Federico Fabbioneri
Docente de la Escuela de Ciencia Política Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales – UNR
En el transcurso de esta semana, la difusión de un indicador generó grandes repercusiones a casi siete meses del comienzo de esta aventura argentina en la era mileísta. Todos los diarios y portales de noticias parecen coincidir en titular, casi a coro, que “la desigualdad registró uno de los aumentos más grandes de los últimos 16 años”. Ahora bien, ¿qué podemos decir al respecto?
Bien sabemos que la desigualdad, en términos generales, es un fenómeno que recuperó su protagonismo en los medios y en las agendas de investigación a fines del siglo XX al calor de las consecuencias de las transformaciones operadas por las reformas neoliberales. A grandes rasgos, podemos definirla como una diferencia o inequidad que viola alguna norma o supuesto de la igualdad derivada de lo que se tiene en común en tanto miembros de una sociedad determinada.
La pregunta que le sigue a esta definición es: ¿desigualdad de qué? puesto que al configurarse como un fenómeno multidimensional, es factible identificar desigualdades en los diferentes ámbitos que componen la vida de las personas: desigualdades de género, culturales, políticas, étnicas, sociales, entre otras. Nos sigue faltando la “más importante” en términos de relevancia pública y académica: la desigualdad económica o, más específicamente, la desigualdad de ingresos. En la medida en que en las sociedades capitalistas el dinero constituye el rector principal de distribución de otros bienes y servicios, el reparto de la riqueza ha sido y sigue siendo el tema central de los interrogantes de investigación y de las luchas en pos de disminuir el impacto de las injusticias sociales.
El indicador difundido en los últimos días por el INDEC es el Coeficiente de Gini, un índice que se utiliza globalmente para medir la desigual distribución de ingresos o, en otras palabras, la apropiación individual inequitativa de los ingresos en una economía. Lo dicho nos da una pauta clara, no hablamos ni de ganancias ni de dividendos, hacemos referencia estrictamente a los ingresos que, en nuestro país, son relevados de forma sistemática por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Al ser un coeficiente, toma valores comprendidos entre 0 y 1. El valor 0 corresponde a una situación ideal de igualdad absoluta en donde la población percibe el mismo ingreso, mientras que el valor 1, al caso extremo contrario, representa a una sola persona concentrando toda la masa global de ingresos. A saber, mientras el valor se acerque más al 0 estaremos haciendo referencia a una sociedad que logra disminuir su desigualdad en clave de ingresos y, por el contrario, si el valor se acerca más a 1 estaríamos en presencia del proceso opuesto. El mismo puede calcularse con datos desagregados o agrupados; por ejemplo, en deciles.
Dicho esto, ¿qué arrojó esta nueva valorización? Entre el primer trimestre de 2023 y el de 2024, la Argentina experimentó un marcado incremento en su coeficiente de Gini, que pasó de 0,446 a 0,467 puntos. Si bien el aumento de 0,021 puntos puede parecer inocuo a primera vista, lo cierto es que en términos de impacto social y económico es significativo. Este cambio supone que los ingresos en Argentina se están distribuyendo de manera cada vez más desigual. Para clarificar un poco más, la discrepancia en la percepción de ingresos entre el sector que más gana y el que menos dinero percibe aumentó de manera indiscutible.
Un puñado de elementos permiten explicar esta tendencia que se enmarca en una coyuntura compleja. El deterioro de la economía que atraviesa una importante recesión impacta en un mercado laboral que presenta signos que van desde la precaución a la alarma. La caída de la actividad económica deriva en una disminución del consumo así como de la producción y, por lo tanto, de la mano de obra requerida. Los altos niveles inflacionarios, el aumento de la tasa de desocupación abierta —que se posicionó dos puntos más arriba del mismo trimestre del año anterior conjugando despidos tanto en el sector público como privado— adicionan ingredientes que, en conjunto con la depreciación de los salarios formales y paritarias que no logran recomponer el poder adquisitivo, generan un combo difícil de contener.
Tal como han expresado múltiples autores, América Latina es considerada la región más desigual del mundo más no la más pobre; ello quiere decir que se consagra como el continente con la mayor brecha entre ricos y pobres. Sin embargo, hasta el comienzo de la última dictadura cívico-militar, nuestro país constituía una excepción en el concierto de países vecinos puesto que presentaba un patrón de desigualdad del ingreso relativamente moderado. Las políticas económicas de Martínez de Hoz provocaron un punto de inflexión y trastocaron de forma permanente los esquemas de distribución del ingreso. Ello da inicio a la tendencia que mencionamos previamente: un nuevo patrón de distribución del ingreso crecientemente desigual.
Esta propensión se consolida y profundiza durante la década del ´80 y ´90 en consonancia con las políticas de desregulación y reforma del Estado encontrando, de esta forma, su punto cúlmine durante la crisis de 2001. Para este hito de nuestra historia, el índice de Gini trepó hasta 0,533 como expresión del momento cúspide en el devenir de la desigualdad en la Argentina.
Posteriormente, a lo largo de las primeras décadas del siglo XXI emprendimos un proceso de signo opuesto. En esta franja temporal tiene lugar un proceso de recomposición relativa de los niveles de desigualdad explicado, principalmente, por una fase virtuosa de crecimiento económico general combinado con redistribución del ingreso desmitificando así la “teoría del derrame”, muy vigente por esos días. Su fracaso demostró que el crecimiento económico resulta condición necesaria pero no suficiente para la superación de la pobreza y la disminución de la desigualdad.
Podríamos decir que desde el 2015 en adelante las tendencias hacia mayores niveles de igualdad empiezan a erosionarse acercándose a su límite. Los impactos de la política económica de la coalición “Cambiemos”, sumado a los efectos de la pandemia del COVID-19, mantuvieron las estimaciones del coeficiente en un intervalo que osciló entre el 0,41 y el 0,45. El salto hacia el 0,47 de los primeros meses del corriente año evidencia un grave avance que pone la lupa sobre los trastocamientos de los niveles de desigualdad desencadenados por “la licuadora y la motosierra”. A todas luces, la magnitud y las características del ajuste implementado por el actual gobierno están impactando de manera significativa en los niveles de desigualdad.
