el compromiso de estos trabajadores con la estabilidad laboral que merecen hace mucho tiempo”, agregó.
Almirón enfatizó que las protestas contra la reforma previsional y las actuales demandas de estabilidad laboral son parte de una lucha más amplia por el respeto a los derechos de los trabajadores. “Luchar no es delito, y no vamos a dejar de reclamar lo que creemos justo para nuestros compañeros y para toda la sociedad”, concluyó.