El escritor y periodista especializado en casos policiales Osvaldo Aguirre aclaró que cada hecho criminal debe ser analizado en el contexto social e institucional, y remarcó la el escenario de ausencia estatal en prevención y contención a la que se agrega una presencia contraproducente de las fuerzas de seguridad

El asesinato de César Roldán, chofer en la línea 116 de la empresa estatal de transporte urbano de pasajeros Movi, fue un hecho inscripto en la atmósfera de creciente violencia en Rosario, pero por sus características y la pertenencia de la víctima a un gremio con poder de movilización (UTA) sobresalió en la saga criminal que sacude a la ciudad.

El colectivero fue acribillado el sábado pasado cuando cumplía con su recorrido en la zona oeste, y en plena tarde. Todo indica que fue una víctima ajena al conflicto que originó el ataque: un mensaje entre grupos de narcomenudeo matizado por el enfrentamiento de sus líderes encarcelados y que se dirime en las calles a costa de la vida de personas externas a las disputas.

El reciente crimen de Roldán “hay que pensarlo en el contexto reciente y el más amplio de la criminalidad en Rosario”, señaló Osvaldo Aguirre en diálogo con el programa Apuntes y Resumen.

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El narrador destacó que si, como se repite, es un hecho similar al asesinato del músico Jimmy Altamirano, ejecutado el 1° de febrero pasado en la puerta principal de la cancha de Newell’s y utilizado como “sobre” para un mensaje mafioso, hay que preguntarse en qué consiste esa comparación.

“Uno de los factores comunes es la cárcel. No es algo nuevo. ¿Cómo es posible que la cárcel santafesina siga funcionando como un factor de violencia y de desestabilización?”, señaló Aguirre sobre la normalización de esa clara exposición de la falla del sistema.

“El gobierno provincial saliente intentó un mayor control en los penales, entre otras cosas con la inhibición de señales de celulares, y sin embargo eso fue insuficienirte para cortar el vínculo con el exterior, el funcionamiento de la cárcel como alimentador de la violencia en las calles de Rosario”, recordó el escritor y periodista.

Es que, expuso, recurrir a la tecnología no resuelve de por sí este tipo de problemas. Un error crónico es que las intervenciones del poder político obviaron la situación anómala del Servicio Penitenciario y de la Policía provincial. Y agregó que, en esa misma línea, desde la nueva gestión que encabezará Maximiliano Pullaro adelantaron el envío de un paquete de leyes a la Legislatura referidas al área de Seguridad. La pregunta, dijo, es la misma: ¿hacen falta nuevas normas o hay que poner bajo la lupa las agencias estatales que tienen que hacerlas cumplir?

La experiencia, destacó Aguirre, enseña que no basta con la represión y la persecución penal: las cárceles en la provincia están superpobladas y la violencia no cesó, sino que se incrementó. Porque el encierro no interrumpe el circuito de la criminalidad.

“Es necesario, más en la transición entre gestiones, pensar en ese fracaso de intervención en las cárceles”, reflexionó el periodista.

Aguirre se refirió a otro hecho significativo: el doble crimen perpetrado en calle Magaldi al 8700 el martes 21 de noviembre último. En ese episodio, fueron asesinados Francisco Valentino García y su pareja, Karina Soledad Ferreyra, ambos de 23 años. A los dos le impactaron alrededor de una decena de balazos y en la misma jornada hubo otros ataques armados en el mismo barrio Gráfico y el incendio de una vivienda señalada por los vecinos como un búnker de drogas. Las hipótesis de los investigadores apuntó, de nuevo, a una violenta disputa territorial de pequeños grupo por el negocio del narcomenudeo tras la desarticulación del poderoso clan Villalba.

“El fiscal que intervino dio cuenta de una situación de ausencia total del Estado, y de connivencia policial.”, recordó Aguirre para señalar que son dos factores de las condiciones de posibilidad de violencia letal en la ciudad. Se trata, recalcó, de “una zona virtualmente liberada”.

La responsabilidad del periodismo

El asesinato del suboficial de policía César Carmona, perpetrado el 14 de septiembre último frente a la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de calle Lamadrid al 400 es un ejemplo de otro de los malos tratamientos del escenario de violencia, acotó Aguirre. Repasó que en el momento se tejieron desde los medios varias interpretaciones que fogonearon el miedo, la alarma y la indignación sin reflexiones precisa ni información sobre el suceso. La investigación las dio por tierra, al enfocarse en otro tipo de fenómeno delictivo, el robo de la recaudación de una financiera para la que trabajaba la víctima como custodia.

“Una de las exageraciones (periodísticas) es la descripción, en la ciudad, de una criminalidad organizada que desafía al Estado, cuando en realidad lo que hay es una criminalidad desorganizada que es más violenta en cuanto más desorganizada”, contrastó el escritor. Porque lo que define el escenario es un conjunto de pequeñas bandas integradas por jóvenes armados, que se reconfiguran continuamente, y enfrente un Estado ausente que no tiene control de la calle. Por eso, se suceden crímenes en plena tarde, ante la vista de todos.

Los anuncios, por ahora mediáticos, de las próximas autoridades nacionales en el Ministerio de Seguridad, que volverá a encabezar Patricia Bullrich ahora en la gestión de La Libertad Avanza, completó Aguirre el desalentador panorama, son de tenor casi exclusivamente represivo: cárceles, envío de más fuerzas federales a Rosario y, desde las autoridades provinciales, adhesión a la ley de narcomenudeo federal, para que esos delitos de baja escala sean investigados por el fuero y la justicia provinciales. “Hay que recordar que en 2024 se cumplirán 10 años del desembarco de fuerzas federales a Santa Fe y en particular a Rosario”, sin que la violencia haya disminuido.