El escrito se presentó ante la Unidad Gefas y pide investigar penalmente el caso de la niña abusada sobre la cual “se habría intentado obstaculizar una Interrupción Legal del Embarazo por parte de personas pertenecientes a la ONG”
Mediante un comunicado oficial y a través de las áreas intervinientes, el Gobierno de Santa Fe denunció penalmente a la organización civil católica Grávida por su intervención en el caso de la niña de 12 años abusada por su padre que manifestó su voluntad de abortar, y que fuera captada por esta ONG.
Desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia, se presentó un “escrito” ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) por “el caso de la niña de 12 años abusada en la cual se habría intentado obstaculizar una ILE” y “a los efectos de que se inicie la investigación penal preparatoria que permita dilucidar las correspondientes responsabilidades”, según dice el parte de prensa que se conoció en la tarde de este lunes.
También este lunes, los diputados provinciales Claudio Fabián Palo Oliver, Carlos Del Frade, Agustina Donnet y Rubén Giustiniani presentaron una nota dirigida al gobernador Omar Perotti ante los “aberrantes sucesos” de la situación de una niña de 12 años que tuvo obstaculizado el derecho al aborto legal que había solicitado y que le fue indicado por un equipo médico.
En la nota, los legisladores se manifestaron “consternados, indignados y con profunda preocupación” por el caso. En esa línea, describieron en conjunto que les “resulta evidente, que el «acompañamiento y el monitoreo del caso» a la víctima y su madre por parte de las autoridades estatales en cumplimiento de deberes legales fracasaron rotundamente”.
“Se hizo la presentación formal y se acompañan en esta presentación todos los informes de las intervenciones de los diferentes momentos. Estos informes tienen información que no se da a conocer al público porque es información muy sensible y que le puede servir al Ministerio Público de la Acusación para determinar si se cometió un delito, cuál es la tipificación y quiénes son los responsables”, estableció Jorgelina Donatti, delegada regional de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en Rafaela, en diálogo con Apuntes y Resumen.
En esa línea, Donatti ratificó que la madre y la niña habían firmado el consentimiento para solicitar la interrupción del embarazo, que se les había otorgado un turno y que estaba todo articulado para que puedan llegar al hospital ese día, lo cual no sucedió.
“Ahí se empiezan a desencadenar todos estos hechos que lograron que nosotros tengamos que tomar la herramienta de una medida de protección excepcional para poder traer a la niña y a la madre dentro del estado y poder volver a escuchar y ahí seguir en camino de la intervención que se venia haciendo”, manifestó la funcionaria.
A su vez, Donatti afirmó que desde la Secretaria de Niñez no existe un convenio con Grávida y que, en casos anteriores, no ha habido inconvenientes para acceder a la ILE.
“Cada situación es única. Hace 3 años estoy en la cargo y, en lo particular, no me sucedió nunca algo así. Sabemos que en la ciudad de Santa Fe no es la primera vez, por eso el Estado decide hacer formal la denuncia para que se investigue y se detenga este accionar o si hubo un intento deliberado de obstruir un acceso a un derecho establecido por la ley”, concluyó la delegada de Niñez.
