Tres diputadas provinciales de Santa Fe coincidieron en señalar el retroceso en materia de derechos y en desconocimiento de las desigualdades que atraviesan a la sociedad que implican los instrumentos enviados por el Ejecutivo nacional al Congreso. En varios artículos, destacaron, arrasa con los avances conseguidos en los últimos años

Durante el programa Apuntes y Resumen estuvieron en el estudio de Radio Universidad Lionella Cattalini (bloque Socialista), Sonia Martorano (bloque Juntos Avancemos) y Lucila de Ponti (bloque Santa Fe sin Miedo)

El DNU y el mega proyecto de ley es “coherente” con lo que declaran los funcionarios nacionales y el propio presidente Javier Milei, abrió el intercambio De Ponti: no consideran la perspectiva de género. Eso, resaltó, es una posición política. No consideran las desigualdades y las asimetrías entre mujeres y varones en diferentes ámbitos sociales. La diputada peronista recordó que el primer acto de Gobierno contundente en este sentido fue la eliminación, en el organigrama nacional, del Ministerio de Género.

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Un ejemplo del ninguneo de la dimensión de género en la ley ómnibus, agregó De Ponti, son las modificaciones a la ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en cualquiera de los Poderes de la función pública nacional. Los cambios remiten a un concepto de “violencia familiar” para diluir la trama.

En este caso, como en varios otros, destacó De Ponti, hay un retroceso respecto del consenso alcanzado para darle a la violencia de género y a la perspectiva de género un tratamiento especial tanto en el sistema penal como en las políticas públicas, incluyendo a las del ámbito cultural. Y eso modifica, en términos negativos, la intervención del Estado.

Las restantes legisladoras coincidieron en la visión. Martoriano llevó a la mesa un tema puntual relacionado con la salud, que se está analizando con los diputados nacionales. Se trata de la conocida como ley de los mil días, que es “fundamental” y abarca los nueve meses de embarazo y los dos primeros años de vida de los niños y niñas. “Dio grandes resultados”, refirió la legisladora de Juntos Avancemos, en tanto da herramientas de apoyo a la persona gestante y acompaña el embarazo adolescente. Los cambios propuestos por el oficialismo nacional, enfatizó, desvirtúan su esencia. Y a al vez, da por tierra con una construcción de años, a través de luchas populares, que finalmente consiguió poner en agenda problemas durante mucho tiempo invisibilizados.

Cattalini señaló que el DNU y la ley ómnibus también eliminan políticas referidas a la vida cotidiana de las mujeres. Lo explicó: cuando se atraviesa una crisis con inflación galopante como la actual, las más afectadas son las mujeres. Y también, agregó, son las primeras que salen a la calle y ponen el cuerpo antes estas coyunturas.

Cuando se acelera el empobrecimiento general, siguió, impacta más en las mujeres. Los instrumentos van en línea con una profundización de la desatención del Estado también hacia los niños y niñas. Esto impactará, si se aprueban, en el sistema de cuidados, la manutención y la salud.

Otro ejemplo que va en linea, aportó Cattalini, es el intento de derogar la ley que respalda a los laboratorios farmacéuticos públicos. Es la norma, recordó, que regula al Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de la provincia de Santa Fe, que además del misoprostol elabora medicamentos genéricos sobre todo para los centros de salud pública. En el caso del misoprostol, el resultado es contundente: desde hace años, en la provincia no hay muertes de mujeres por abortos clandestinos.