En Santa Fe, el debate sobre la reforma constitucional cobró impulso con una propuesta desde la Universidad Nacional de Rosario que plantea una perspectiva innovadora: centrar los derechos de la naturaleza y las personas. Damián Verzeñassi, médico y director del Instituto de Salud Socioambiental, explicó que el nuevo texto debería garantizar un “Estado ecosocial”, y destacó la urgencia de adaptarse a las crisis climáticas y preservar los recursos vitales
El proyecto de reforma constitucional en Santa Fe volvió a la agenda bajo la nueva gestión de Maximiliano Pullaro, y entre los enfoques que emergieron, uno llama la atención por su carácter distintivo. Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, comentó en diálogo con La Marca de la Almohada un cambio profundo en la estructura de la Carta Magna provincial. Según expresó, el objetivo sería crear un “Estado ecosocial” que garantice los derechos de la naturaleza y resguarde los recursos esenciales, en especial el agua. Santa Fe es la única provincia argentina que aún mantiene su Constitución de 1962, lo que, para el especialista, requiere una actualización acorde a los desafíos socioambientales actuales.
El médico rosarino consideró fundamental avanzar en un nuevo texto constitucional que incorpore el concepto de un “Estado ecosocial”, donde se prioricen los derechos ambientales. “Debemos avanzar ahora mismo en la discusión de una reforma de la Constitución en Santa Fe que ponga la centralidad en los derechos de la naturaleza y de las personas”, afirmó. Según el experto, esto significaría un cambio estructural que permitiría a la provincia dar respuesta a problemáticas como el acceso al agua segura y la preservación de los ecosistemas, que, en su opinión, son esenciales para la vida y el desarrollo sostenible.
El especialista subrayó que Santa Fe podría aprovechar la oportunidad de crear una Carta Magna con una perspectiva moderna e integral, inspirada en ejemplos internacionales. Recordó la Constitución de Ecuador, que incluye un artículo sobre los derechos de la naturaleza, y el fallido intento en Chile, que promovió un enfoque similar. Explicó que estos modelos no responden a un ideal romántico, sino a la necesidad de un “territorio saludable” donde el acceso a recursos como el aire, el agua y los alimentos esté garantizado de manera vital y sostenible.
En relación con el agua, Vereñazzi alertó sobre los peligros del régimen de inversiones que prioriza el uso de recursos para proyectos de grandes inversores sobre el derecho de las comunidades. Señaló que, si el acceso al agua estuviera garantizado en la Constitución como un derecho de las comunidades, la provincia contaría con una protección legal para frenar iniciativas que podrían comprometer este recurso vital. “En Santa Fe, de aprobarse el RIGI, se perdería el derecho al agua. Esto pondría en riesgo el acceso de las comunidades al recurso en favor de los intereses privados”, advirtió.
Santa Fe enfrenta una situación alarmante en cuanto a su vulnerabilidad hídrica. El director del Instituto de Salud Socioambiental expresó que la provincia sufre un estrés hídrico notable, pese a su proximidad al río Paraná, el segundo mayor sistema fluvial de Sudamérica. Explicó que con una política pública bien implementada, podrían recuperarse los cauces y montes nativos, lo cual ayudaría a mitigar la crisis ambiental y mejorar el acceso al agua para las comunidades. “Si tuviésemos garantizado que los cursos naturales de agua son sujetos de derecho, podríamos plantear la necesidad de resguardar esos cauces”, afirmó.
La propuesta del médico e investigador sobre una reforma constitucional en Santa Fe contrasta marcadamente con el enfoque productivista que ha caracterizado la política de Pullaro. Para el experto, la visión de ver al Paraná no solo como un recurso económico sino como un río vital para el ecosistema podría convertirse en un pilar para la protección del medio ambiente. Según indicó, esta perspectiva es esencial para preservar la biodiversidad y asegurar que las futuras generaciones tengan acceso a recursos saludables.
En ese sentido, Verzeñassi, también destacó la urgencia de esta reforma en un contexto de crisis climática global. Afirmó que se trata de una oportunidad única para integrar acciones de protección ambiental directamente en la Constitución provincial. “Debemos reconocer que como personas podemos vivir sin reelección de un gobernador, pero no podemos vivir sin agua ni energía”, explicó, subrayando que esta reforma podría ser una respuesta necesaria y urgente para la crisis ambiental actual.
El experto comparó la situación de Santa Fe con la de otros lugares que han avanzado en el reconocimiento de derechos ambientales en sus cartas magnas. Explicó que este tipo de reformas han permitido en otros países establecer un marco jurídico que obliga a los gobiernos a priorizar la salud ambiental sobre los intereses económicos a corto plazo. En su opinión, es un debate que Santa Fe no puede postergar si quiere garantizar un futuro sostenible para sus habitantes.
La propuesta del investigador, aunque ambiciosa, subraya una realidad crítica: el agotamiento de recursos como el agua y la degradación de ecosistemas naturales representan amenazas a la salud y el bienestar de la población. Para él, una reforma con un enfoque ambiental sería un avance histórico para la provincia, al crear un marco que obligue a los futuros gobiernos a proteger el medio ambiente como una prioridad de Estado.
Para el director del Instituto de Salud Socioambiental, esta reforma también representa una oportunidad para que Santa Fe se alinee con movimientos globales que reconocen la necesidad de proteger la naturaleza y los recursos vitales. Explicó que la creciente preocupación mundial por la sostenibilidad y la justicia ambiental plantea desafíos que las provincias argentinas deben enfrentar con valentía e innovación.
Por último, concluyó que una Constitución con derechos ambientales daría a Santa Fe una herramienta valiosa para enfrentar el cambio climático y otras problemáticas ambientales que se intensifican cada año. Argumentó que, de lograrse esta reforma, la provincia se pondría a la vanguardia en la protección de los derechos ambientales, sentando un precedente que podría inspirar a otras regiones de Argentina a seguir un camino similar.
En un momento en que la crisis climática afecta cada vez más a la vida diaria, el académico insistió en que los santafesinos no pueden permitirse postergar el debate sobre esta reforma. “Es una oportunidad única para tomar medidas de preservación que tengan un impacto real en las próximas décadas y protejan los recursos de la provincia para las generaciones futuras”, finalizó.
