Las firmas involucradas deberán adecuar sus prácticas y realizar acciones de mitigación y restauración ambiental en Villa Gobernador Gálvez. La decisión se basa en una demanda presentada por la fiscalía de Rosario
La jueza Verónica Gotlieb, del Juzgado de Distrito en lo Civil y Comercial de la 13ª Nominación, condenó a seis empresas ubicadas en las cercanías del arroyo Saladillo por su participación en la contaminación de este cuerpo de agua. Las empresas, ubicadas en el polo industrial de Villa Gobernador Gálvez, se encontraban descargando efluentes sin tratar en una sección del arroyo Saladillo y el zanjón de la reserva natural “Villa Gobernador Gálvez.”
La resolución se deriva de una demanda civil interpuesta por la fiscalía extrapenal de Rosario, que buscaba responsabilizar a estas empresas por los daños ambientales causados en un área natural protegida. La decisión de la jueza se basa en el principio fundamental de “quien contamina, paga.”
En virtud de esta condena, las empresas están obligadas a tomar dos acciones significativas:
- Adecuación de Procesos para el Tratamiento de Efluentes: Las empresas deberán ajustar sus procesos de gestión de efluentes para cumplir con la legislación ambiental vigente. Esto implica implementar prácticas más ecológicas y sostenibles en sus operaciones para evitar futuras contaminaciones.
- Recomposición de los Daños Ambientales: Además de modificar sus operaciones, las empresas deberán participar en acciones preventivas de mitigación y recomposición ambiental. Esto significa que deberán contribuir a restaurar el ecosistema de la reserva natural y la sección dañada del arroyo Saladillo a su estado previo a los daños causados.
La fiscal extrapenal, María Laura Martínez, comentó sobre la resolución, enfatizando la importancia de estas dos acciones. Martínez también destacó la necesidad de llevar a cabo un cronograma de trabajo con la participación de las autoridades locales, en este caso, la municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, para lograr una recuperación efectiva del arroyo. Además, se propuso la realización de audiencias públicas para garantizar que la comunidad pueda acceder a información y participar en los procesos ambientales.
Las empresas condenadas en tal sentido son: Euro S.A., se incluye al establecimiento denominado Aquiles; Total Química S.A.; Shorton Argentina S.R.L.; Mattievich S.A. y/o Subproductos Ganaderos Rosario S.A.; Empresa de Baños Químicos y/o Sres. Sebastián Peralta y/o Mauro Michelotti y Reciclar SRL o Reciclarte S.R.L.
