Juan Patricio Murray, secretario de la Procuración General de la Nación y auxiliar de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal, hace foco en la necesidad de un análisis que escape a los discursos sesgados y que atienda factores que no suelen estar en las descripciones mediáticas y del sistema político

La escalada de la violencia letal en Santa Fe, y particularmente en Rosario, abre un abanico de interpretaciones sobre el vacío de políticas públicas eficientes en el control y reducción del fenómeno. Juan Patricio Murray advirtió en diálogo con Apuntes y Resumen sobre el riesgo de enfoque que promueven discursos centrados en la descripción del incremento de homicidios en la ciudad como derivación exclusiva de disputas entre bandas de narcomenudeo. También objetó comparaciones ligeras con lo que ocurre en otras geografías y propuso abrir el abanico de posibles explicaciones que incluyan la intervención de agencias extranjeras en los ámbitos de las fuerzas de seguridad y la Justicia.

Murray es rosarino y formado en la UNR. Hasta noviembre de 2012 se desempeñó como fiscal federal en San Nicolás, donde intervino en causas sobre terrorismo de Estado. Como fiscal federal en Rosario participó en procesos por violaciones a los derechos humanos y mantuvo controversias sobre las políticas de persecución penal en hechos de narcocriminalidad. Hoy oficia como secretario Letrado de la Procuración General de la Nación y es auxiliar Fiscal de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal.

En diálogo con Radio Universidad, propuso “tratar de reflexionar sobre qué agregado diferencial existe en la provincia y en Rosario para que se den estos índices de aumento y aceleración geométrica de las tasas de homicidios cada cien mil habitantes desde fines de 2007”. Desactivó análisis simplistas que, suele ocurrir, se repiten para generar consenso sobre determinadas políticas públicas. “La situación socioeconómica de Rosario en este período no difiere sustancialmente respecto de otros grandes centros urbanos del país o el conurbano bonaerense”, aclaró como primer punto, y entonces sostuvo que hay que atender a otros posibles factores.

Además, señaló el peligro que encierran iniciativas legislativas o enunciados mediáticos y ello apoyándose en la historia argentina. “Un fenómeno común ante este tipo de situaciones de aumento de la violencia es el dictado de normas que instalan, de hecho o derecho, un estado y un derecho de excepción“. Las consecuencias, completó, ya se vieron en el país. Como ejemplo, a horas de las masivas expresiones populares por un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, recordó que “eso fue lo que ocurrió” en la antesala de la asonada que dio inicio al terrorismo de Estado. “Los regímenes de excepción fueron los que permitieron que un sector de la sociedad aceptara de buena gana la resignación de derechos y garantías constitucionales a cambio de una supuesta mayor seguridad en medio de una ola de violencia y terror generalizados”, avisó Murray.

Al cabo de rechazar analogías forzadas con lo que ocurre en otros países asolados por la violencia urbana, con “realidades políticas, históricas y culturales diferentes”, Murray recalcó que “lo que sí se puede analizar es la diferencia entre Rosario y otras zonas de gran violencia, por ejemplo el Gran Buenos Aires”.

El funcionario recordó que, en Rosario, el índice de homicidios por cada cien mil habitantes “triplica la media nacional, cuadruplica el de la ciudad de Buenos Aires y Córdoba y duplica el de los sectores más conflictivos del Gran Buenos Aires“.

No hay violencia acotada, y hay condimentos de afuera

“Las violencias no son entre bandas criminales, afectan a toda la población. Si entramos en ese discurso, ingresamos al mismo que se quiso instaurar en la década de los 70: el por «algo habrá sido», el «ahora se matan entre ellos»”, indicó Murray.

Sobre lo que sucede en Rosario, el especialista en criminalidad compleja y derechos humanos indicó que “este tipo de violencias que atañen a toda la población se instalan muchas veces por permisividad de los Estados, falta de idoneidad para resolver la situación, pero en este caso hay que analizar si están promocionadas desde otras latitudes, del norte, como proyectos de laboratorio a escala para ver cómo reaccionan las poblaciones ante determinadas situaciones”. No es caprichoso el punto, aclaró: “Ocurrió en Tucumán entre 1974 y 1975, y en Villa Constitución en 1975. Y es una hipótesis a tener en cuenta”.

Los contrastes ayudan a pensar el problema, siguió Murray: “Porque en otras regiones argentinas también hay situaciones de economías delictuales, escenarios socioeconómicos difíciles que tientan caminos por fuera de la ley y fuerzas de seguridad locales y federales no idóneas”. Entonces, sugirió, hay que considerar otros elementos. Y propuso indagar en “cuáles son las agencias extranjeras que actúan en el territorio santafesino, tanto en el sistema de Justicia como de las fuerzas de seguridad“.

Es que, destacó, “parte del problema es la falta de conducción y control político del sistema de fuerzas de seguridad y del de justicia, tanto locales como federales”. Los números, dijo, avalan el enfoque. “Santa Fe es la provincia que tiene la tasa más baja de esclarecimiento de homicidios del país. Los sistemas procesales que prometían solucionar el problema no lo hicieron. Agravaron la situación, tanto en el aumento de prisiones preventivas como en la superpoblación de cárceles y las altas tasas de reincidencia”. Barajar y dar de nuevo con datos y coraje para pensar por fuera de los discursos instalados, en suma.