Salvador Vera aseguró, en diálogo con La Marca de la Almohada, que están probadas las agresiones contra el joven por parte de los dos policías y los dos patovicas, quienes no pudieron desconocer que el resultado de la caída al río podía ser la muerte

El abogado de la familia de Carlos “Bocacha” Orellano, el joven de 23 años que murió tras ser atacado por personal de seguridad de un boliche, el 23 de febrero de 2020, consideró que el fallo que impone penas de entre 6 y 12 años de prisión a tres personas y la absolución de una cuarta “no es razonable”, ya que los acusados lo agredieron y fueron partícipes de una acción que no podían desconocer que como resultado podía provocar la muerte del joven.  

“No hay ninguna duda respecto de que Orellano recibió agresiones y golpes. Sujeciones y compresiones del cuello, y que muere ahogado. Los testigos presenciales de esta última secuencia indican que previo a que Orellano caiga al agua o salte hay una agresión, hay sujeciones del cuello, de los brazos”, planteó Salvador Vera en diálogo con La Marca de la Almohada.

Vera explicó que mientras los jueces entendieron que “no hubo un acorralamiento sobre la baranda que determinó la caída”, por lo que “no hubo una acción dolosa por parte de los imputados”, la fiscalía argumentó por el contrario que Orellano “salta porque es la única vía de escape posible que le brindaron los cuatro agentes de seguridad, que claramente lo estaban abordando grupalmente”.

“El Tribunal entiende que no hay intervención de terceras personas. No es razonable. La prueba indica otra cosa. Es muy difícil de sostener desde la lógica que no estaba en la consideración de los agentes de seguridad esa posibilidad, esto es de la caída con la muerte como resultado”, insistió Vera.

El miércoles se conoció el fallo contra los policías Gabriel Nicolossi –12 años de prisión– y Karina Gómez –9 años–, mientras que el patovica Emiliano López recibió una pena de 6 años de cárcel. El agente de seguridad del boliche Ming River House, Claudio Maidana, fue absuelto por el beneficio de la duda. Lejos de lo solicitado por la fiscalía, quien pretendía condenas de entre 17 y 23 años de cárcel.

  “Los jueces han definido un encuadre jurídico en el que concursan idealmente dos delitos: el de abandono de persona con el homicidio preterintencional, que son los cometidos por personas que tienen intención de causar un daño, como una lesión, y producen sin querer la muerte. Ni la querella ni la fiscalía compartimos este encuadre jurídico. Entendemos que el Tribunal, por unanimidad, dio por probado los hechos como fueron presentados por la acusación. Esto es, tres secuencias de agresión a Orellano en torno a la baranda del río”, planteó el abogado.

  “Es una caída en altura, en un lugar peligroso, riesgoso. Por eso entendíamos que el encuadre adecuado es el del dolo eventual. Hay una agresión que desencadena la caída al río de Orellano. Sea que saltó por propio voluntad, escapando, como lo plantea el fiscal; o sea que cayó sin haber querido saltar o caer, es una consecuencia de la agresión de personas que tenían representada la posibilidad de la caída al río y que esa caída genere ese resultado”, insistió el abogado de la familia del joven que fue hallado en el río Paraná dos días más tarde.

  Disconforme con el fallo impuesto por el Tribunal, Vera anticipó que apelará la decisión luego de recibir los argumentos. El abogado planteará un cambio en el encuadre jurídico y la calificación, lo que podría modificar el monto de las penas que entiende fueron bajos, especialmente en el caso de López. Además, buscarán que se revea la prisión domiciliaria concedida a Gómez.