El de la vida es indiscutido. El debate es si también lo es permitir que cada uno decida cómo y cuándo ponerle final. No es sólo duración: también calidad. En la Argentina hay al menos tres proyectos de ley para regular la eutanasia. Cuáles son sus fundamentos, qué aspectos éticos, filosóficos y médicos están implicados

La discusión no es nueva, pero se actualiza y vuelve más necesaria ante la existencia de tecnologías médicas de alto nivel que permiten lo que hasta hace poco no se podía: prolongar artificialmente la vida más allá, incluso, del umbral en el que se hace difícil discernir si es un acto de salud o un abuso terapéutico. ABC conversó con la filósofa especializada en bioética Florencia Luna sobre la eutanasia y los puntos de vista y disciplinas que involucra.

Luna es doctora en Filosofía y tiene una maetría en Artes, es investigadora del Conicet, docente de la UBA y coordinadora del Área de Bioética de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). En 1996, fundó la revista Perspectivas Bioéticas, la primera de su tipo en la Argentina. Dato colateral: es hija del historiador Félix Luna.

La especialista admitió que el concepto de eutanasia “está atravesado por discusiones y miradas” diversas. A veces denominada muerte digna, aunque con diferenciaciones conceptuales, con la distinción entre pasiva –contemplada en la actual legislación nacional– y activa, el debate por una ley que la regule, contextualizó Luna, es hoy relevante ante “tecnologías médicas muy sofisticadas” que son capaces de “extender procesos mucho más allá de la duración que tendrían naturalmente”.

Los procesos a los que se refirió Luna son aquellos en que los pacientes atraviesan una enfermedad terminal, pero también los que los sumergen en una total dependencia de los demás, de medicaciones o de aparatología, sin poder valerse por sí mismos, experimentando condiciones de sufrimiento –físico pero también psicológico– que consideran indignas o inhumandas. Porque “sienten que no tiene sentido seguir persistiendo, y entonces irrumpe el debate de si se habla de cantidad o de calidad de vida”, siguió Luna.

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Todos los proyectos de ley de eutanasia enfatizan que es con “consentimiento informado” del paciente, una autorización en la que intervienen profesionales de la salud con, precisamente, información, para que la decisión no sea fruto de un estado de ánimo transitorio sino meditada. Igualmente, los textos permiten la revocación de esa voluntad. “La expresión previa no implica por supuesto obligatoriedad, a veces se retrae por buenos cuidados paliativos, que tienen una concepción holística. En general, todas las regulaciones exigen tiempos para que no sean decisiones apresuradas, sin la información necesaria, o fruto de un estado de desesperación momentáneo”, explicó la especialista. En todas las etapas, además, está presente el asesoramiento de los profesionales de la salud.

Luna insistió en que el derecho a la eutanasia no excluye al de los cuidados paliativos que buscan mejorar la calidad de vida ante la enfermedad, con, por ejemplo, tratamientos para aliviar el dolor. De lo que se trata es de no prolongar el sufrimiento cuando ya no es posible mitigarlo con la tecnología médica disponible, o cuando el paciente decide que no quiere transitarlos más. La Academia Nacional de Medicina, que no fijó postura respecto de la regulación y legalización, señaló que “los arduos intentos por preservar la vida pueden llevar a una forma de asistencia incorrecta, y por lo tanto innecesaria, conocida como «encarnizamiento terapéutico», que es preciso reconocer y evitar”.

Nuevas realidades

Luna volvió sobre las últimas tecnologías médicas y su impacto no siempre aalizado. “La terapia intensiva fue pensada para intervenir, salvar al paciente de una situación crítica y restablecer su salud, no para una permanencia eterna”, refirió como ejemplo. Y agregó: “Lo mismo sucede con algunos medicamentos o tecnologías invasivas”.

Pero no es sólo eso, sino que se modificaron radicalmente las condiciones sociales para permitir lo que se denomina “buena muerte”, o “muerte digna”, la que se refería, entre otras cosas, al acompañamiento de los afectos en el último tramo de la vida. “Otras cosas que cambiaron, por lo que la muerte en la casa, observada como natural, es ya imposible. Ya no existen las familias extendidas (propias de las civilizaciones rurales), el trabajo insume tiempos mayores, los costos (para mantener a un familiar enfermo en el hogar) son muy altos, tanto los monetarios como los psicológicos”.

Un debate necesario

Luna repitió que “el derecho a vivir implica el de decidir cómo se quiere morir. Cómo se desea el final de la vida, y cómo impacta en el entorno afectivo”. Y remarcó, respecto de los proyectos existentes: “Son leyes que extienden derechos, no son obligatorias”. Aceptó que es un tema sensible, complejo, que requiere “un consenso” amplio y que no cierre en sí mismo. Que, por ejemplo, contemple un sistema de cuidados no excluyente como contexto imprescindible. La especialista agregó que, por supuesto, hay argumentos en contra a la regulación. Expresan dudas respecto del consentimiento informado, aluden a la natural propensión a la vida o hacen hincapié en los posibles errores de diagnóstico de una enfermedad terminal.

Por eso, la experta consideró que aunque haya problemas sociales acuciantes en el país, “no se puede pensar sólo lo urgente”, y es clave debatir “como sociedad de qué manera las personas eligen vivir y también morir”.

Además, en paralelo con las controversias generadas con la ley de interrupción legal del embarazo, recordó que “la eutanasia existe, no regulada ni legalizada, como con los famosos cócteles. Y entonces, sin ley, se realizan en forma arbitraria”.

Los proyectos

Eutanasia no es lo mismo que suicidio asistido, donde el equipo de salud asesora y finalmente aprueba los métodos para terminar con la vida pero es el paciente el que se los suministra.

Además, la Argentina cuenta, desde 2012, con una ley que permite a un paciente con una enfermedad terminal e irreversible pedir que le retiren el soporte de hidratación y alimentación, lo que alude al concepto de eutanasia pasiva. Y desde 2015, una modificación del Código Civil habilita a las personas a formular directivas anticipadas: consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y otras decisiones relativas a su salud, con la intervención de un escribano y la aceptación médica de las directivas.

En noviembre de 2021, el entonces senador radical Julio Cobos presentó su proyecto para legalizar la eutanasia. Lo llamó Interrupción Voluntaria de la Vida. En las posteriores elecciones legislativas, el ex vicepresidente ganó una banca como diputado, por lo que para que su proyecto vuelva a ser considerado debería ingresarlo en la Cámara baja.

Otro texto es el llamado “ley Alfonso”. Fue el primer borrador terminado y el último en presentarse en el Congreso. Lo redactó Gabriela Estévez, diputada del Frente de Todos en representación de Córdoba, junto a un equipo de especialistas con especial participación de Carlos Soriano, médico especialista en Emergentología y máster en Bioética. El nombre alude a Alfonso Oliva, a quien en 2014 le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que, a medida que avanza, afecta centrales nerviosas y provoca parálisis musculares o la imposibilidad de dominar los movimientos. El joven falleció el 3 de marzo de 2019, y Oliva fue quien lo acompañó durante ese lapso.

Otra iniciativa es la llamada “ley de la buena muerte“, cuya autoría corresponde a la diputada radical Jimena Latorre junto con Alfredo Cornejo –en ese momento diputado, después senador– y Alejandro Cacace. Se presentó en noviembre de 2021.