Organizaciones de protección de derechos de infancias, de derechos humanos y feministas presentaron este martes una querella en la causa impulsada por el Gobierno Provincial contra la ONG que obstaculizo un aborto legal a una niña de 12 años.
En enero el Gobierno de la Provincia de Santa Fe impulso una causa contra la organización civil católica Grávida. La misma había captado a una niña de 12 años cuando iba a una cita para realizarse una interrupción legal de su embarazo, el cual era producto de una violación intrafamiliar.
La presentación de la causa tuvo que ver con el levantamiento de muchas voces, sobre todo la de organizaciones de la sociedad civil. Ahora estas organizaciones buscan participar de manera activa en la investigación judicial. Para esto, este martes la Asociación Civil Palabras y la Asociación Civil Tramas Derecho en Movimiento ingresaron la presentación de una querella en la justicia. Además cuentan con la adhesión de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la Asamblea Ni Una Menos y de más de 60 organizaciones del territorio santafesino.
En el programa de Apuntes y Resumen del día de hoy dialogaron con Silvia Ferrero, abogada de género la Asociación Civil Palabras. Remarcó que los intereses de la organización tienen que ver con tomar un rol activo, poder ver qué se está investigando y con qué pruebas se cuentan. Dentro de los detalles brindados por la abogada recordó que en Santa Fe la ONG Grávida ya cuenta con un antecedente, el caso de la psicóloga Belén Catalano la cual trato de impedir en un hospital un aborto legal.
Remarcando la importancia de participar en la causa afirmó: “Nosotras creemos firmemente que hay momentos que hay que hacer litigios estratégicos. Ellos están muy organizados, y lo digo en masculino porque son muchos varones. Pero también la sociedad civil y nuestras organizaciones. No tendremos recursos económicos pero si muchas redes”
“La ley de legalización del aborto nos costó 15 años de militancia para que sea aprobada. Tiene que ver con nuestros derechos sexuales y reproductivos, pero también con nuestros derechos humanos”, afirmó la militante feminista, y agregó: “Tenemos que entender que nos guste o no es ley, y como tal se votó en un congreso en un momento democrático. No hay discusión. Acá lo que tenemos que hacer es exigir su implementación. No podemos dejar pasar por alto la acción que va contra el derecho. Es una acción que, aparte de obstaculizadora, es antidemocrática”.
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