La reforma expres y sin consultas de la Constitución jujeña puesta en foco como un intento de consolidar el modelo minero extractivista centrado en el litio. Una construcción jurídica que legaliza la concentración de poder político y el avance sobre territorios habitados por pueblos originarios en favor de negocios de capitales transnacionales

Melisa Argento es doctora en Ciencias Sociales de la UBA y magíster en Ciencia Política de Flacso, además de docente de la UNR. Integra también el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. En medio de la resistencia popular contra el Gobierno de Gerardo Morales, conversó con el programa ABC sobre los conflictos de años que, en buena medida, explican esa rebeldía.

Luego de calificar como “imperdonable” la violenta represión a las protestas en Jujuy, precisamente cuando se cumplen 40 años de la recuperación democrática, Argento señaló que el modelo estractivista del litio es uno de los componentes de la crisis social que atraviesa la provincia norteña.

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“En los últimos años, lo que se ve es un avance en la presión de extracción del litio. Hay 38 proyectos en diferentes etapas” de presentación de estudios, prospección, exploración y explotación, explicó. La mayoría están en fase de exploración avanzada, cinco en construcción y tres ya en producción litio, en Catamarca y Jujuy.

En Catamarca, está el proyecto Fénix que opera la empresa Livent de capitales estadounidenses en el Salar del Hombre Muerto, a cuatro mil metros sobre el nivel del mar. En Jujuy hay dos. El de Sales de Jujuy, que gestiona una sociedad entre la australiana Allkem (66,5% de las acciones), la japonesa Toyota Tsusho (25%) y la estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse, con el minoritario 8,5%). Está en el Salar de Olaroz, a 4.500 metros sobre el nivel del mar. El otro, que entró en producción este mes de junio, es el de Cauchari-Olaroz, desarrollado por Minera Exar, en la que Lithium Americas ostenta el 45,75% de participación y el control, la china Ganfeng Lithium el 45,75% y Jemse, de nuevo, el 8,5% . Y hay cruces de capitales: el 10 de mayo último, Livent y Allkem anunciaron su fusión para crear NewCo, una empresa global con capacidad de producción de unas 250 mil toneladas anuales de litio para 2027 en sus proyectos de la Argentina y Canadá.

Antes de la fusión, ya estaba claro además qué capitales especulativos están involucrados en esas compañías. Una investigación realizada por la organización periodística Ruido (Red Contra el Silencio Oficial) y la Fundación de Políticas y Derechos Humanos (Fundeps) había constatado la presencia de cuatro de los mayores fondos de inversión del mundo: Blackrock y Vanguard en el caso de Livent, JP Morgan y HSBC en el caso de Allkem. El estudio los describe como los verdaderos dueños de las empresas que producen litio en Argentina, ocultos tras un “complejo entramado de accionistas que dificulta conocer a sus beneficiarios finales”.

Argentina es la cuarta exportadora mundial de litio, continuó la descripción la especilista. Y está en una región relevante para ese metal estratégico. Es el llamado triángulo de Argentina, Bolivia y Chile (58% de las reservas globales) que está a punto de sumar ángulos si prosperan los proyectos de Bacadéhuachi, al noroeste del estado mexicano de Sonora, y el de Macusani en la región de Puno, al sur de Perú.

El riesgo, señaló Argento, es transformarse sin beneficio de inventario en “la cantera litífera para la transición energética del norte global”. Y ello, en la dirección de un proceso más amplio. La presión no se circunscribe a los minerales críticos como el “oro blanco”: es también por el cobalto, el manganeso, las tierras raras y el cobre, necesarios en escala antes no vista para la transformación de la tracción fósil a la eléctrica.

Y en ese contexto hay que explicar, no en su totalidad pero en buena medida, lo que ocurre en Jujuy. “Desde hace 13 años, profundiza un perfil extractivista minero bajo la presentación de una provincia verde, que incluye energías renovables con los proyectos de energía solar en Cauchari I, II y III, de los más importantes”. Desarrollos que, aclaró, nacieron endeudados con el exterior, en su caso con un banco chino.

