Se trata de Cadra, con autorización de la Inspección General de Justicia desde 2002 y, ahora, con el aval presidencial. Dice defender a los autores y editores de libros, y pretende cobrar para ello un canon por las reproducciones de las obras. Un gran debate y confusión entre derechos laborales y rentísticos. Varias editoriales universitarias y autores progresistas integran esa asociación

El Centro de Administración de derechos Reprográficos de Argentina (Cadra), es una asociación civil sin fines de lucro que estuvo a punto de recibir el visto bueno del presidente Alberto Fernández para firmar un decreto por el que se la reconoce como entidad monopólica de gestión de derechos reprográficos para todo el territorio nacional. Algo así como una Sadaic pero de los libros. Otras organizaciones y personalidades de la cultura levantaron la voz y la iniciativa quedó en suspenso. Una de las voces que más claridad pone sobre el tema es Beatriz Busaniche, licenciada en Comunicación Social por la UNR y magíster en Propiedad Intelectual por Flacso, además de presidenta de la Fundación Vía Libre. Y habló sobre el tema con el programa Apuntes y Resumen.

“Desde hace años, Cadra brega por constituirse como una entidad de gestión colectiva de derechos de autor. Una institución como por ejemplo Sadaic, en el caso de los discográficos”, puso en contexto Busaniche. Y explicó el funcionamiento concreto: “Gestionan derechos rentísticos sobre obras intelectuales. Sadaic (creada por decreto de 1968 durante la dictadura de Juan Carlos Onganía) lo hace con repertorios musicales. Cadra pretende hacer lo mismo en representación de todo el sector librero, editores y autores. Hoy sólo representan a su membresía, los socios que le han dado el poder para eso“.

La nota completa se puede escuchar acá ↓

La especialista aclaró que la oposición a las pretensiones de Cadra no es una discusión sobre el derecho de los autores, sino sobre la potestad recaudatoria, para colmo monopólica, de esa ONG. “Este tipo de organizaciones tiene numerosos problemas, avanzan sobre instituciones culturales que se vienen defendiendo desde hace años con el reclamo de que la dimensión patrimonial se flexibilice”, señala.

El escenario no es el mejor, agrega Busaniche: “Argentina tiene una de las legislaciones más estrictas y retrógadas del mundo en materia de derecho de autor. Sólo 20 países no reconocen flexibilidades en favor de bibliotecas respecto de reproducciones para la conservación de material deteriorado, el préstamo interbibliotecario, la copia de una obra que ya no se consigue en el mercado o la puesta a disposición de estudiantes. Todo eso está prohibido en la Argentina, por ley“.

El dinero en juego no es poco, su destino es oscuro, o en todo caso los supuestos beneficiarios de esa recaudación recibirán un monto insignificante. Según el tarifario 2023 disponible para consulta en el sitio web, ejemplifica Busaniche, una universidad como la UBA, con más de 300.000 estudiantes, debería abonar alrededor de 680 millones de peso al año por la autorización de fotocopiar y reproducir digitalmente hasta el 20% de los libros que se utilizan en las carreras que dicta. Incluso ante el hecho de que la UBA no hace copias digitales o en papel para los estudiantes y docentes.

Además, completa la referente de Vía Libre, Además, la distribución de lo recaudado es discrecional. No hay forma de auditar lo que se fotocopia. Y Cadra se queda con el 45% de lo que cobra, en concepto de gastos administrativos y seguros por posibles demandas. Apenas entre el 2 y el 3 por ciento va para los autores. No todos, encima: sólo los asociados.

Poco beneficio y gran perjuicio, excepto para la ONG. Continúa Busaniche: “Lo que le quiten a las universidades no volverá y, además, esas instituciones pagan los libros que tienen en sus bibliotecas, lo mismo las suscripciones a revistas académicas, incluso pagan por publicar en ellas”. Y respecto de la retribución: “En las universidades, lo que mayormente se fotocopian son los clásicos”. Y el mínimo porcentaje del dinero que cobra Cadra y deriva a los autores terminará en manos de escritores de best sellers de la última década.

Confusiones que llevan a contradicciones

Entre los autores que forman parte de Cadra hay apellidos que llaman la atención: Martín Kohan, Claudia Piñeiro, Dora Barrancos, Adriana Puiggrós, Adrián Paenza, Cristian Alarcón, Pablo Alabarces, Mempo Giardinelli, Eugenio Zaffaroni, Juan Sasturain y Felipe Pigna, por ejemplo, que se inscriben en espacios por así llamarlos progresistas.

También están las editoriales Planeta, Penguin, Corregidor, Marea, Asunto Impreso, Godot, Siglo XXI, La Crujía, Biblos, Libros del zorzal, La brujita de papel, Abran cancha, Eterna cadencia y algunas universitarias: Eudeba, UNSAM Edita, UNICEN, UNPAZ, UNC, UNVM, UNCa, UNPSJB, UNGS.

Hay una contradicción fundada en confusiones. La magister en en Propiedad Intelectual aclara que tiene un gran respeto por Kohan, a quien considera un intelectual lúcido. Y casi pide disculpas por confrontar su defensa de Cadra, que el escritor expresó públicamente además de integrar la ONG.

“Incurre en una contradicción que parte de confundir derechos de naturaleza distinta: patronales rentísticos y laborales. En los segundos, hay un empleador que paga por un trabajo en una relación asimétrica. Al equipararlos, se confunde quién es el explotador. En el caso del escritor, es el editor, quien debe pagarle apropiadamente al autor y asumir los riesgos de comercialización de la obra“, explica Busaniche. “El patrón del escritor no es el lector. El contrato del escritor es con su editora, no con los lectores ni las bibliotecas ni las universidades“, refuerza la distinción.

“Cadra representa a las editoriales y a sus abogados, eso está explicitado en la nómina de su comisión directiva”, destaca la especialista. ¨Porque una cosa son los miembros y otra la conducción. “Son esos mismos letrados que diseñan contratos leoninos con los escritores, que establecen retribuciones del 9 o 10 por ciento del precio de venta de los libros”, replica a Kohan. “Eso es explotación, y no por parte del lector”, insiste. Y completa: “No hay una contradicción entre los derechos de autor, de los trabajadores de la cultura, los derechos de acceso y participación en la cultura. Los tres son fundamentales y tienen que moverse en conjunto”.

,