Rosario se sumó a la segunda Marcha Federal Universitaria con una masiva movilización desde Plaza Montenegro hasta el Monumento Nacional a la Bandera.
Este miércoles el sistema universitario de la Universidad Nacional de Rosario se movilizó junto a las y los estudiantes, docentes nucleados en Coad y otras organizaciones gremiales de la docencia santafesina, APUR y diversos sindicatos del Movimiento Sindical Rosarino; a la par del acompañamiento multitudinario de la sociedad que llenó más de diez cuadras de marcha interminable.
Al pie del Monumento Nacional a la Bandera las diversas organizaciones leyeron un documento en defensa de la educación pública y contra el posible veto presidencial del gobierno nacional a la Ley de Financiamiento Universitario.
“El financiamiento es clave para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas”, dijo el Rector de la UNR, Licenciado Franco Bartolacci con un imponente marco de personas en defensa de la universidad pública al pie del Monumento Nacional a la Bandera al tiempo que pidió que “el presidente vea lo que pasa en el país” con la Marcha Federal Universitaria que tuvo su epicentro en la ciudad de Buenos Aires.
Luego de que el Senado convirtiera en ley en la madrugada del viernes 13 de septiembre el proyecto sobre financiamiento universitario, el presidente Javier Milei confirmó que hará un veto total de la reforma.
El jefe de Estado tiene plazo hasta este jueves 3 de octubre para vetar la ley. No es casualidad que los gremios universitarios hayan convocado a la Marcha Federal Universitaria para este miércoles por la tarde y con masiva concurrencia.
LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO
La norma obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para actualizar los salarios de docentes y no docentes, cubrir gastos de funcionamiento, proyectos especiales, programas de Ciencia y Tecnología, Extensión Universitaria y extensión en las universidades.
En cuanto a salarios, la iniciativa establece la obligatoriedad de recomponer lo perdido desde el 1 de enero de 2024 y luego actualizar hasta el 31 de diciembre de forma mensual de acuerdo a la variación de precios informada por el INDEC.
Para el resto de los ítems se estipula una actualización bimestral.
La ley, de no vetarse, generaría un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.
