La tasa de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes de Rosario sextuplicó la media nacional en 2022. El triste podio de violencia letal se mantiene desde hace una década. Las muertes por disputas narco no están territorialmente circunscriptas: se reparten en toda la ciudad, a excepción del distrito Centro. El Observatorio de Política Criminal publicó una hipótesis sobre la sangría que no se puede contener

Dejar matar, dejar morir. Así se titula el informe del Observatorio de Política Criminal enfocado en las razones por las cuales la violencia letal asociada a las economías delictivas, en particular el comercio de drogas ilegales, no cesa de aumentar. El año pasado, hubo en el departamento Rosario 287 homicidios dolosos. La cifra, traducida, arroja una tasa de 22 muertes dolosas cada cien mil habitantes. Es la más alta para la jurisdicción, pero además casi sextuplica la media nacional, que el mismo año fue de 4,6.

La Marca de la Almohada consultó al abogado Ariel Larroude, director del Observatorio que funciona en la ciudad de Buenos Aires, sobre las conclusiones a las que llegaron. Una, que no promete un horizonte alentador, es que el doble pacto de impunidad policial que gestiona niveles de violencia “aceptables” a cambio de quedarse con parte de las ganancias de los circuitos ilícitos y de que el poder político no interfiera en la estructura jerárquica de la fuerza de seguridad no implosionó sino que se dinamizó.

El informe es la segunda parte de Rosario, un sueño de paz, en el que se rastreaban las causas de una creciente violencia letal que marcó un triste récord en 2013. Ahora, el objetivo es indagar por qué ni siquiera se puede aspirar a contener esa escalada de hechos sangrientos.

¿Rosario es la antesala de lo que puede ocurrir en otras partes del país, con un desborde de la violencia que sepulte hasta las modestas pretensiones de acordonarla geográficamente? “A diferencia con otras ciudades, la violencia que remite al negocio narco en Rosario está distribuida en toda la ciudad, excepto en el distrito Centro”, describió Larroude sobre la base de donde arranca el segundo informe del Observatorio.

“En la ciudad de Buenos Aires (Caba) o en algunos municipios bonaerenses, aun la violencia vinculada a la disputa por territorios de narcomenudeo, todavía está sectorizada”, siguió el criminólogo. Y se da lo que denominó “lateralización de la violencia”. Esto es, las fuerzas de seguridad “ya no aspiran a revertirla hasta niveles tolerables para un régimen de derecho o democrático y lo que hacen es evitar que se desplace hacia otros lugares”.

Ejemplo de ello, dijo, se da en la zona sur de Caba, particularmente en las comunas 1, 3, 4, 7 y 8, donde se registra el 80% de los homicidios del distrito. O en municipios bonaerenses como los de San Martín, en el que las balas van y vienen al compás de una disputa territorial histórica entre dos facciones. La estrategia, entonces, es alambrar el fenómeno. Pero en la ciudad más poblada de Santa Fe y sus alrededores eso ya parece imposible. Y entonces, la pregunta incómoda que lanzó Larroude: “¿Hay potenciales Rosario en otros lugares de la Argentina?”.

Otro dato singular en Rosario es que, según el Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, casi la totalidad de las muertes violentas durante 2022 están relacionadas con las disputas entre organizaciones criminales que lejos están de parecerse a los grandes cárteles de drogas con una organización compleja y sostenida de estructuras y jerarquías. Son, en general, “células horizontales e invertebradas compuestas en su mayoría por jóvenes de la periferia rosarina”.

El doble pacto policial no se rompió: cambió para peor

“Desde la recuperación de la democracia, la policía fue la única agencia estatal que conservó el poder territorial que tenía en la dictadura. Y esto porque las otras agencias públicas –no represivas– se retrajeron. Son las que tenían a cargo la custodia de derechos y promovían los avances sociales o culturales en una tradición que remite a la década del 70 con el Estado benefactor”, analizó el criminólogo. Entonces, las fuerzas de seguridad comenzaron a ser las que gestionan en clave policial lo que debería ser en clave social.

Este avance, continuó el director del Observatorio, “le garantizó a la policía un manejo territorial discrecional, lo que le permite controlar todo lo que ocurre en la calle y pactar con las bandas criminales márgenes tolerables de violencia” a cambio de compartir, en lo que se conoce como la “caja negra”, un porcentaje de las ganancias de las economías ilegales que van a manos de buena parte de los integrantes de la fuerza de seguridad.

Se trata, en otros términos, de negociar con los actores criminales la venta de impunidad para circuitos como la venta de autopartes, vehículos o celulares robados, la explotación sexual o la venta callejera. Al poder político, como segunda cara del pacto, se le ofrece una gestión del delito para mantenerlo en niveles que, en teoría, no afecten la gobernabilidad, a cambio de “autogestión” institucional.

El análisis del Observatorio se apoya en esa hipótesis formulada hace años, entre otros, por el criminólogo y ex ministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Sain, pero discute el diagnóstico del propio autor. Para Sain, en Rosario la policía ya no regula lo que pasa en la calle, como hizo durante 40 años, y el doble pacto se terminó. Larroude sostiene lo contrario.

El trabajo Dejar matar, dejar morir interpreta que el doble pacto “se ha dinamizado y adquirido formas mucho más promiscuas y peligrosas”. Hace un tiempo, sigue siempre con el caso rosarino, “ese acuerdo espurio creado a comienzos de la democracia ha mutado de manera tal que ya ciertas estructuras policiales no se limitan a regular la violencia letal para mantenerla dentro de índices delictivos tolerables, sino que la orientan, la acondicionan y la potencian para que esta se desarrolle sin control alguno en la periferia de la ciudad”. Lo anterior, como “una consecuencia natural del alto nivel de disputa entre las bandas dedicadas al narcotráfico y de la descomposición de ciertos sectores de la policía rosarina, que lejos de reprimir el delito, participa activamente de él”.

El informe que dirigió Larroude resalta que este pasaje policial, de histórico garante de índices delictivos que minimicen el ruido político a potenciador de la violencia para maximizar las ganancias de las cajas negras, no hay que entenderlo como un corrimiento de la fuerza en su tarea de gestionador del delito. Por el contrario, interpreta, es su acomodamiento a un nuevo régimen de intervención que aprovecha el aumento de las disputas territoriales y la fragmentación de los grupos delictivos.