El envío de más de 2.000 efectivos salvadoreños a territorio haitiano, bajo el argumento de combatir a las organizaciones criminales y rescatar a cuatro técnicos desaparecidos, abre un interrogante sobre el futuro de América Latina. Coco López analiza en “El Día Está Después” la expansión del modelo de seguridad de Nayib Bukele, las posibles implicancias geopolíticas de la operación y el riesgo de que la región asista al surgimiento de un nuevo gendarme.

Un hecho de enorme trascendencia política y militar acaba de producirse en el Caribe y merece la atención de toda América Latina. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, decidió enviar más de 2.000 efectivos militares a Haití para reforzar las operaciones contra las organizaciones criminales que controlan amplias zonas del país. La decisión llegó después de la desaparición de cuatro técnicos de aviación salvadoreños que integraban una fuerza multinacional de seguridad y que fueron emboscados el 18 de octubre en las inmediaciones de Puerto Príncipe.

Bukele lanzó una dura advertencia a los líderes de las pandillas haitianas: «Ya acabamos con las pandillas en El Salvador y también podemos acabar con ustedes». El mandatario rechazó que se tratara de una invasión y aseguró que su país no pretende dominar al pueblo haitiano ni apropiarse de sus riquezas. Sin embargo, el despliegue militar abre interrogantes sobre sus verdaderos alcances, las condiciones de intervención y el eventual respaldo de Estados Unidos.

El episodio adquiere una dimensión particular si se considera la trayectoria del presidente salvadoreño. Bukele construyó su popularidad sobre una política de mano dura contra las pandillas, que consiguió una drástica reducción de los homicidios, pero también recibió fuertes cuestionamientos de organismos de derechos humanos por detenciones arbitrarias, abusos y vulneraciones de garantías constitucionales. Ahora, esa estrategia parece proyectarse más allá de las fronteras salvadoreñas.

“Pasamos por el mismo sufrimiento que Haití está atravesando hoy”, sostuvo el mandatario para justificar su intervención. El problema es que las realidades de ambos países no son necesariamente equivalentes y trasladar un modelo de seguridad de un territorio a otro implica riesgos políticos, institucionales y humanitarios. Haití atraviesa una profunda crisis estatal, con organizaciones criminales que controlan sectores estratégicos de su capital y una población sometida a una situación de extrema vulnerabilidad.

La operación tomó un nuevo rumbo cuando Bukele anunció la destrucción del supuesto cuartel general de la organización criminal 400 Mawozo y de la vivienda de su líder, Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou. El mandatario difundió en la red social X un video en el que se observan helicópteros atacando distintas instalaciones y personas huyendo del lugar. Según las informaciones difundidas por agencias internacionales, el operativo se realizó el domingo 8 de noviembre y fue ejecutado por la Policía Nacional de Haití con apoyo de efectivos salvadoreños.

Bukele aseguró que la mayoría de los integrantes de la organización escaparon sin combatir, aunque no presentó un balance de víctimas. El episodio marca un salto cualitativo en la participación militar salvadoreña y profundiza las dudas sobre el alcance de una misión que inicialmente había sido presentada como una operación de rescate.

¿Un nuevo gendarme para América Latina?

La pregunta que queda planteada es mucho más amplia que el destino de los cuatro técnicos desaparecidos o el resultado de una operación contra una organización criminal. ¿Cuenta Bukele con el aval político de Estados Unidos para avanzar de esta manera en territorio haitiano? ¿Cuáles son los límites de una intervención de estas características? ¿Quién controla las decisiones militares y quién responde por sus consecuencias? El Salvador participa de la Fuerza de Supresión de Pandillas respaldada por Naciones Unidas, pero el envío de miles de efectivos y la falta de transparencia sobre las condiciones de su actuación generan preocupación.

La cuestión central es que América Latina no puede naturalizar que un gobierno decida extender unilateralmente sus políticas de seguridad más allá de sus fronteras. La crisis haitiana necesita respuestas, cooperación internacional y reconstrucción institucional, pero también respeto por su soberanía y por los derechos de su población. Lo que está ocurriendo puede convertirse en un antecedente peligroso: la aparición de un nuevo gendarme regional que, bajo la bandera de combatir el crimen organizado, termine ampliando los límites del poder militar en América Latina.