Una provincia forestal que dejó de serlo desde mediados del siglo XIX y tomadores de decisiones sin conocimiento de lo que está en juego, falta de políticas públicas efectivas y sólo la sociedad civil organizada tomando una agenda prioritaria frente al cambio climático

En la Tertulia de Viernes de Apuntes y Resumen previa a la segunda vuelta presidencial, participaron Silvia Molina, de la ONG Protegiendo nuestros árboles, de Rosario, Claudia Azugaray, ingeniera agrónoma doctora en Agronomía y magister en Manejo y conservación de los derechos naturales, Mario Caporali, artista visual, músico, realizador audiovisual y activista ambiental de Pueblo Esther, Franca Bonifazzi, politóloga, residente en Casilda y participante de la movilización contra el edificio judicial en el principal espacio verde de su localidad, Susana Di Pato, docente universitaria jubilada que reside en Pueblo Esther, y la periodista especializada en Ambiente, además de columnista del programa, Jorgelina Hiba.

El disparador de la convocatoria fue una reacciòn en Pueblo Esther contra el intento de arrasar un monte formado a partir del amparo de vecinos para garantizar una zona de resguardo de fumigaciones, ante lo cual la naturaleza recuperó el espacio que, ahora, está otra vez en peligro.

La tertulia completa se puede escuchar acá ↓ 

Caporali fue el protagonista, último en verdad, de una defensa ambiental cuyo antecedente es la lucha de numerosos vecinos años atrás. El artista explicó que vive en Pueblo Esther desde hace cinco años. Que allí se quedó “enamorado” de sus paisajes naturales. Dos días antes de estar en el estudio de Radio Universidad, recordó, observó cómo una topadora comenzaba a trabajar en un monte nativo que comenzó a formarse hace unos ocho años gracias al cese de la intervención humana.

Allí, señaló, hay plantas medicinales y comestibles. Desconocidas para la mayoría, porque no hay, o se ha perdido, la costumbre de aprovechar las especies nativas, ni para medicina ni alimentación.

Caporali repasó que un grupo de vecinos de la calle Río Salado, en el límite con Lagos, habían interpuesto en la justicia una acción de ampara contra los propietarios de un campo lindero en el que había actividad productiva agropecuaria con fumigaciones. Les dieron la razón y consiguieron que se ordenara una zona resguardada de aspersiones con agrotóxicos.

Eso, señaló, permitió crecer el monte con especies como el Aguaribay y el eucaliptus, entre muchas otras. Cuando observó la topadora, Caporali se paró delate, casi como un acto de salud, y comenzó a indagar, sin respuestas, sobre la orden para avanzar sobre la vegetación. Sólo le dijeron que el terreno –privado– pertenece a la jurisdicción de General Lagos.

Susana Di Pato agregó que fue la llamada Asamblea por la vida sin venenos de Pueblo Esther la que activo la demanda que permitió la formación del monte. “Muchos veincos que pusieron el cuerpo”, elogió. Consiguieron una franja de entre 300 a 500 metros sin fumigación, Y ahí nació el espacio de vegetación autóctona. Antes del ampara, y cada vez que se fumigaba, los vecinos ya exigían la receta agroquímica del producto utilizado.

Susana recordó que no hay epidemiología de los efectos de los agrotóxicos en la Argentina.

Otra de las invitadas comentó que trabajó varios años en el norte provincial, desde San Justo hacia arriba, y trazó un recorrido histórico. Santa Fe era una provincia forestal, señaló. Tiene dos ecorregiones. Una es la Chaqueña, donde están los quebrachales y bosques mixtos. El espinal, que limita al sur con la zona pampeana, donde se ubica Rosario, es de transición. Y la del Delta de las islas del Paraná, con albardones de gran rioqueza vegetal.

La destrucción de los ecosistemas, afirmó, empezó a mediadpos del siglo XIX, con la llamada Campaña del Chaco, la irrupción de colonos armados del extranjero y del ejército argentino en formación. A partir de 1866, comenzaron a correr las fronteras y fueron desterrando a las poblaciones originarias, consideradas salvajes. El sector de la cuña boscosa, sobre el valle de inundación del Paraná, fue arrasado. Después, siguió, llegó La Forestal, cuyo esplendor fue a lo largo de las primeras dos décadas del siglo XX. Es, en resumen, dijo, una historia de depredación en la provincia. Una pèrdida de esa gran masa arbórea existente que, entre otras cosas, impacta en los ciclos hidrológicos.

Silvia Molina aprovechó la invitación a la radio para entregar un listado de los árboles extraidos en Rosario, en su mayoría como consecuencia de obras de construcción y con permisos municipales. La activista recordó que hace 15 años fueron vecinos autoconvocados los que se propusieron defender el arbolado público de la ciudad.

Planteó la gravedad actual al señalar que desde noviembre de 2020 se podan indiscriminadamente y sin supervisión de profesionales. Eso no es culpa del operario al que le ordenan el trabao, aclaró. Es que no hay plan. Hay cinco cuadrillas, especificó, más dos empresas tercerizadas. Explicó que si bien hay especímenes que se deben extraer o podar, otros deben ser tratados para que no caigan por la lluvia o el viento, y así se pierden.

Son principalmente las empresas constructoras las que retiran los árboles, dijo, y lo hacen amparados por permisos del Ejecutivo local.
Recordó que en el Concejo Municipal hay un proyecto de ordenanza para que haya un árbol por lote, aunque otra propuesta propone reducir a un ejemplar por cada dos lotes, cuya medida estándar es de 8,66 metros de frente.

Además, agregó, si bien se anuncian planes de implantación de árboles por parte del Palacio de los Leones, se observan muchos de ellos secos, o las cazuelas vacías por falta de riego, con lo cual las iniciativas quedan en una puesta en escena.

Franca Bonifaci, de Casilda, llevó a la mesa la lucha de la Asamblea local para evitar la construcción de un gran edificio juficial, que reunirá varias dependencias hoy separadas, en el Parque Sarmiento de esa ciudad, el único de la ciudad y además una reserva hídrica provincial porque está a la vera de un arroyo. Se extrajeron más de una veintena de árboles para despejar el terreno, explicó. Todos de gran porte, plantados por los vecinos hace décadas y que ofrecían una invalorable sombra en tiempos de calentamiento global.

Además del impacto ambiental, destacó, está el social: muchos vecinos perdieron su espacio de esparcimiento, “Parece que no se habla el mismo idioma”, sintetizó en referencia a las personas que toman decisiones y desconocen cuestiones básicas. “Si hay legisladores que hasta niegan el cambio climático”, reforzó el panorama. Se trata, dijo, de otra de las cuestiones mínimas que la democracia no tiene acordadas.

Jorgelina Hiba, en el mismo sentido, recordó que, en el proceso de cambio de gestión provincial y modificación del Gabinete, el Ministerio de Ambiente estuvo a punto de perder su estatus institucional. Es que no hay por parte del sistema político, completó, la asunción de una agenda ambiental que sí está ganando terreno en la sociedad civil.

Claudia Azugaray, en la misma línea, expuso el ejemplo de la Asamblea de Villa Gobernador Gálvez, vecinos que pelean por mantener casi cien hectáreas de bosquecitos de la reserva local, que además cuenta con un guardafaunas. Se defendió de una última arremetida, explicó, que planteaba un sendero desde el camping regional hasta el arroyo Saladillo, con un mirador para la casacada, en un área marcada como roja por la ley de bosques provincial.