El presidente de la Corte Suprema de la provincia aclaró que la efectivización de los cargos creados por ley tardará al menos tres años, y que si no se modifica el sistema de funcionamiento federal, ese refuerzo tampoco aportará eficacia. A la vez, cuestionó la actual estructura del fuero en la jurisdicción. Explicó además cómo coordinan con los nuevos funcionarios judiciales provinciales la política de persecución penal

A mediados de abril último, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que ordena fortalecer el sistema de justicia Penal Federal de la provincia de Santa Fe, impulsando la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal y sus normas modificatorias. La iniciativa crea 27 cargos de fiscal federal penal, de los cuales 15 serán con asiento en Rosario, siete en la ciudad de Santa Fe, y uno en Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.

Daniel Erbetta dialogó con Apuntes y Resumen sobre varios temas, uno de los cuales es el de esta deuda saldada en principio en el Congreso, pero cuya materialización demandará años.

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“Que la ley de fortalecimiento no genere muchas expectativas, porque su efectivización, a la luz de la historia de los concursos de fiscales, que dependen del Ministerio Público Fiscal Federal, y de jueces, a cargo del Consejo de la Magistratura, pueden estar recién en tres años”. Es decir, recién en ese plazo estarían los cargos creados. “No hay que confundir lo simbólico con lo instrumental”, sintetizó respecto de la señal parlamentaria y los tiempos del sistema federal. El especialista en derecho penal, profesor de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), ex decano de la Facultad de Derecho y ex secretario general de la UNR aclaró que esa apreciación se apoya en datos duros, en la trazabilidad histórica de esos procesos.

Por otra parte, señaló la irracionalidad del estado actual de la Justicia Federal en la provincia. “Los fiscales ahora son tres, pero dos subrogan, hay dos jueces de instrucción y nueve de juicio oral”, repasó para señalar que es una pirámide invertida en relación a la estructura que realmente se necesita, porque hay menos recursos para la investigación y sustanciación de los casos, que se acumulan, y el peso está puesto en los procesos orales, a los cuales llega apenas un porcentaje de las causas iniciadas.

Igual, el presidente de la Corte provincial añadió que, aún cuando de acá a tres años, con suerte, se agreguen los cargos de fiscales y jueces que ordena la ley recientemente aprobada, “si no se cambian los procesos de trabajo, si no se implementa el sistema acusatorio, la eficacia (del refuerzo) será mínima”.

El fuero federal es el que tiene competencia en las causas por drogas, pero el fenómeno impacta en Santa Fe, y especialmente en Rosario, con el asociado de la violencia, y en la provincia en particular, con la característica de una virulencia y característica letal que sobresale. Allí interviene la Justicia provincial, y Erbetta explicó cómo comenzaron a coordinar con las nuevas autoridades judiciales designadas por concurso.

La Corte Suprema que preside le tomó juramento el 20 de abril pasado a las nuevas autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, luego de que la Legislatura aprobara 10 de los 12 pliegos enviados por el gobernador Omar Perotti. Por primera vez, dos mujeres están a cargo de las máximas responsabilidades: María Cecilia Vranicich (fiscales) y Estrella Moreno Robinson (defensa).

Erbetta dijo que ya hubo reuniones para encaminar un plan de trabajo definido que apunta a fortalecer el MPA y sumar recursos. Pero explicó que no se trata sólo para apuntalar la persecución penal desde el punto de vista de los fiscales, sino en particular para los organismos de investigación y otras áreas que no están centradas en el derecho sino, por ejemplo, en la economía, en el análisis de mercados. Son, enfatizó, “imprescindibles” porque el crimen organizado se maneja con un fin de lucro a través de economías delictivas que se vuelcan, mediante el lavado de activos, a los mercados legales.

Esa es la estrategia que diseñaron, para la reducción de esos mercados ilegales y con ello también de la violencia asociada en los escalones más bajos de sus estructuras delictivas.

La Corte Suprema de Nación preocupa

Consultado sobre la reciente impugnación de candidatos a gobernador en las elecciones provinciales de Tucumán y San Juan que el máximo tribunal decidió sin resolver el fondo de las presentaciones contra esas postulaciones, Erbetta adelantó que “ninguna decisión se puede analizar fuera de su contexto y de una dinámica de poder”.

Aclaró que no es sólo él quien expresó reparos sobre esta y otras decisiones de los supremos. “Muchos integrantes de tribunales superiores de provincias estudian las decisiones de la Corte Suprema porque se evalúan con algún grado de preocupación y de interés institucional, porque estas decisiones se involucran en una cuestión compleja, que es el límite del principio federal”, describió el panorama. La pregunta común es “hasta qué punto no se avanza sobre las autonomías provinciales”. Recordó que, por caso, el Procurador de la Corte había dictaminado en contra de la competencia del cuerpo en estos temas.

Ya en modo de “opinión personal”, agregó, se está transitando una tendencia de justicia cautelar, cuando esas medidas deben ser excepcionales. “Cuando los casos se pueden resolver, hay que tratar el fondo”, que la Corte en el caso de Tucumán y San Juan no abordó. Erbetta repasó que eso mismo sucedió con la decisión de modifica el coeficiente de coparticipación federal, en ese caso a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificando porcentajes que son competencia del Congreso y fruto de arduas negociaciones políticas.

Respecto a su voluntad de expresar opinión sobre estos y otros temas de actualidad que generan controversias, el titular de la Corte provincial explicó que, en su criterio, el apotegma de que “los jueces hablan sólo por sus sentencias está en el registro del pasado”. En la contemporánea sociedad de la comunicación, siguió, es deseable que los jueces opinen, en la medida en que ello no compromenta sus decisiones en un caso. “Es sano porque los hace previsibles” para la sociedad. Aclaró que se refiere a opiniones, como la suya, que en función de las especialidades, experiencias y trayectorias, pueden aportar al debate político institucional del país, no a los posicionamientos partidarios.