La doctora en Educación Paula Marini, docente de la UNR, destacó la lógica de mercado sobre la que se monta la idea del candidato ultralibertario, que ya fue ensayada en el país en los 90 y desconoce la tradición del Estado como garante de lo que se considera un derecho básico y no un bien de consumo
Un sistema de competencia, como proclama el neoliberalismo en todas las áreas, pero eso sí, financiado por el Estado. Es lo que propuso el referente del espacio La libertad avanza, Javier Milei, en otro de sus golpes de efecto proselitistas. En lugar de una educación garantizada por el sistema público, con concurrencia de lo privado, una en la que el Estado (nacional, se supone) distribuya vales a las familias.
El sistema de vouchers educativos se basa en que los fondos de educación del Estado no van a la oferta educativa (salarios, edificios escolares, becas, útiles) sino a la demanda: cada familia recibe un vale (voucher) que equivale al dinero de la escolarización de cada uno de sus niños. Con eso, elige la escuela que quiera para sus hijos, sin importar que sea pública o privada (en ese caso, se agrega un copago), religiosa o laica, ni qué sistema pedagógico siga. Se lo denomina de “libre elección de escuela”.
La idea original y poco desarrollada del esquema puede rastrearse en un libro del economista liberal Milton Friedman. Luego avanzaron con argumentos más sólidos los norteamericanos John Chubb y Terry Moe, asesores de la reforma pro mercado de la ex primera ministra del Reino Unido Margaret Thatcher. Sin embargo, hubo propuestas similares por izquierda, como la del economista post marxista Herbert Gintis, quien en 1993 propuso un voucher “igualitarista” que, argumentó, contemplaba lo mejor del mercado y del Estado.
En la Argentina, un ensayo al respecto, recordó Marini en el programa Apuntes y Resumen, se dio con la reforma educativa plasmada en la Ley Federal de Educación durante el menemismo. Algunas provincias, a las que se transfería la obligación de sostener el sistema y escaso presupuesto para hacerlo, optaron de hecho por algo similar. Por ejemplo, citó, San Luis y Mendoza. En la región, agregó, la pionera fue Chile, durante la dictadura de Augusto Pinochet. El esquema no respondió a sus pretendidas bondades de elevación de la calidad en la enseñanza, y las críticas arreciaron no sólo por el trasfondo ideológico sino por lo instrumental. Trastocaba el financiamiento de las escuelas, con gastos fijos y matrícula variable, y no tenía en cuenta lo que necesitaba cada familia según el colegio, la zona y otras características diferenciadas. El resultado fue la profundización de las brechas existentes en el sistema, la inhibición de los proyectos a largo plazo y la innovación, que se tornaron secundarios ante la necesidad de subsistencia económica en la competencia. La excelencia declamada brillò por su ausencia.
Marini volvió sobre la lógica del economista libertario tras su nueva provocación de campaña. Señaló que se nutre de la “meritocracia como filosofía política para justificar diferencias económicas y sociales inherentes al sistema capitalista”. Y se apoya en un sentido común construido que opone masividad con calidad como excluyentes. Además del dogma de un Estado retirado de su funciòn compensadora de desigualdades sociales, y por ello con menores presupuestos.
“No está demostrado que la competencia eleve los niveles educativos”, insistió la docente de la UNR. En buena medida, las críticas internas al modelo chileno instalado en 1981 desmontaban ese argumento con datos sobre aumento de la inequidad, aunque el país esté por encima de la media en la región si se mide por el parámetro de las pruebas Pisa. Las revueltas estudiantiles contra ese esquema pinochetista también lo dejaron en claro. Incluso, basado en esa evaluación internacional, por lo demás controvertida, hasta el mismo Banco Mundial y la OCDE (organización de comercio) desaconsejan recurrir a ese financiamiento individual por vouchers de los sistemas educativos públicos.
