Todos los gremios, docentes y no docentes, realizan este martes y miércoles un paro de 48 horas ante la caída de las negociaciones paritarias con la cartera de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. Dilaciones y promesas incumplidas en el marco de un desfinanciamiento de la educación superior forzaron la medida de fuerza

“Hemos tenido desde el principio del Gobierno actual intentos por mantener un diálogo sobre la evolución de los salarios y toda la cuestión universitaria, pero fue imposible”, marcó como antecedente de la nueva protesta Carlos de Feo, secretario general de la federación gremial docente Conadu.

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En diálogo con el programa Apuntes y Resumen, insistió en que hubo muchas reuniones, de distintos tonos, con funcionarios de Capital Humano, mega ministerio que absorbió el área de Educación. “Algunas muy amables, donde se nos escuchaba y se nos prometían cosas que luego no se cumplían, y otras no tanto”, describió los vaivenes de negociaciones que no condujeron a una salida.

De Feo recordó que del último encuentro participó por primera vez la ministra Sandra Pettovello. “Se enojó, se levantó, ni siquiera se comprometió, sólo dijo que podría tener una respuesta para el viernes 6, lo que no sucedió”, refirió el referente docente. Agregó que sobre eso abrigaban profundas dudas, porque —dijo— “el Ministerio está en una situación ingobernable, con una ineficiencia y una irresponsabilidad enormes”.

Ese último capítulo de una saga de dilaciones y ofertas salariales inaceptables por su mezquindad, repasó que todos los gremios universitarios ratificaron el paro para este martes y miércoles.

“La expectativa es que el Gobierno entienda que tiene que negociar, y modificar su programa” anti Estado, señaló el titular de Conadu. Recalcó que “no es un capricho” reclamar que la Universidad pública se sostenga con un presupuesto adecuado.

Sobre ese punto, recordó la situación límite a la que se llegó: los salarios de sus trabajadores universitarios —docentes y nodocentes— perdieron un 40% de su poder ejecutivo desde la asunción del actual Gobierno. Pero no sólo eso. Completó que lo mismo sucede con el presupuesto de las casas de estudio, apenas corregido en un porcentaje mínimo después de las masivas marchas en defensa de la educación pública el 23 de abril pasado en todo el país.

Lo que concedieron, explicó, es un ajuste por inflación de los llamados gastos de funcionamiento, que apenas representan el 10% del presupuesto total de las universidades y no inciden en los salarios. Esa recomposición, profundizó, apenas permiten seguir pagando los servicios de energía y gas. Pero no contempla la continuidad de las obras de infraestructura, de las inversiones necesarias para la investigación ni las actualizaciones de becas y programas de asistencia para los estudiantes en un momento de fuerte crisis económica.

En su esencia, resumió De Feo, “el problema subsiste”.