La secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, explicó que la EPE detectó conexiones ilegales valoradas en 630 millones de pesos en apenas dos meses de operativos, siendo Rosario la ciudad con mayor índice de irregularidades. La funcionaria destacó que estos fraudes energéticos se encuentran incluso en grandes usuarios, y llamó a intensificar los controles y denuncias para combatir esta problemática
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) reportó que, entre agosto y septiembre, llevó a cabo 22.101 inspecciones en distintas áreas de Rosario, Santa Fe y Rafaela, detectando un hurto de energía valuado en 632 millones de pesos. En diálogo con La Marca de la Almohada, Verónica Geese, secretaria de Energía de Santa Fe, explicó que las conexiones ilegales representan un problema extendido, no solo en sectores vulnerables, sino también en comercios e industrias que recurren a servicios clandestinos para reducir costos. La EPE, afirmó, intensificó sus controles para combatir este tipo de fraudes energéticos.
Geese subrayó que el problema no es exclusivo de sectores carenciados y que, en realidad, “hay una industria que brinda un servicio de conexión irregular para ‘pagar menos’”. En algunos casos, incluso, estos servicios se publicitan en redes sociales, permitiendo que comercios e industrias accedan a conexiones clandestinas para evadir el pago por consumo eléctrico. La funcionaria remarcó que los controles deben ser constantes para combatir esta práctica que impacta en el servicio y genera importantes pérdidas económicas para la provincia.
En Rosario, las inspecciones arrojaron resultados preocupantes, con un 40% de los sitios inspeccionados presentando conexiones ilegales, una cifra notablemente superior a la observada en otras ciudades de la provincia, como Santa Fe y Rafaela, donde el índice de irregularidades fue menor. Esta situación, según Geese, evidencia un foco de robo de energía particularmente acentuado en áreas comerciales e industriales de la ciudad, lo que llevó a la EPE a concentrar sus esfuerzos allí.
Cuando se detecta una conexión ilegal, la EPE procede al corte inmediato del servicio y documenta el hecho mediante actas y material fotográfico para, posteriormente, elevar el caso a la justicia. “En lo penal, las sanciones son aplicadas en el marco de un proceso judicial, ya que estamos hablando de más de 20 mil casos que constituyen un delito”, explicó Geese. La funcionaria detalló que, en el ámbito administrativo, la EPE cobra a los infractores el consumo estimado de un año hacia atrás para reconectar el servicio, aunque señaló que esta medida no siempre evita nuevas conexiones ilegales.
Geese también instó a la ciudadanía a denunciar las conexiones ilegales, ya que las investigaciones han revelado que en varios barrios existen numerosos casos de conexiones irregulares provistas por una red de prestadores clandestinos. Las denuncias, indicó, permiten a la EPE perseguir estos delitos de manera más eficiente y llevar a cabo las inspecciones necesarias para interrumpir estas prácticas ilícitas.
Los consumidores no siempre están al tanto de los riesgos que suponen las conexiones ilegales, especialmente cuando se trata de industrias o comercios con un consumo elevado. “Si una industria o comercio se conecta ilegalmente sin una instalación técnica adecuada, puede afectar la calidad del servicio para el resto de los usuarios en la zona”, advirtió Geese. La secretaria de Energía detalló que estos enganches no regulados provocan sobrecargas que impactan negativamente en el suministro de energía de los vecinos, quienes pueden sufrir interrupciones debido a la demanda excesiva no contemplada en las instalaciones.
Uno de los problemas críticos, indicó, es la proliferación de edificios residenciales con conexiones temporales conocidas como “palo-cajón”, las cuales son autorizadas únicamente para el uso inicial de las obras. Este tipo de instalación, destinada a soportar una carga mínima, se mantiene en algunos edificios incluso cuando están habitados, lo que genera problemas de suministro y requiere inversiones significativas para ser regularizados. En Rosario, hay aproximadamente 300 edificios en esta situación, lo cual representa un reto técnico y económico para la EPE. “Estamos trabajando en la regularización de estas obras y esperamos completarlas en los próximos años”, afirmó Geese.
Además de la inversión para mejorar la infraestructura, la EPE enfrenta un desafío adicional en cuanto a la educación y sensibilización de los usuarios. Geese comentó que las campañas de concientización también tienen un rol importante para disminuir las pérdidas de energía y evitar que nuevos usuarios opten por conexiones ilegales. La funcionaria reconoció que la lucha contra el hurto de energía debe ser abordada de manera integral, combinando operativos de inspección, denuncias y un trabajo en conjunto con las autoridades judiciales.
