María Eugenia Iribarren fue designada Fiscal General de Rosario y trazó un panorama crítico sobre la capacidad de persecución penal en un departamento con con tasas de homicidios que superan la media nacional y un avance acelerado del crimen organizado
El martes 30 de mayo, la Fiscalía Regional Rosario difundió su informe de gestión de 2022 con información detallada de los casos investigados, el auge del delito complejo en el departamento con su correlato de las tasas más altas de homicidios del país y el déficit de recursos para dar respuesta a esa realidad. Un día después, Iribarren explicó en diálogo con Apuntes y Resumen las dificultades que enfrenta el organismo y la falta de un diseño integral y de largo plazo, por parte de todos los actores comprometidos, para revertir un fenómeno que atenta contra el tejido social.
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La violencia altamente lesiva en el departamento Rosario no se puede atribuir a una circunstancia o un gobierno con exclusividad, advirtió Iribarren ante potenciales simplificaciones. En función de ello, afirmó que todos los sectores de la política y los niveles del Estado se deben un análisis profundo y conjunto para “establecer los motivos que llevaron a la situación actual”. Recalcó que no hay soluciones aisladas para afrontar el índice de criminalidad altamente lesiva más alto del país, que aumenta año tras año al igual que los hechos de heridos con arma de fuego y, lo más nuevo, las balaceras intimidatorias a instituciones, comercios y funcionarios.
Informe Gestion 2022 de la Fiscalía Regional Rosario by Claudio de Moya on Scribd
El informe de la Fiscalía Regional es contundente en cuanto al peso relativo que tienen los homicidios en contexto del crimen organizado sobre los perpetrados como consecuencia de conflictos interpersonales, una de las marcas del delito en el departamento Rosario.
La titular del organismo aclaró que, a partir del resonante juicio y condena a integrantes de la banda Los Monos, se produjeron cambios en la forma de abordar las investigaciones sobre la narcocriminalidad compleja, superando el análisis y la investigación de casos aislados, que son pertinentes para dilucidar crímenes por conflictos interpersonales pero no los relacionados con el narcomenudeo y las estructuras delictivas asociadas.
En ese marco, dijo que se trata de una “complejidad muy superior que obliga a indagar en el contexto de las organizaciones” y los roles que cumplen los diferentes implicados. Con otra particularidad, que la mayoría de los asesinatos de los últimos años son ordenados por jefes de organizaciones que ya están privados de libertad. Esto obliga, siguió Iribarren, a cuestionar una “prisionalización” que no neutraliza el poder de fuego que los líderes detenidos conservan.
“Hay que repensar las cárceles para que la condena y la pena tengan el efecto buscado: el castigo y la prevención”, propuso la funcionaria judicial que, recordó, tiene 30 años en el Poder Judicial y 20 como fiscal. Antes de ser designada por concurso y aprobación legislativa, ocupó la dirección de la Fiscalía Regional tras el desplazamiento de Patricio Serjal, procesado por una trama de juego ilegal. En ese momento, recordó, para colmo en medio de la pandemia, debiòenfrentar una falta de conducción reflejada en la labor cotidiana. Hubo entonces, señaló, un trabajo en conjunto para reconstruir la orientación de las pautas de trabajo y la confianza de la ciudadanía.
Más complejidad, escasos recursos y ausencia de planificaciòn de largo plazo
El trabajo de los fiscales aumenta y se hace más complejo, y esto no va acompañado de los recursos necesarios, lamentó Iribarren. Y posó la mirada sobre el Ejecutivo provincial, que tiene la potestad de fijar las políticas, y el Legislativo, que diseña el presupuesto, planifica y define las prioridades.
La situación de Rosario no está bien dimensionada, estimó la flamante Fiscal Regional. Es grave, señaló: “tiene la mitad de la población de la provincia y en su territorio se genera el 60% de la conflictividad penal”, ademàs de mostrar las tasas de homicidio y violencia más altas de Santa Fe.
El déficit no se circunscribe a los recursos para la Fiscalía y la policía, sino a la atención de las problemáticas sociales que explican en parte el delito, la situación carcelaria, el fenómenos del consumo problemático de sustancias y la situación de los barrios que sufren la emergencia de la violencia letal asociada a la narcocriminalidad.
Atender a lo anterior, señaló, requiere planificaciones con una visión de largo plazo que el diseño institucional de la provincia no facilita. Ni desde el Ejecutivo, con mandatos de cuatro años sin posibilidad de renovación, hasta el formato bicameral de la Legislatura que dificulta la identificación de las realidades de cada lugar.
El escenario en el departamento Rosario es particulrmente preocupante. Iribarren recordó que se vuelve evidente en la comparación durante los últimos 10 años con la ciudad de Santa Fe. Rosario, el año pasado, registró la tasa de homicidios más alta de su historia, mientras que el departamento La Capital tuvo la más baja en ocho años. Históricamente, fue a la inversa. Otro espejo donde mirar es el gran Córdoba, que redujo ese índice mientras que Rosario lo multiplicó por cuatro.
Esta violencia en ascenso, siguió la funcionaria policial, hay que analizarla en un contexto de otros cambios, como la conformación social de la ciudad, la integración de su economía, los efectos del puente a Victoria con su facilitamiento de conexiones viales, el río Paraná como un corredor de tráfico de drogas estratégico.
Sobre la criminalidad compleja asociada al narcotráfico que es un delito federal, Iribarren explicó que hay un diálogo continuo con los fiscales federales y la Procunar que permiten generar información de hechos complejos, lo que se da en poca medida con la fuerza de seguridad provincial, excepto con la Agencia de Investigación Criminal.
Profundizar las tramas de las organizaciones criminales es dificultoso, insistió, y dentro del àmbito judicial se se hace artesanalmente, a través de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, para profundizar en los estamentos y potenciales vínculos con la policía o la política y atacar los flujos del dinero proveniente del delito.
Un dato esencial es el accionar de la fuerza de seguridad provincial. La policía es gran parte del problema, admitió Iribarren, aunque aclaró que eso no quiere decir que la mayoría del personal esté involucrado en delitos penales. Hay que agregar a la agenda legislativa, señaló, una reforma policial seria que estimule el trabajo honesto y profesional. Con remuneraciones dignas, capacitación y formación que se vea retribuida económicamente en los salarios. Y modernizar los controles sobre el accionar de la fuerza.