El radical Morales es el foco actual, pero no es el único. La investigadora recordó que el proceso extractivista minero comenzó con el gobernador justicialista Eduardo Fellner. Y la resistencia también. No masiva, claró: “En algunos lugares, como el Salar Cauchari, se consolidan, y en otros no, como en Salinas Grandes”. Lo que es una constante es el avance sobre los territorios de las comunidades originarias. Argento mencionó un decreto de 2015 que les quita potestades sobre los siotios en los que están asentadas en el marco de obras de oleoductos y gaseoductos y electrificación. Y cuatro años después, agregó, un gran conflicto que oficia como antedendente del actual: es que la encargada de las licitaciones de los proyectos para la minería del litio es Jemse, vinculada a los propios desarrollos que debe habilitar como socia estatal minoritaria. Por uno de esas adjudicaciones estalló una protesta.

En esta historia se instala la actual crisis en la provincia, con una reforma parcial de la Constitución local objetada por forma y contenido. Argento señaló que los cambios en la carta magna consagran el avance sobre los territorios de las comunidades –el año pasado se concedieron 11 mil hectáreas–, la sobreutilización del agua –por los métodos extractivos de litio por evaporación, que son los más baratos para las empresas– y la entrega al capital privado de la cadena devalor generada en base a recursos naturales.

Legislación para desproteger

La especialista aludió a un antecedente que permite estas políticas locales: la reforma de la Constitución Nacional de 1994 (fruto del llamado Pacto de Olivos entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem) por la cual los recursos naturales pasaron a ser de dominio primario de las provincias. Un principio que, resaltó Argento, se contradice con otros artículos constitucionales.

Por ejemplo, señaló, el 41 que versa sobre “el derecho de todo habitante a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras”. O el 75 en su inciso 17, donde se “reconoce la preexistencia étnica y cultural, se garantiza el respeto a su identidad, educación bilingüe e intercultural, personería jurídica de sus comunidades, posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Incluso, se contrapone con normativas internacionales con rango constitucional. Como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por el que los Estados están obligados no sólo a consultar sino también a obtener el consentimiento informado de los pueblos originarios cuando se trate de cualquier proyecto que afecte su hábitat.

La reforma impulsada por Morales, continuó Argento, intenta despegarse de ese paraguas de herramientas jurídicas que protege a los pueblos indígenas. Explicó que, si bien el nuevo artículo 50 recupera el inciso 17 del 50 de la Constitución Nacional, establece que el reconocimiento de las personerías jurídicas, la entrega de tierras o el reconocimiento de territorios ancestrales pasa a ser potestad del Ejecutivo provincial. Una concentración de poder que se completa con la redefinición de las mayorías legislativas, entre otros cambios. Se potencia así, añadió, una dinámica de más de una década que desconoce y no implementa la consulta previa, libre e informada sobre las iniciativas que involucran los territorios.

Esos contenidos del texto liberaron las tensiones acumuladas pero hubo más, completó Argento: las cuestiones de forma. La reforma fue un pacto entre el radicalismo provincial en el Gobierno y el sector oficial del PJ jujeño. “El proyecto no se conoció recién hasta principios de junio, cuando la iniciativa se presentó en septiembre de 2022. Y se aprobó en un mes, cuando la Asamblea Constituyente contaba con 90 días para escuchar las voces de todos los sectores”. En cambio, “se pasó directo a la votación en medio de las protestas sociales”.

El litio es un detonante pero, aclaró la investigadora, no el único: se le suma la situación de pobreza, en particular del sector público, un estado manenido bajo la promesa de inversiones y bienestar de la mano del extractivismo que, como las estadísticas socioeconómicas exponen, no se materializa. Otro riesgo, continuó, es la manipulación política y social de los hechos, con una polarización que vehiculiza discursos clasistas y racistas. Y el consiguiente riesgo de inducir una derechización social en momentos previos a las elecciones.