“Mujeres Tras las Rejas” mencionó falta de perspectiva de género, condiciones edilicias que no cumplen con lo básico, vacío legal sobre las hijas e hijos de las internas y hasta vulneración del derecho a la sexualidad
En paralelo con la presentación del Informe Anual del Servicio Público Provincial de Defensa Penal en la Legislatura santafesina, que enfatizó el agravamiento del hacinamiento carcelario, con una sobrepoblación de 1887 internos respecto de la infraestructura penitenciaria, hubo otro alerta por las particulares co0ndiciones adversas que atraviesan las mujeres privadas de libertad.
A partir del diagnóstico del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, Apuntes y Resumen dialogó con la integrante de la ONG “Mujeres tras las rejas” Graciela Rojas sobre la situación en la Unidad Penitenciaria 5.
La activista recordó que, cuando en 2018 se trasladó a un nuevo edificio la cárcel de mujeres, se enfatizó que su diseño había sido pensado con una perspectiva de género. Y contrastó ese anuncio con la realidad actual. Rojas señaló que no sólo no se tiene en cuenta una perspectiva de género sino que directamente hay cuestiones básicas sin resolver: “Todas esas cosas que nosotras pensábamos que con el nuevo edificio se iba a permitir, en realidad no se llevó a cabo. Las mujeres siguen padeciendo y siguen siendo excluidas del ejercicio de muchos derechos”.
Entre las carencias de la unidad penitenciaria nombró la falta de agua, de gas, de lactario, una red eléctrica precaria y falta de un espacio para las visitas íntimas que hace “caducar el derecho a la sexualidad”. Agregó el “vacío legal” con respecto a los hijos e hijas de las internas, que no prevé cuestiones como el régimen alimentario, quiénes serán las y los médicos que los atienden o si van a tener momentos de recreación y cuáles van a ser. La situación de las infancias que habitan la cárcel queda supeditada entonces a la voluntad de las guardacárceles o a la directora del momento.
Sobre la responsabilidad de esta situación, señaló que en este caso no se trata de un Estado ausente o de falta de recursos, sino que hay una decisión de que el sistema funcione así. “Es de destrato y exclusión de las mujeres. Hay un castigo, un desorden y falta de políticas públicas. Es una construcción política, no un accidente”, concluyó Graciela Rojas.
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