A partir de un informe de la Procunar, que exhibe el aumento de causas contra quienes tienen estupefacientes para uso personal, la diputada Matilde Bruera cuestionó la política criminal de la Justicia, que va detrás de lo que sugiere e impulsa una policía corrupta

Un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) refleja que durante 2022 crecieron las causas judiciales, respecto del año anterior, un 39 por ciento: pasaron de 13.736 a 19.154. Sin embargo, el 77 por ciento de los expedientes y las persecuciones apuntan a aquellos que tenían droga en su poder para consumo personal.  

La diputada provincial y ex Defensora Pública, Matilde Bruera, denunció en La Marca de la Almohada que la tendencia alcanzó “una dimensión escandalosa” porque “toda la política criminal de la Justicia Federal sigue apuntando a los consumidores en lugar de apuntar al narcotráfico”.

“La mayoría de las causas iniciadas en 2022 son por tenencia para consumo. Una figura totalmente discutida a nivel constitucional, porque el consumo no es delito. Por lo tanto, la tenencia para consumo tampoco puede ser delito. En el año 2009 la Corte lo dijo en el fallo Arriola. El narco goza de impunidad porque la Justicia Federal no se ocupa de ese tema. Es cierto que la Justicia necesita recursos, pero lo que más necesita es delinear una política seria en relación a la narcocriminalidad”, aseguró Bruera.

“Quien toma las decisiones de qué se persigue y qué no, es la propia policía. Sabemos el grado de corrupción y de vinculación que existe entre fuerzas de seguridad y organizaciones de narcotráfico, es obvio que se aseguran la impunidad”, marcó la diputada sobre las graves falencias del sistema que se reflejan en el último informe de la Procunar.

Bruera marco que el Estado argentino, en línea con las convenciones internacionales de las que ha participado, debería orientar sus políticas a perseguir al narcotráfico y a trabajar el consumo como “un problema de salud”.

La diputada marcó que al publicar las nuevas estadísticas “el propio Procunar está abriendo el debate”, y dijo que es necesario “invertir en la orientación” de las políticas de persecución. “Invertir y dirigir qué es lo que se va a investigar. Porque si no se está tirando la plata porque todos los esfuerzos del Estado son para poner preso a los consumidores y el narcotráfico se sigue desarrollando porque tiene la impunidad garantizada. Y a nosotros nos preocupa, en Santa Fe y Rosario, no sólo el narcotráfico, sino el grado de violencia que se ha desarrollado en los últimos quince años y que viene in crescendo”.

Por último, se detuvo en los planteos y promesas que realizan durante la campaña electoral los candidatos, en los que Bruera dijo advertir “un gran desconocimiento y una gran cantidad de slogans sueltos”. Uno de ellos, criticó, es apuntar a la desfederalización del narcomenudeo.  “Es decir que no sólo los fiscales federales se van a dedicar a perseguir consumidores, sino que la Justicia provincial también. Y nadie dice que hay que dejar de perseguir a los consumidores y perseguir a los dueños del negocio. Sino esto es como perseguir el síntoma y no las causas. Los fiscales tienen facultad para decidir una política criminal. Tiene obligación de decidirla. No pueden salir al tanteo y someterse a lo que a la policía se le ocurre perseguir. Para la policía no es sólo por un tema de complicidad, porque protege a las bandas, sino hasta por comodidad. Es más fácil agarrar a un consumidor o a un pequeño dealer que está en un bunker que perseguir el narcotráfico”, concluyó la legisladora provincial.