El Gobierno de Santa Fe le paga por los espacios donde funcionan ocho instituciones educativas que originalmente gestionaba la experiencia comunitaria. Los montos, hoy, son apenas la quinta parte de los pautados hace una década como remedo de un resarcimiento por el saqueo de la dictadura que nunca llegó

La biblioteca Vigil nació en 1959 a partir de la asociación vecinal de los entonces barrios Tablada y Villa Manuelita. Fue un proyecto de gestión y financiamiento comunitario que en pocos años se transformó en una una experiencia cultural, educativa y social sin precedentes en América latina. Dentro del edificio levantado en Alem y Gaboto funcionaba un jardín de infantes, una escuela primaria y otra secundario, el servicio bibliotecario, una editorial, un museo de ciencias naturales, un observatorio astronómico y una universidad popular, además de contener un centro recreativo, cultural y deportivo, la caja de ayuda mutua y la guardería y el centro materno infantil.

La irrupción de la dictadura cívico-militar en 1976 y la intervención del gobierno de facto un año después derivaron en el saqueo de las instalaciones y bienes y la violenta clausura de todas las actividades. En la madrugada del 10 de mayo de 1977, ocho miembros de comisión directiva fueron ilegalmente detenidos, y permanecieron como desaparecidos hasta ser blanqueados como presos del Poder Ejecutivo Nacional en diciembre siguiente. Más de veinte socios y socias, docentes, cooperadores y estudiantes permanecen como desaparecidos o fueron asesinados durante el terrorismo de Estado.

Con la recuperación de la democracia, siguió una lucha de muchos años para que la provincia de Santa Fe, que se había quedado con los inmuebles durante la dictadura, los reintegrara a los referentes de la Vigil, representantes y socios. Años de desidia y falta de mantenimiento hicieron que la devolución de ese despojo cultural dejara un sabor amargo: los edificios estaban en condiciones pésimas, y hubo que volver a reacondicionarlos, en lo que se pudiera, con recursos propios.

Sin una ley de reparación por el genocidio cultural a la que fue sometida la institución, hubo un acuerdo: el Ejecutivo santafesino, que pasó a gestionar varios de los espacios educativos originalmente de la Vigil, pagaría alquileres para que funcionaran en el mismo lugar. El problema es que la actualización de esa cifra, merced a las normas de la administración pública, quedó desactualizado en grado sumo: hoy, a valores constantes, son apenas la quinta parte de los iniciales. Y con eso, se pone en riesgo todo el proyecto cultural y social, más los puestos laborales que implica.

Romina Gianfelici es coordinadora de talleres de la Vigil y relató a Apuntes y Resumen el estado de situación grave en el que se encuentran. Llegaron a ese punto, dijo, luego de que “todos los trámites formales e incluso los informales terminaran en punto muerto”.

La referente de la Vigil recordó que “a fines de los años 50, había más de tres mil estudiantes, en todos los niveles” educativos y dentro de un proyecto cultural sin parangón en Latinoamérica, de gestión comunitaria.

“Los bienes fueron saqueados, y luego quedaron en manos del gobierno provincial. Hasta que en 2012, tras una larga lucha, se consigue recuperarlos, con la devolución de la propiedad y parte de los bienes”, repasó Gianfelici.

Pero no hubo ley de reparación ni presupuesto para la reparación de los edificios. Por eso, se acordaron, a modo de compensación, alquileres para el funcionamiento de las instancias educativas ahora bajo la órbita del Ministerio de Educación de Santa Fe.

“Como es un contrato con el Estado, sólo se puede actualizar un 30% anual. Resultado: lo que hoy se cobra es menos del 20% de lo que se percibió hace 10 años”, resumió el punto límite al que se llegó. Aclaró que si bien la Biblioteca cuenta con otros ingresos conseguidos de forma autónoma, el total hace inviable continuar con todos los proyectos en marcha, y pone en peligro los apenas 12 puestos laborales fijos con los que se cuentan.

Romina marcó la mala recepción a los reclamos en la cartera educativa, desde donde respondieron que si no estaban de acuerdo con los valoeres de los alquileres entonces podían optar por no renovarlos. Se barajaron otras alternativas, antes de la pandemia, engorrosas por los estatutos de la administración pública, pero aún no tienen visos de concreción.

En el predio de Alem y Gaboto funcionan la E.E.S.O. 338, Escuela Primaria 1235, Jardín de Infantes 51, Jardín de Infantes 71, Escuela Provincial de Artes Visuales 3031, Escuela Provincial de Teatro 3013, Escuela Provincial de Cine y Televisión 3021 y E.E.T.P.I. 8057.