Por Melisa Argento
Docente de la Facultad de Ciencia Política y RRII e integrante del Colectivo de Acción Por la Justicia Ecosocial de la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas
El RIGI, régimen de incentivo para las grandes inversiones que constituye uno de los núcleos centrales de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en verdad debería llamarse Reinado increíble de los grandes inversionistas. Dicho en palabras simples, en este momento se discute en la cámara de Senadores el otorgamiento de la media sanción que le falta a una Ley que -de aprobarse- entregará de manera no conocida en la historia de nuestro país, la soberanía total sobre territorio y bienes comunes al sector financiero especulativo.
El nivel de destrucción de las capacidades de control que tiene un Estado, en materia de derechos sociales, económicos, culturales y políticos que tiene esta versión reforzada de la dichosa Ley Ómnibus, excede toda capacidad de adjetivación que tengamos en la ya prolífica politología. Difícil es decir cuál de los capítulos y artículos de esta normativa ataca más la democracia -aun severamente imperfecta- que supimos conseguir y los derechos por los que luchamos generaciones enteras a lo largo, al menos del siglo XX y lo que va del XXI. En términos históricos retrocedimos dos siglos y sin duda, el mayor logro de La Libertad Avanza es el de tergiversar hasta su indefinición la propia noción de libertad, dinamitar por dentro todos los consensos históricos y llevarnos de nuevo a los imaginarios del siglo XIX, conservador, oligárquico y profundamente antidemocrático.
Mientras el poroteo legislativo y el “lobby del toma y daca” transcurre, amplios sectores de lo que es el heterogéneo campo popular analizan azorados los posibles impactos que esta normativa tendría sobre sus vidas cotidianas y sus proyecciones de futuro. La entrega de facultades extraordinarias (casi la suma total del poder público) a un presidente convirtiéndolo en un autócrata total que podría decidir en lo que atañe al sector económico, financiero, social, laboral, ambiental, científico, es uno de los más grandes golpes a la democracia. Hace no poco tiempo, para emprender este tipo de profundidad en las transformaciones fue necesario un régimen del terror, la más feroz dictadura militar de carácter institucional, con la desaparición forzosa de 30 mil almas y la persecución de millones más, en crímenes de lesa humanidad aún hoy sometidos a juicios políticos y condena social.
Esa doctrina del shock, como dice Naomi Kleim, era posible de implementarse sólo bajo ese despliegue de violencia de Estado y vulneración de todas las libertades políticas y sociales. Hoy en el nombre de esa libertad, se pretenden destruir el mundo del empleo, con una reforma laboral que implica entre otras cosas, la pérdida de las indemnizaciones por despidos, la mayor (aún) flexibilización y precarización en la contratación temporal laboral, la reducción del tiempo de las licencias por maternidades, la eliminación de la posibilidad de jubilación de miles de personas y, principalmente afectadas, las mujeres que han dedicado su vida al trabajo de la reproducción social y la producción del valor que sostiene al dichoso “dios mercado”.
Entre los superpoderes del Ejecutivo estaría el de modificar toda la Administración Pública Nacional, eliminar cuánta institucionalidad crea que sobra, sabiendo que destruye aquellas políticas que son las únicas que han llegado hasta todos los rincones del interior, como la Secretaría de Agricultura Familiar y el programa Pro Huerta. El nivel de depredación ha quedado absolutamente claro en los ataques al sistema Nacional de Educación Pública y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), dos instituciones que no sólo nos han dado los más grandes reconocimientos internacionales en el mundo entero sino que además representan la nada misma en materia presupuestal y gasto público -en comparación con la enorme cifra de subsidios al sector privado, corporaciones e incluso dietas públicas y judiciales.
