El presidente emitió un decreto que limita el acceso a la información pública, permitiendo que el Ejecutivo defina qué datos son de interés. Diversas organizaciones y dirigentes políticos, como el abogado Héctor Recalde, denunciaron que esta medida “es inconstitucional” y representa un peligroso retroceso para la democracia

El presidente de la nación, Javier Milei, decretó una nueva normativa que restringe el acceso a la información pública, generando preocupación y críticas entre organizaciones de derechos civiles y figuras políticas. Héctor Recalde, abogado y exdiputado nacional, expresó que esta decisión “viola la Constitución Nacional y los tratados internacionales”, señalando un grave retroceso en la transparencia del gobierno. La medida permite que el Ejecutivo defina arbitrariamente qué datos son considerados de interés público, excluyendo otros bajo la categoría de “esfera típicamente doméstica” de los funcionarios.

En diálogo con La Marca de la Almohada, Recalde criticó duramente la nueva normativa: “Asombra la determinación del gobierno nacional, se dicen libertarios y lo que hacen es coartar la posibilidad de información”. Según Recalde, esta acción del gobierno representa “un abuso de derecho” y atenta contra principios fundamentales de la democracia.

El abogado también comentó sobre la falta de reacción social ante estas restricciones: “Uno no ve una reacción que era esperable de la sociedad, si se acumula bronca en algún momento explota”. Para Recalde, es alarmante la pasividad con la que se está aceptando esta medida, que considera inconstitucional e insólita.

El decreto redefine el concepto de “información pública” e impone nuevos requisitos para solicitar datos al Estado. Además, establece que las autoridades no están obligadas a responder pedidos vinculados a la “esfera típicamente doméstica” de los funcionarios. Diversas organizaciones como Poder Ciudadano y el CELS manifestaron su preocupación por estas restricciones, ya que consideran que limitan significativamente la transparencia y el derecho a la información.

El bloque de diputados de Encuentro Federal presentó un pedido de informes al Ejecutivo para que explique las razones detrás de este decreto. Según señalaron, la medida “representa un claro intento de controlar la narrativa y evitar la rendición de cuentas”.

Recalde también mencionó las contradicciones en las declaraciones y acciones del gobierno. “Este gobierno ignora las normativas, hace lo que le viene en ganas y las cosas que llegan a decir”, afirmó, haciendo alusión a comentarios recientes del presidente Javier Milei, quien calificó el principio de justicia social como una “atrocidad”. Para Recalde, estas acciones y declaraciones demuestran una desconexión preocupante con los principios democráticos y republicanos.

“El derecho a la información es un principio republicano”, enfatizó Recalde, agregando que “cuánto más informado esté el pueblo, más empoderado estará”. Según el abogado, el decreto representa un intento de concentrar el poder y evitar la rendición de cuentas, un peligroso precedente para la democracia.

Otras figuras y expertos también manifestaron su preocupación por las implicaciones de esta medida. “Todo lo que obstaculice al pueblo para pedir rendición de cuentas se está restringiendo, y lo hacen con una impunidad que alarma”, señaló Recalde, resaltando la importancia de la transparencia para la salud democrática de la nación.

La preocupación no se limita al ámbito nacional. Organismos internacionales y ONGs que promueven la transparencia y la libertad de expresión también expresaron su alarma ante la nueva medida del gobierno argentino. Consideran que este tipo de restricciones pueden sentar un precedente negativo para otros países de la región que enfrentan desafíos similares en términos de transparencia gubernamental.