La historiadora e investigadora del Conicet Rosario Marianela Scocco describió la grave situación que atraviesan los institutos asentados en la ciudad, y los del resto del país, por la cesantía de trabajadores administrativos y de apoyo a la investigación que son imprescindibles para su funcionamiento

En el Conicet no solo hay investigadores e investigadores sino también una mínima planta de personal administrativo y de apoyo a la investigación, explicó Scocco. Y es en ese colectivo, que en Rosario es de apenas 38 personas, donde recayeron las cesantías.

Se trata de quienes estaban con los contratos precarizados conocidos como “artículo 9”, precisó la investigadora. Una forma de contratación, dijo, que el Estado utiliza desde hace muchos años, con los que prorroga un vìnculo laboral precario. Esto permite que, como ahora, se le puedan cambiar las condiciones. Por ejemplo, señaló, reduciendo la extensión de un año, como era, a tres meses.

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Si la decisión del Gobierno nacional, en función del dogma de reducción del Estado, ya de por sí habilita discusión, la forma de llevarla adelante, calificó Scocco, es además perversa: esos trabajadores, que hace varios años desempeñan sus funciones, son despedidos sin ninguna indemnización.

La historiadora destacó que lo que ocurre en el Conicet es análogo a lo que sufre toda la planta de la administración pública nacional. Las notificaciones son también hostiles. En el caso del Conicet Rosario, explicó, fueron el viernes 22 de marzo por medio de un correo electrónico y bajo la fórmula de “no continuación”. La desconsideración es por partida doble: se desafecta a empleados que son necesarios para el funcionamiento de los institutos y se comunica la cesantía con menosprecio por las funciones y las consecuencias de la pérdida de un trabajo.

A eso, siguió Scocco, se suma una dinámica de desinformación que agrega incertidumbre: se comunica algo que al otro día se desmiente, sobre temas tan sensibles como la pérdida de ingresos laborales.

La investigadora resaltó que en Rosario, además, uno de esos despidos camuflados tuvo que ser revertido: el de un trabajador que estaba bajo el cupo establecido por ley para personas con discapacidad. En otros puntos del país, bajo las mismas condiciones, no se dio esa marcha atrás.

Scocco enfatizó que no hay ningún criterio para los despidos, ni auditoría ni evaluación de las funciones que cumplen los afectados. Un escenario, dijo, que recuerdsa lo que ocurrió durante la gestión de Mauricio Macri, aunque entonces sí se encargó una auditoría, en 2016, cuyo resultado fue que todos los puestos laborales eran imprescindibles y que incluso la planta del Conicet debía ser ampliada.

La referenta del Conicet mencionó que en otros casos de despidos masivos, como en la Ansés, hay un criterio que queda expuesto: desmantelar un ámbito del Estado que atiende a los sectores más desprotegidos de la sociedad, o al menos reducir a la nada su actividad concreta. Por ejemplo, para avanzar en la privatización del sistema de jubilaciones, hacia un modelo que en los 90 se conoció como el de las AFJP.

Los despidos en Ansés, de hecho, provocaron el cierre de oficinas por falta de personal, con lo cual los usuarios de muchas localidades deben ahora trasladarse muchos kilómetros para ser atendidos.

En el fondo, resumió Scocco, se trata del desguace del Estado como garante de derechos y de una mínima equidad social. Y la clausura de sus funciones sociales, culturales y, como en el Conicet, científicas y tecnológicas para un desarrollo soberano.