En todo esto, el RIGI es sin duda el caballito de batalla de la destrucción. Este régimen, que fue reforzado en esta nueva versión de la Ley de Bases extendiéndose hacia todos los sectores económicos. La entrega total hacia el sector financiero se manifiesta en los enormes beneficios económicos como exención impositiva (IVA y retención de ganancias), eliminación de aranceles, excepción de pago de derechos de importación y después de tres años de exportación. Su implicancia pasa por encima de todos los niveles de estatalidad provincial, viola la condición federal de la Argentina y la propia Constitución Nacional (en su artículo 124 por nombrar solo uno, dado que se impone su implementación por sobre las autonomías provinciales). Por eso lejos de ser sólo una Ley, estamos frente a una reforma constitucional total camuflada, como plantean las voces de los constitucionalistas más relevantes y dentro de todo el amplio espectro político ideológico. El RIGI reafirma el poder del dinero por sobre el republicano, y dentro de un modelo extractivista y colonial.
Fomenta la inversión extranjera – pero también nacional- mayor de 200 millones de dólares en sectores como agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo, energía, tecnología. Y aunque muchas de estos sectores ya estaban cubiertos por la normativa de los años 90 neoliberales y los tratados de inversiones, lo que el RIGI les otorga es el arbitraje internacional. Cualquier conflicto que tuviera una población o Estado en sus diversas escalas (por contaminación ambiental, evasión de impuestos, delitos o lo que fuera) deberá resolverse solo en arbitraje internacional. En el CIADI. El Estado Nacional entrega la posibilidad de arbitrio, todo litigio se dirime en esta institución que pertenece al Banco Mundial, tiene su sede en Washington y ha sido estructurada para legislar a favor del capital. Argentina es el país más demandado en el CIADI en la actualidad.
Por si esto fuera poco el articulo 191 ese que a Rodríguez Chirillo (secretario de Energía) no se le cae la cara en decir que no leyó bien, dice que los VPU no podrán ver alterado su suministro de recurso ni su regulación durante 30 años. Esto quiere decir, que, en contexto de crisis socioambiental donde cotidianamente vemos incrementarse las condiciones climáticas adversas (ola de calor o temperaturas extremas, sequias) y/o las lisas y llanas “catástrofes” inundaciones, incendios, ciclones, si una parte de la población de nuestro país se quedara sin agua o sin energía, como de hecho ya pasa en muchas ciudades, de todas formas el capital controlante de un proyecto extractivo tendría prioridad por sobre esa población. Es la radicalización de un sistema ecocida, al que no le tiembla el pulso para imaginar su violencia criminal, su necropolítica social y ambiental.
Por este motivo, 50 organizaciones de la sociedad han presentado una carta al conjunto de los senadores y senadoras denunciando que este proyecto contradice principios jurídicos nacionales e internacionales vigentes en materia ambiental e implica disminuir los niveles de protección existentes.[1] Los inversionistas no están obligados a la presentación de Estudios de Impacto Ambiental ni la realización de Evaluaciones de Impactos Acumulativos de sus proyectos. No hay separación posible entre la promoción de una matriz económica primario-extractiva exportadora y la degradación ambiental.
[1] https://aadeaa.org/organizaciones-rechazan-las-reformas-en-el-proyecto-de-ley-bases-por-afectar-la-proteccion-ambiental/
Como tampoco es escindible de la degradación social. Estos capitales no estarían obligados al encadenamiento productivo local, ni a la transferencia tecnológica ni de conocimientos, ni a la generación de trabajo local, provincial o nacional. Tampoco están obligados a declarar el origen de los capitales involucrados. De manera que, la destrucción del entramado socio productivo y las capacidades industriales del país tienen riesgos inmediatos, sobre los puestos de trabajo de 300 mil personas, sobre la pérdida de respuesta soberana ante las necesidades y urgencias en materia de salud socio sanitaria (elaboración de kit para la detección de covid, barbijos, repelentes contra el dengue, vacunas, respiradores como ejemplos recientes) y, abre el juego al ingreso de capitales no declarados ni legales algo que en todas las economías completamente liberalizadas ha impactado en un crecimiento de la expansión del narcotráfico.
Es el experimento de lograr una Argentina de enclave total. Por eso la Ley de Bases para la destrucción no puede ser aprobada.
