El presidente Alberto Fernández oficializó el nombramiento de Antonio Aracre, ex Ceo de Syngenta, como Jefe de Asesores del Presidente de la Nación. Personalidades académicas, de la cultura y de la lucha ambiental rechazaron la designación y la emparentaron con una concepción del Estado nacida con la dictadura y profundizada por el menemismo en cuanto a pérdida de soberania en los modos de producción y desarrollo nacional.

El documento de rechazo a la ocupación del cargo por parte de Aracre, quien asumirá el 1 de febrero de 2023, lleva las firmas, entre muchos más, de Enrique Viale, Soledad Barruti, Maristella Svampa, Marcos Filardi y Rafael Colombo. “Fue durante 36 años empleado de Syngenta, multinacional del agronegocio y la mayor fabricante de transgénicos y agrotóxicos del mundo. Este caso nos recuerda al de Juan José Aranguren, que fue CEO de la petrolera Shell desde el 2003 al 2015, año en el que fue nombrado como ministro de Energía de la Nación en el gobierno del presidente Mauricio Macri”, inicia el texto.

Uno de quienes rubrica la carta pública es Quillermo Folguera, doctor en Ciencias Biológicas, licenciado en Filosofía e investigador del Conicet que expresó su opinión en el programa La Marca de la Almohada.

“Esta problemática es conocida popularmente en todo el mundo como de «puertas giratorias». Se trata de funcionarios de altos cargos en empresas privadas que pasan a la función pública, y viceversa, garantizando así políticas públicas benéficas para las corporaciones. ¿Alguien puede asegurar que en sus tareas de asesoría no intervendrá o influirá rotundamente en decisiones relacionadas con las actividades de Syngenta?», señala otro tramo del texto y acompaña Folguera.

“Es algo que está prohibido en muchos países”, refuerza el biólogo. “Quienes siguieron a Aracre y a Syngenta en términos comunicacionales saben que su campaña es muy agresiva, con fuertes pautas publicitarias en grandes medios nacionales”, pone en contexto la gravedad de la designación del dirigente empresario en un área institucional sin firma pero con llegada privilegiada a la cabeza del Ejecutivo.

Contra la ingenuidad, Folguera recuerda que los referentes corporativos no generan opinión sobre temas circunscriptos a su actividad sino sobre políticas públicas: “Aracre fue un vocero más allá de los temas estrictamente empresariales, incursionó en debates sobre las políticas públicas. Fue uno de los que más presionó para el acuerdo con los acreedores privados por la deuda externa”, ejemplifica.

No es de ahora, es una rémora histórica, aclara el investigador del Conicet: “Que la política nacional, bajo diferentes gestiones, favoreció a empresas como Syngenta, no hay dudas. Y no sólo en el ámbito de las decisiones de la Casa Rosada, sino de las instituciones del Estado. El Senasa es un ejemplo, con una serie de aprobaciones de agroquímicos sin los controles pertinentes. Eso es claro”.

Y se sorprende por una suerte de sobreactuación de esa dirección sumisa a los grandes intereses económicos transnacionales: “Creo que no hacía falta esta manera tan explícita de mostrar que los que gobiernan son ex CEOs de empresas. Uno lo hubiera esperado del gobierno anterior –por el de Mauricio Macri– pero no de este, que vino para diferenciarse. Lo que vemos es que en estas cosas no hay diferencias”.

Folguera explica que buena parte de las principales corporaciones mundiales son las relacionadas con los alimentos: transgénicos, químicos. Y destaca que, en la Argentina, Syngenta está asociada con Bioceres, y que de ahí surgió el trigo HB4 resistente a sequía y al herbicida glufosinato de amonio.

El biólogo sabe de qué habla: entrevistó a Aracre para un libro sobre agroquímicos que escribe. “Es una persona absolutamente identificada con un tipo de Estado como el que proponía el menemismo”, señala.

Folguera resume el tema de fondo tras la designación del ex vocero de la semillera y agroquímica: “Hoy, lo único que limita las prácticas agrícolas y el uso de químicos en la Argentina es el mercado internacional. No hay prácticamente controles internos ni regulaciones”. Y, otra vez en función de ejemplificar, menciona al trigo HB4 como caso emblemático: en el país se le otorgó una autorización provisoria a la espera de la autorización por parte de Brasil, principal comprador del grano. Y recuerda que uno de los principales lobbystas para el visto bueno fue Daniel Scioli, embajador en el país vecino.

“En Argentina están autorizados más de 150 agroquímicos sobre los que pesan prohibiciones internacionales. Y es uno de los países que utiliza mayor cantidad de veneno por habitante”, coloca otra vez en foco el riesgo el especialista.

No es sólo una cuestión de protección ambiental, agrega, para remarcar que las preocupaciones ecológicas son también sociales: “Una consecuencia de las (actuales) políticas públicas sobre el agro es la desigualdad social. Se generan un montón de productos, pero concentrados en cuanto al uso de la tierra y propiedad de las semillas, con expulsión de poblaciones rurales y destrucción de pequeños poblados. La cantidad de personas que viven por debajo de la línea de pobreza no es casualidad, no es que nos cayó un meteorito”, ironiza.