La Oficina de Defensa del Consumidor de Rosario recibe amenazas de demandas civiles y denuncias penales por su labor en la lucha contra los abusos e irregularidades en las administradoras de consorcios de la ciudad

En la ciudad de Rosario, la labor de Antonio Salinas como titular de la Oficina de Defensa del Consumidor generó preocupación entre las administradoras de consorcios. Salinas denunció públicamente los abusos e irregularidades que se suelen suceder en el rubro y desde un tiempo a esta parte comenzó una campaña para que los inquilinos conozcan sus derechos y las administradoras cumplan las normas que regulan la actividad.

Ante esta situación, las administradoras de consorcios respondieron con amenazas de demandas civiles y denuncias penales por la labor de Salinas. Desde hace un mes, el defensor recibió un hostigamiento constante a través de distintas cartas documentos y amenazas.

La liquidación de expensas es uno de los temas más consultados en la Oficina de Defensa del Consumidor, según Salinas, debido a que no se hace una distinción clara entre expensas extraordinarias y ordinarias. Además, se denuncian facturaciones irregulares y manejos poco claros por parte de las administradoras de consorcios.

En una conferencia de prensa realizada este jueves en el Concejo Municipal, se convocó a un apoyo al Jefe de la Oficina de Defensa del Consumidor por parte de todos los bloques del Concejo Municipal y asociaciones y organizaciones. Salinas afirmó que el 81 por ciento de los casos que llegaron a su oficina en el último año se pudieron resolver y que es necesario que el Ejecutivo tome medidas para regular la actividad y terminar con los abusos denunciados.

En diálogo con La Marca de la Almohada, Salinas señaló que está haciendo lo que la ordenanza que crea la oficina dice que tiene que hacer, y cuyo salario pagan todos los rosarinos y rosarinas. “Se pretende judicializar eso, es una locura”, afirmó.

En tanto la situación que atraviesa Antonio Salinas refleja la necesidad de una regulación clara y efectiva en la actividad de las administradoras de consorcios de la ciudad, para proteger los derechos de los  inquilinos y evitar los abusos e irregularidades que se denuncian.