Fue en 2020, de la mano de las economías ilegales, en particular el narcomenudeo, y sus correlatos: mayor circulación de armas, aumento de la corrupción en las agencias del Estado, menor acción pública en los territorios. Urgen políticas de Estado multidimensionales que no se restrinjan a lo punitivo

El departamento Rosario cerró 2022 con 288 asesinatos, la cifra más alta de la historia. Como contrapartida, el departamento La Capital registró en el mismo año 66 homicidios, el menor número de los últimos 20 años. Los datos corresponden al último informe del Observatorio de Seguridad Pública (OSP). Al margen de las diferentes poblaciones, el podio de tasa de crímenes por habitante le corresponde a la ciudad del sur provincial. No siempre fue así: en 2020 fue cuando se quebró una tendencia histórica que invertía los papeles, y ello fue con mayor despliegue de las economías ilegales, en especial las del narcomenudeo, y un complejo escenario asociado.

Apuntes y Resumen conversó con Gustavo González, secretario de Política Criminal y Derechos Humanos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, para analizar este proceso. Hubo una inflexión de tendencia en 2020 en cuanto a cuál de los dos mayores aglomerados urbanos de la provincia encabeza el índice de violencia altamente lesiva, destacó el funcionario. Y se produjo hace dos años.

Fue en 2020 cuando “el departamento y la ciudad de Rosario comienzan a ocupar el primer lugar en el índice” de muertes violentas, recordó González. No es sólo el número, sino el contexto: mientras que en el aglomerado del sur 7 de cada 10 homicidios están relacionados con las lógicas de las economías ilegales, en el del centro provincial sólo se da este vínculo en el 16% de los casos, de acuerdo a las estadísticas del OSP.

Las mujeres

Otra particularidad, refirió el secretario de Política Criminal, es que aumentó el porcentaje de mujeres entre las víctimas de la violencia letal. Fue el 22,3% en 2022, lo que “duplica la tendencia histórica, del 9.4%”, siempre en el marco de las redes delictivas.

“La violencia altamente lesiva ha impactado históricamente en los varones de entre 15 y 30 años. Eso empieza a modificarse cuando las mujeres se involucran más en estos encadenamientos o por estar en un lugar asociado con el microtráfico, en parte porque ocupan los espacios de los varones que son asesinados o están están presos.
También en Rosario, por las dinámicas de violencia que toman a las mujeres como objeto de las venganzas entre grupos”, explicó González este giro desde la óptica del género.

El funcionario esbozó algunas hipótesis y encuadres, con la aclaración de que aún faltan datos estadísticos que les aporten mayor rigor: “En los procesos y las investigaciones se ve un corrimiento de las mujeres hacia la toma de lugares con mayor poder de decisión, no sólo en los estamentos más bajos (de las bandas), sino como organizadoras”. Y acotó, respecto a las interpretaciones jurídicas de los crímenes que las tienen como víctimas en ese nuevo escenario: “Esto no implica que esas mujeres estén en situación de vulnerabilidad y condicionadas por lógicas machistas”. Tampoco lo contrario: es que falta profundizar el análisis. Explicó: “Hay una tensión entre una categoría jurídico penal, el femicidio, y las situaciones. La primero tiene sus límites en cuanto a las evidencias necesarias para atribuir homicidios a contextos de violencia de género. Falta mucho por recorrer y más producción de conocimiento”.

La violencia no es consecuencia directa del negocio narco

“No necesariamente el contexto narco implica violencia”, puso de relieve González. Es que, explicó, los grupos que comercian sustancias prohibidas prefieren que la violencia esté contenida para no generar ruido mediático que motive mayores intervenciones públicas en los territorios. En Rosario, se da lo contrario. Las razones no se pueden simplificar. El funcionario del MPA señaló que ese rompimiento de la lógica criminal “pasa cuando se dan ciertas condiciones geográficas, por ejemplo en las guerras por controles territoriales para el narcomenudeo, y también en las intervenciones de las agencias del sistema penal, particularmente las fuerzas policiales, cuando escalan de la regulación del delito a la participación activa en el mismo, como socios”.

Además, añadió el referente de Política Criminal, no siempre es el acto del negocio en sí, sino el escenario que crea, el que genera condiciones de posibilidad de una mayor letalidad. Con el mayor acceso a armamento, la corrupción de las agencias estatales, las venganzas asociadas, o la ausencia de políticas públicas en los territorios. Son descripciones que le caben a Rosario.

La salida, insistió GOnzález, no es lineal ni de sentido común reduccionista. Hacen falta políticas públicas que atiendan a la complejidad del problema, abordajes desde todas las áreas del Estado junto con las organizaciones sociales con presencia en los territorios y una mirada que no esté enfocada exclusivamente en el aspecto punitivo, como el recurrente reclamo, más fundado en respuesta a la agenda mediática que en el rigor de las estadísticas, de mayores penas en la legislación penal.