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El Consejo Federal de la Defensa Pública quiere participar del debate sobre la baja de imputabilidad

Funcionarios de justicia del Ejecutivo defendieron el proyecto en el Congreso. Desde la defensoría del Servicio de Defensa Penal de Santa Fe advierten: “La ley contradice a la Convención de los Derechos del Niño por eso queremos dar nuestro punto de vista”, afirma su titular Moreno Robinson.

La Cámara de Diputados se encuentra debatiendo el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años, bajando la edad de imputabilidad.

Ante esto, Estrella Moreno Robinson Defensora Provincial del Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) le dijo a Apuntes y Resumen en Radio UNR que “más niños y adolescentes encarcelados no va a traer una solución a la seguridad”.

La funcionaria provincial adelantó que integrantes del Consejo Federal de la Defensa Pública de la República Argentina, del que Santa Fe es parte, mantendrá una reunión con el Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, “para transmitirle nuestro punto de vista con respecto al tema”.

Moreno Robinson advirtió que la asociación ya “hizo una observación sobre el proyecto de ley pidiendo ser convocados a las comisiones para dar nuestra postura”.

“Argentina no puede bajar la edad de imputabilidad”, sentencia la funcionaria provincial y lo afirma “porque como país suscribimos a la Convención sobre los Derechos del Niño que hace un seguimiento de cómo aplicamos la convención de nuestro país y realiz´esta observación, por lo cual estaríamos incumpliéndola”.

Según interpreta la ley “se hace por motivos de seguridad y por estadísticas tenemos, por ejemplo en Santa Fe unos 11.372 personas adultas privadas de la libertad y solo 52 son menores. Es realmente mínimo el número de adolescentes que viola la ley penal” dijo.

Para la funcionaria “tenemos que brindar un sistema de protección integral para que adolescentes y niños puedan desarrollarse y darles herramientas educativas, de salud para que tengan una vida digna que aporte socialmente”.

En este sentido concluye: “Por qué no nos ocupamos en hacer esto y no punir a menores para que no salgan a delinquir porque no recibieron los derechos básicos”, porque “en definitiva “se habla de ampliar cárceles pero sin un tratamiento socioeducativo”.

“La última ratio es aplicar una pena a un menor, crear un sistema con muchos más niños y adolescente encarcelados no va a traer una solución de seguridad. Hay que pensar más qué queremos nosotros como sociedad para la juventud y los niños”.

Finalmente avisa sobre un tema muy preocupante: “esta ley también permite que se le brinda un trato similar, bajo tratamiento educativo y curativo, a menores de 13 años. Los pueden internar que es nada más ni nada menos que privarlos de la libertad”.