Héctor Fructuoso Funes era jefe del Destacamento de Inteligencia en 1984, cuando un grupo comando ingresó al edificio de Balcarce y Pellegrini para llevarse documentación probatoria vinculada a la desaparición de personas. Adriana Arce, única testigo de la existencia de esos ficheros, dialogó con La Marca de la Almohada

A 38 años del robo a Tribunales, en los albores de la democracia, la Justicia condenó a 4 años de prisión a Héctor Fructuoso Funes, quien era jefe de Inteligencia del II Cuerpo del Ejército, confirmándose así la responsabilidad de las fuerzas armadas en el hecho. El oficial es el único acusado que continúa con vida, ya que Héctor Pino Cano, quien era comandante del Comando del II Cuerpo de Ejército en octubre de 1984, falleció en mayo de 202; y el jefe de inteligencia Luis Américo Muñoz, en julio de 2022. Ante el peligro inminente de que el caso quedara impune, el fiscal federal de la Unidad de Derechos Humanos de la Justicia Federal de Rosario, Adolflo Villatte, impulsó el procedimiento que culminó en un juicio abreviado en el cual Funes admitió su responsabilidad y aceptó al condena dictada por el Tribunal Oral Federal número 2.

Adriana Arce fue querellante en la causa Guerrieri I, estuvo desaparecida en el centro clandestino de detención Fábrica Militar y en 1984 participó en los allanamientos en los que se recabó toda la documentación y material incriminatorio hacia los integrantes del Destacamento de Inteligencia 121. Ella es la única testigo en la causa que derivó en la condena al oficial Funes y en comunicación con La Marca de la Almohada contó su historia.

Esta instancia “dejó al descubierto que las fuerzas armadas constitucionales, en los hechos, no se subordinaban al comandante en jefe del Ejército que era el presidente elegido por los argentinos y seguían operando ilegalmente”, dijo Arce. Y agregó que el juicio “permitió ver, por un lado, la fragilidad de la estructura del Estado argentino en aquellos momentos, y por otro lado, la debilidad de la democracia, que hizo que esas fuerzas tengan vida propia y cometan estas tropelías”.

El robo a Tribunales

En octubre de 1984 sectores del Ejército Argentino organizaron y ejecutaron el robo de documentación producida por la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) que contenía información probatoria y material inculpatorio contra los perpetradores de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar que se extendió entre 1976 y 1983. Tal como indica la acusación formulada en 1984 ante el Juzgado Federal Nº3, el grupo comando sustrajo del edificio de Balcarce al 1600 “casi la totalidad del material secuestrado en distintos allanamientos que se vinculaba con las denuncias” sentadas por la Delegación Rosario de la CONADEP, que permitió conformar la por entonces llamada causa Feced.

La importancia de los documentos radica en que allí había “organigramas de supuestos grupos de represión ilegal con la precisión de que personas lo componían, con sus nombres y los apodos que utilizaban para designar a personas integrantes de grupos ilegales de represión; la designación de lugares donde se habrían realizado operativos durante la dictadura militar y tareas asignadas a los miembros del grupo; gran cantidad de carpetas de diferentes personas en cuyos domicilios presuntamente se habrían efectuado operativos”.