El abogado del CELS, Diego Morales, aseguró a La Marca de la Almohada que la Justicia busca montar una causa por asociación ilícita para involucrar a dirigentes sociales, políticos, indígenas y sindicales
El director del Área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales, denunció tras la nueva ronda de allanamientos en viviendas particulares de Jujuy, que para el gobernador Gerardo Morales “el problema no es la reforma constitucional inconsulta, si no Milagro Sala”.
En los operativos desarrollados ayer se ingresó en la vivienda donde Sala cumple arresto domiciliario, a pesar de existir órdenes de organismos internacionales de proteger a la líder de la Tupac Amaru y a su entorno. “En 2017 obtuvo una medida cautelar de la Comisión Interamericana que la provincia de Jujuy no cumplió. Hay una orden para que ella esté en su casa y se resguarde su integridad física y psíquica y, también, de su entorno”, denunció Morales en La Marca de la Almohada.
“Sala no estaba preocupada por el allanamiento en sí, sino por la integridad de su marido, que está en una situación muy delicada de salud”, detalló el abogado del CELS, quien anticipó que se informará de lo sucedido al organismo internacional “para ver si se puede generar algún resguardo para ella en estos días”.
“El gobernador la acusó públicamente de ser la responsable de las grandes movilizaciones de la provincia. El problema no es la reforma constitucional inconsulta, si no que el problema para el gobernador es Milagro Sala. Son elementos que van construyendo esta idea de peligrosidad de Sala, que es por supuesto falsa y tiene consecuencias sobre el entorno de ella”, insistió el abogado.
Diego Morales aseguró que “en lugar de investigar la represión el Ministerio Público Fiscal decidió avanzar e investigar exclusivamente a referentes sociales, políticos, indígenas y comuneros indígenas”, y montar contra ellos una causa por “una supuesta asociación ilícita”.
“Son excursiones de pesca, como se dice. Voy, allano y después, en función de lo que encuentro en un allanamiento, construyo algo. No es que investigo, tengo una trayectoria. Decido ingresar a la casa de una persona que está protegida por la privacidad, por la idea de intimidad, por el activismo sindical, en organizaciones de derechos humanos. Por distintas razones invado ese espacio que es de privacidad y en función de ello construyo una hipótesis”, explicó Morales sobre las directivas que parten desde la Justicia.
En un marco de extrema tensión, el abogado del CELS rescató que el jueves se conoció una noticia alentadora: la sala 4 de la Cámara Federal de Casación ordenó a la Justicia Federal que genere un mecanismo para prevenir situaciones en contra de los manifestantes, “sobre todo las comunidades indígenas que desarrollan su actividad de protesta en rutas nacionales”. La decisión, explicó Diego Morales, “puede traer algo de luz y cobertura para aquellos que se manifiestan, al menos para que puedan estar en la ruta llevando adelante sus reclamos sin la amenaza de un inminente desalojo o detención”.
