En la sede del Consejo Interuniversitario Nacional, rectores universitarios, trabajadores docentes y nodocentes, y la Federación Universitaria Argentina se reunieron para abordar la crítica situación del sistema universitario nacional, destacando la urgente necesidad de una recomposición salarial y la actualización de becas estudiantiles, mientras se evalúan medidas conjuntas para revertir la crisis actual
En la sede del Consejo Interuniversitario Nacional se llevó a cabo una reunión entre representantes de los rectores de todas las universidades, de trabajadores docentes y nodocentes, y de la Federación Universitaria Argentina, en la que se evaluó la situación que atraviesa el sistema universitario nacional.
“A lo largo del año manifestamos un conjunto de problemas que ponían en riesgo garantizar el normal desarrollo de actividades. Uno era el problema presupuestario, otro la cuestión salarial de los trabajadores, otro vinculado a la crisis económica que afecta a nuestros estudiantes beneficiarios de becas discontinuadas, la situación de obras públicas paralizadas y la del sistema científico que nos preocupa porque formamos parte de la misma comunidad”, comentó el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci.
Durante la reunión se manifestó de manera unánime y colectiva la necesidad de que se produzca una urgente recomposición de la situación salarial de las y los trabajadores de todas las universidades nacionales. “El estado de situación es el más crítico de los últimos 40 años. Estamos atravesando una pérdida brutal del poder adquisitivo de un 50% o 60% y es imposible imaginar el normal desarrollo de las actividades de la universidad si no hay una solución. No hay universidad posible sin un salario digno para los trabajadores de la educación”, explicó el rector Bartolacci.
En este sentido, el responsable de la UNR resaltó que “si no hay condiciones dignas para nuestros personal docente y nodocente no hay manera de pensar en una universidad con normal actividad”, y adelantó que se ha lanzado un comunicado reclamando esta recomposición urgente, sumado a la necesidad de actualizar las becas estudiantiles que están aún a valores del año pasado. “Conformamos una mesa de coordinación de todas las instituciones que conforman al sistema universitario para evaluar medidas conjuntas a partir de la vuelta del receso en adelante para poder revertir esta situación”.
Luego de la realización de la Marcha Federal Universitaria a fines de abril, se logró que el Gobierno Nacional resolviera la situación de los gastos de funcionamiento. Sin embargo, la cuestión salarial de los trabajadores no ha revisto cambios hasta el momento. “A partir de la conmovedora manifestación de la sociedad empezamos a encontrar una respuesta en la situación de gastos de funcionamiento. Pero esto es una cuestión mínima. No hubo respuesta en los últimos meses respecto de la situación salarial y es el punto que más nos preocupa y que más nos compromete hacia el futuro”, valoró Bartolacci y agregó: “Hoy la mitad de los trabajadores del sistema universitario nacional están por debajo de la línea de la pobreza. Es una situación inadmisible e injusta que pone en serio riesgo la posibilidad de desarrollar con normalidad las actividades. Con la misma energía y compromiso que tuvimos con los gastos de funcionamiento, vamos a reclamar por la situación salarial de nuestros trabajadores y por las becas. No hay solución para el sistema universitario si no se atienden en conjunto todos los problemas”.
Por último, el rector Bartolacci afirmó que “hay que hacer más y mejores cosas en educación y ciencia y para hacerlo hay que priorizarla como política pública y jerarquizarla en términos de inversión presupuestaria” y subrayó que fue “muy heterogénea la manifestación del 23 de abril pero creo que el valor más importante que tuvo fue la unidad detrás de una sola defensa que es la defensa de la educación, la universidad y la ciencia”. Asimismo, dejó en claro que la situación “es dramática, insostenible e inadmisible”, y que se está realizando el reclamo a las autoridades nacionales para que se llegue a “una resolución urgente y con celeridad, también a los legisladores para que aprueben leyes que garanticen previsibilidad en la cuestión salarial y si fuera necesario, evaluaremos también ir a la justicia”.