Así lo sostuvo el abogado querellante en representación de la secretaría de DD.HH. de la Nación, Santiago Bereciartua, acerca de los 19 efectivos policiales imputados en la causa que investiga el homicidio seguido de desaparición forzada del joven bonaerense en octubre de 2014

El pasado miércoles 3 de mayo comenzó el último tramo del juicio oral y público por Franco Casco. El fiscal federal Fernando Arrigó empezó su alegato final de acusación a los 19 efectivos policiales imputados en distintos roles en la causa donde se investiga el homicidio seguido de desaparición forzada ocurrida en octubre de 2014, cuando el joven bonaerense de 22 años estuvo preso en la comisaría 7°. Su cuerpo fue encontrado 22 días después en las aguas del río Paraná.

El abogado querellante en representación de la secretaría de DD.HH. de Nación, Santiago Bereciartua, conversó con La Marca de la Almohada sobre esta nueva instancia y los avances de la causa.

En principio, aclaró que a los 19 imputados se suma otra persona más: “Un vecino habría participado de encubrimiento habiendo llamado a la comisaria y ese habría sido el llamado que causó la supuesta detención de Franco Casco el día 7”. Y destacó que en este caso existe una “cuestión central de análisis que tiene que ver con que las dos hipótesis de los hechos, tanto de la parte acusadora como la de la defensa, tienen una diferencia notable, que es el día en que se lo detuvo”.

Además, aseguró que “no quedan dudas que Franco pasó por la comisaría, está reconocido, están las fotos donde se lo ve torturado”. Y que desde la parte acusadora sostienen que “Franco fue levantado el día 6 a la noche, producto de una averiguación de antecedentes como control territorial, como suelen hacer las comisarías”. En tanto, el discurso de la defensa se basa en que fue detenido el 7 de octubre y se le otorgó la libertad cerca de las 22 horas.

El abogado manifestó: “Han pasado una serie de testimonios importantísimos de detenidos que estuvieron ese día allí y todos dan cuenta que la tortura era sistemática en ese lugar. Sobre todo los fines de semana y vísperas de feriados”. Además, contó que no todos recordaron la presencia de la víctima en el lugar, porque lo habían llevado a una celda particular: “Al detenerlo en ese habitáculo está distanciado del resto de los penales por cinco metros”. De esa manera, “sólo los que se acercaban a la puerta, a los que les interesaba saber quién era el que gritaba tuvieron contacto con Franco”.

El letrado que lleva adelante la querella explicó que tanto los imputados como la defensa, “teniendo el dominio de la escena simularon otra hipótesis, fraudaron los libros, adulteraron y borraron pruebas. Se hizo el luminol para ver si había rastros de sangre y aparecen manchas de material biológico con vetas, como que fueron limpiadas con trapos. Eso nos imposibilitó salvar el ADN pero nos demostró que en ese lugar se torturaba”. Y agregó: “Entonces eso que dicen los presos es cierto, en ese lugar se fajaba. Los registros de la comisaría no pueden ser tenidos en cuenta, claramente son adulterados”.

Con respecto a los encubrimientos del caso, señaló que aún el fiscal federal no arribó a esa parte, “pero lo que marca es que hay una deficiencia muy grande del Estado a la hora del control policial”. Y, en relación a Asuntos internos, expresó que “cuando van a hacerle la entrevista, muchos de los detenidos dijeron que la hacen en la dependencia de la comisaría y a dos o tres metros está la policía”.

Finalmente, declaró que “a la policía y a la defensa le sirve sembrar la duda. Hay cuestiones que tenemos que demostrar para que haya condena y estamos trabajando en eso. El caso no es sencillo y las cosas que no cierran son producto de este tipo de delitos”.