El presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario sancionada por el Congreso, argumentando que implicaba un “irresponsable aumento del gasto público”. La decisión, oficializada mediante un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial, plantea un escenario incierto para el futuro de la educación pública, con el Congreso como próximo escenario de una disputada batalla legislativa.
El decreto presidencial, firmado después de las masivas marchas en todo el país, sostiene que la ley no especificaba la fuente de financiamiento, lo cual contradecía el marco jurídico vigente. “Es manifiestamente violatorio del marco jurídico, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni determina la fuente de su financiamiento”, expresa el documento. El gobierno apeló al artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera, que exige que cualquier ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general especifique los recursos para cubrir esos costos.
Además, el Ejecutivo recordó que el reglamento de la Cámara de Senadores, en su artículo 126, establece que todo proyecto que implique gastos debe incluir una estimación de las erogaciones y la fuente de financiamiento antes de ser discutido. En este caso, el gobierno consideró que esta norma no se cumplió, lo que justificó el veto presidencial.
Para que la ley pueda ser ratificada, el Congreso deberá reunir dos tercios de los votos presentes en ambas cámaras. Este es el desafío que ahora enfrenta el legislativo, ya que el oficialismo no tiene garantizado el apoyo necesario. En el pasado, el gobierno de Milei logró bloquear un intento de insistencia legislativa tras vetar un aumento a los jubilados, con el apoyo de 87 legisladores a quienes luego el presidente homenajeó en un asado en la Quinta de Olivos. Sin embargo, en esta ocasión, el oficialismo enfrenta resistencias dentro de los bloques opositores, como el PRO y sectores del radicalismo, lo que deja un final abierto para el desenlace de esta disputa.
Antes de la publicación del decreto, la Oficina del Presidente emitió un comunicado donde Milei calificó de “irresponsable” el proyecto aprobado por el Congreso, criticando el aumento del gasto público destinado a las universidades nacionales. “Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico”, manifestó la presidencia, subrayando la necesidad de discutir el financiamiento universitario en el marco del Presupuesto Nacional 2025.
La Oficina del Presidente también aprovechó la ocasión para criticar las movilizaciones en defensa de la universidad pública, señalando que dirigentes como Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió se unieron para “obstruir” el plan económico del presidente. El comunicado los acusó de conformar un “nuevo frente de izquierda neopopulista” que defiende los “privilegios” de la clase política. “El objetivo del Gobierno es claro: terminar con el modelo empobrecedor de los últimos 100 años y volver a hacer a la Argentina grande otra vez”, concluyó el comunicado.
La Marcha Federal Universitaria, que precedió la firma del veto, convocó a miles de personas en todo el país en defensa del financiamiento educativo. Una gran parte de la sociedad, entre ellos estudiantes, docentes y rectores, expresaron su preocupación por el futuro de la educación pública y advirtieron que el veto afectaría gravemente el funcionamiento de las universidades nacionales. Ante la decisión del Ejecutivo, el conflicto vuelve al Congreso, donde las próximas semanas serán clave para definir el destino de la ley.
