La iniciativa que se debate en el Congreso nacional no atiende la especificidad de organizaciones complejas vinculadas al narcotráfico, sólo ataca a los eslabones inferiores de sus entramados. Tampoco tiene en cuenta las complicidades de las agencias del Estado con las actividades delictivas. La norma, que copia un formato ya transitado que no dio resultados, es avalada por el gobernador de Santa Fe, quien incluso la cuestionó por “excesivamente garantista”
Victoria Darraidou, coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), dialogó con el programa Apuntes y Resumen sobre las características del proyecto de ley formalmente denominado “Abordaje Integral del Crimen Organizado“, que el miércoles pasado recibió el aval del mandatario santafesino y de su ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni. Los dos funcionarios explicitaron su respaldo ante las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior.
“El proyecto no entiende el problema de manera integral“, como declama su nombre, señaló Darraidou: le falta una mirada acorde para pensar una criminalidad organizada en empresas criminales vinculadas al narcotráfico. Eso está ausente en el proyecto y también en el debate parlamentario.
En cambio, siguió la especialista, el texto sí contempla facultades extraordinarias para agencias estatales como las fuerzas de seguridad y la Justicia, instrumentos que Pullaro, incluso, cuestionó como “excesivamente garantistas”.
La integrante del Cels recordó que esas facultades extraordinarias ya existen en Santa Fe, y el problema es que no son acompañadas, ni en el proyecto nacional ni en las nuevas normas provinciales, por medidas para controlar el funcionamiento de las instituciones estatales a las que se les otorga esas prerrogativas.
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No es un problema menor, destacó Darraidou, si se repasan los numerosos casos de denuncias de abusos y de connivencia con el crimen por parte de funcionarios estatales. En Santa Fe, agregó, esos vínculos quedaron demostrados y hay varias sentencias judiciales. Lo mismo, aclaró, sucede en otras provincias y en el ámbito federal.
La especialista admitió que resulta clara la necesidad de atender los focos de la violencia, que se dan en los eslabones más bajos de la cadena de las organizaciones criminales, pero resaltó que también se deben combatir los procesos que permiten su enriquecimiento, porque de lo contrario nunca se va a romper su lógica empresarial.
Los protagonistas directos de la violencia ejercida por las organizaciones delictivas, explicó Darraidou, son intercambiables: los chicos de los barrios marginados que ponen el cuerpo, mueren y son perseguidos penalmente, fácilmente reemplazados cuando son asesinados o caen detenidos. Más, terció, en un contexto de aumento de la pobreza como el actual.
La integrante del Cels agregó que durante el debate parlamentario no se hizo foco en el hecho de que, junto con este proyecto, el Ejecutivo presentó otros cuya consecuencia es la ampliación de la población penitenciaria. Ya hay una situación crítica de superpoblación, recordó, que es uno de los factores de la ingobernabilidad en las cárceles. Y al mismo tiempo, siguió, el proyecto retira derechos, corriendo el escenario hacia la derecha sin resolver los problemas.
Otro tema que no fue analizado en el Congreso y no está contemplado en el proyecto, insistió, es la connivencia del sistema penitenciario con los integrantes de las bandas detenidos, que permite la coordinación de dinámicas delictivas desde la cárcel como ocurre principalmente en Rosario.
