Dijo Manuel Trufo, Director de Justicia y Seguridad Democrática del CELS
El martes pasado agentes de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, llevaron a cabo un operativo de desalojo en el centro del Parque Nahuel Huapi, en Villa Mascardi, Provincia de Río Negro. A raíz de la ocupación de tierras por parte de la comunidad mapuche, más de 200 efectivos del Comando Unificado de fuerzas de seguridad realizaron el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu, la cual se encuentra asentada en el lugar desde 2017 a través de una acción de “recuperación territorial” llevada adelante por la comunidad.
En el operativo, con corte de la Ruta 40 incluido, se llevaron a cabo 12 detenciones, entre las cuales se cuentan 7 mujeres, una de ellas con 40 semanas de embarazo, y 5 menores. Las mujeres, a pedido de las jueza federal Silvina Domínguez, fueron trasladadas al penal de mujeres de Ezeiza de la Provincia de Buenos Aires, lo cual generó diversos repudios por parte de organizaciones y referentes políticos. Entre ellas, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) indicaron que se trató de un violento desalojo y rechazaron el accionar de la jueza de detener y trasladar a las mujeres a Ezeiza.
“El operativo es un hecho lamentable”, expresó Manuel Trufo, Director de Justicia y Seguridad Democrática del CELS, quien además remarcó “irregularidades en el proceso judicial que se está siguiendo y situaciones de violencia”. “Que entren con gases lacrimógenos y balas de goma no deja de ser violento por más que no haya habido un muerto como en 2017”, expresó en entrevista con La Marca de la Almohada.
Sobre la situación de las mujeres detenidas manifestó: “El colmo de todo esto es como se le viene negando el derecho de defensa a estas mujeres y la orden de trasladar a cuatro de ellas al penal federal de Ezeiza, que es un medida gravísima”, indicó sobre el pedido de la jueza, la cual justificó el traslado porque en la zona de Bariloche no hay ningún penal que pueda alojarlas. “Escudarse en eso para hacer una afectación aún más grave, es una cosa insólita y de una gravedad extrema” decía al respecto.
Por otra parte, el integrante del CELS explicó el eje que atraviesa el conflicto mapuche en la Patagonia: “El conflicto de fondo es el conflicto que atraviesa toda la Patagonia, los derechos territoriales de las comunidades mapuches en este caso, pero en realidad también lo deberíamos pensar para comunidades indígenas de otras provincias, no son reconocidos. Si bien hay leyes que los reconocen o que instan al Estado a que inicie procesos de relevamiento para establecer el reconocimiento de las tierras, esos procesos muchas veces están detenidos por la injerencia de los gobiernos provinciales, que no quieren que eso avance. Frente a ese incumplimiento de las leyes por parte del propio Estado, algunas comunidades se han dado una estrategia que denominan `recuperación territorial´”.
“Nosotros entendemos que debe haber un enfoque de una mesa de diálogo, que entienda la complejidad del conflicto y que busque soluciones”, expresaba sobre la postura que tienen desde el centro de estudios. Sin embargo decía: “Si no hay una voluntad política de fondo del gobierno nacional de no dar una solución a esta cuestión estructural de afectación del acceso de las comunidades indígenas al territorio, las mesas de dialogo encuentran un límite muy rápidamente”.
Y concluyó: “Lo que hay que entender es por qué se cede ante determinadas presiones. Las presiones de este último mes para generar una acción de este tipo fueron fuertísimas, políticas y mediáticas, la instalación de nuevo de la cuestión del “terrorismo mapuche” de una manera completamente naturalizada, pasó a estar en grandes medios de comunicación. La presión local de los intereses inmobiliarios, que congregan a su alrededor grupos de así llamados vecinos, y todo esto con el apoyo del gobierno de Río Negro; y si a eso le sumamos que el poder judicial provincial es un terreno muy complejo, hay un coctel donde hay que tener una fuerte decisión política para no ceder a esas presiones”.
