El juez federal Marcelo Bailaque fue imputado en tres causas por prevaricato e incumplimiento de deberes. La diputada provincial Lionella Cattalini, impulsora de la denuncia, destacó el avance del sistema acusatorio en Santa Fe y pidió al Consejo de la Magistratura que tome medidas inmediatas
Este jueves, el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque fue imputado por los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes en tres investigaciones que lo posicionan en el centro de una trama de irregularidades. Entre ellas, se encuentra el caso revelado en junio pasado, cuando se descubrió que Bailaque compartía el contador Gabriel Mizzau con el narcotraficante Esteban Alvarado. Además, el hijo del contador, Sebastián Mizzau, trabajaba en el juzgado federal que investigaba a Alvarado, lo que generó sospechas sobre vínculos y posibles conflictos de interés.
La diputada provincial Lionella Cattalini, quien presentó la denuncia inicial contra Bailaque, dialogó con La Marca de la Almohada y celebró el avance de las investigaciones. “Fue muy contundente, una gran muestra de cómo la justicia empieza a funcionar. El sistema acusatorio en Santa Fe, que rige desde mayo, ya muestra resultados al romper con el estancamiento de causas acumuladas”, afirmó.
Cattalini destacó que las investigaciones han permitido exponer una presunta mecánica sistemática en las decisiones del magistrado. “Se empieza a evidenciar que era algo común del juez plantar causas o dejar de investigar casos resonantes para los rosarinos. Miraba para otro lado cuando la ciudad se desangraba, superando los 200 homicidios por año en Rosario”, explicó.
La legisladora subrayó que las pruebas recopiladas y las medidas investigativas refuerzan las sospechas sobre posibles vínculos de Bailaque con personajes relacionados al narcotráfico. “Esto pone en evidencia una trama de corrupción que resulta inaceptable en el contexto de una justicia que debe ser confiable y estar al servicio de la ciudadanía”, señaló.
Cattalini recordó que, tras presentar la denuncia penal, también llevó el caso al Consejo de la Magistratura, instancia que ahora enfrenta la responsabilidad de evaluar la situación del juez. La denuncia inicial fue ampliada con información aportada por la justicia cordobesa, que reveló cómo Bailaque “durmió una causa durante nueve años, lo que derivó en su prescripción”.
“Esperamos que esto avance tanto en el ámbito judicial como en el Consejo de la Magistratura. Es fundamental que se tome dimensión de la gravedad del hecho: no puede haber un juez en funciones acusado de estas maniobras y delitos”, sostuvo Cattalini, quien instó a los organismos competentes a actuar con celeridad y firmeza.
La diputada también manifestó su expectativa de lograr una justicia más confiable. “Para eso, no puede haber personas ni funcionarios comprometidos con la corrupción, el delito o narcotraficantes. Este caso debe ser un ejemplo para garantizar la transparencia y la independencia judicial”, concluyó.
El caso Bailaque es una señal de alerta sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y sanción dentro del Poder Judicial. En este contexto, la diputada insistió en que se requiere un compromiso conjunto de todos los sectores para recuperar la confianza de la ciudadanía y asegurar que quienes administran justicia estén libres de sospechas y vínculos con el crimen organizado.
