La abogada Analía Aucía abordó el caso de un hospital de Rafaela en el cual un médico conservó 257 fetos desde 2005. La Justicia definió que sean anotadas las defunciones para poder enterrarlos

Analía Aucía, abogada, docente de la UNR e integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, visitó Apuntes y Resumen para abordar el caso del hospital Jaime Ferré, en Rafaela, donde el jefe del Servicio de Anatomía Patológica ocultó 257 fetos de embarazos que no llegaron a término desde 2005.

Al intentar darle sepultura la Justicia ordenó que las defunciones fueran inscriptas en el Registro Civil, como si se tratara de personas nacidas. Entre otras irregularidades, y vulnerando el derecho de las pacientes, se citó a las mujeres que perdieron aquellos embarazos revictimizándolas. Un caso de patriarcado que involucra a médicos y a sectores de la Justicia.

“No dejo de impactarme cuando escucho la cifra, cuando vuelvo a pensar en esa práctica durante tantos años de un jefe de servicio de guardar los fetos en el armario del laboratorio por decisión propia. Lo hizo con total desconocimiento de las mujeres que portaron esos embarazos que no llegaron a término. Sin el consentimiento informado, que es un deber para los profesionales de la salud. Hay una vulneración a la ley de derecho del paciente y también al deber ético que tiene cualquier profesional”, planteó Aucía.

La especialista en perspectiva de género planteó que no es posible “hacer un acta de defunción de personas que no existen”.

“Es un disparate legal porque los fetos no son personas, son embarazos que no llegan a término y no nacen con vida, como plantea el Código Civil, que es tajante. Si no existió, ¿cómo se va a inscribir en el registro para después darle el certificado y enterrarlo?”, insistió.

La abogada y docente cuestionó al abogado que defendió al médico, quien aseguró que el fallo de la Justicia Civil y Comercial de Rafaela fue “revolucionario”.

“Está en la oposición opuesta a ser revolucionario. Este fallo le hace lugar al pedido de darle sepultura, que es un disparate legal. Ese fallo reproduce un status quo, la jerarquía de los sexos, un saber profesional que degrada a un saber no profesional. Este fallo que ordena citar a las mujeres que portaron esos embarazos que no llegaron a término por causas no provocadas. Da a conocer el nombre de las mujeres, vulnerando la confidencialidad. Se vulneraron todos los derechos del paciente”, marcó Aucía entre las múltiples irregularidades.  

“Imagínense que una mujer después de muchos años de una perdida de embarazo, con el dolor que le provocó, recibe una citación de la Justicia para revivir todo eso. Una mujer que ya sanó y resolvió. Las mujeres son ubicadas en este rol de reproductoras de la especie, del que no se pueden correr. Claramente no son todas las mujeres. También hay un abuso clasista. Un sector de la justicia es patriarcal y fascista. No son mujeres de clase media o clase alta, que estarían incendiando todo con demandas a la Justicia”, planteó Aucía.

La docente concluyó que “además de la denuncia penal y del incumplimiento de los deberes de funcionario público, también al Estado le corresponde iniciar un sumario administrativo para investigar. Le correspondería al médico algún tipo de sanción administrativa porque hay una vulneración flagrante de estos derechos”.