El secretario general del SUPA, se refirió al conflicto que atraviesa el puerto de Rosario entre la concesionaria y el gremio que representa a los trabajadores. La situación se agravó a pesar de los intentos de conciliación por parte de las autoridades
Cesar Aybar, secretario general del SUPA, dialogó con La Marca de la Almohada y se refirió al paro que se retomó ayer en el puerto de Rosario luego de denunciar que la empresa incumplió las condiciones acordadas en la conciliación obligatoria.
En ese sentido, Aybar afirmó: “Habíamos hecho un acuerdo para desarrollar obras que funcionen como prevención de nuevas muertes en el contexto laboral. Habíamos coordinado supervisar en conjunto la creación de un plan de acción, pero ayer por la tarde la empresa se negó”.
En un comunicado emitido por la empresa, se destacó que operan bajo los más altos estándares de seguridad y que han implementado todas las medidas necesarias para garantizar el bienestar de los trabajadores y la eficiencia en la operación portuaria. Además, hacen hincapié en su compromiso con el desarrollo económico de la región y la generación de empleo.
Sin embargo, Cesar Aybar sostuvo: “La empresa denuncia que queremos manejar todo y eso no es así. Lo que nos interesa es supervisar que las acciones de prevención se desarrollen para evitar más muertes”.
Según el secretario general del SUPA, Terminal Puerto de Rosario (TPR) pretende que el Estado asuma la responsabilidad de realizar las obras que, por contrato, deberían corresponder a ellas. Además, argumentó que las empresas desean que el Estado no cobre por la concesión del puerto.
La empresa portuaria solicitó a los trabajadores y al gremio que acaten la conciliación obligatoria dictada por las autoridades competentes. Sin embargo, hasta el momento no se logró llegar a un acuerdo y las actividades en el puerto siguen detenidas.
En tanto Aybar retrucó: “Desde que estamos en el Enapro, no le hemos sacado el pie de encima a la concesionaria por la cantidad de irregularidades que presenta la terminal. Presentamos intimaciones, multas, todo dentro del contrato de la concesión porque debemos recordar que el puerto es público”.
Y concluyó: “Faltan ocho años para que se termine la concesión, el grupo Vicentin nos van a dejar un puerto destruido, con compañeros muertos, con falta de obras de infraestructuras, nos dejan tierra arrasada y nadie tiene la voluntad de tomar la decisión política de una vez por todas”.
